Policías de bajo rango se acuartelaron ayer en La Paz y Cochabamba, y con sus esposas en Santa Cruz, tras fracasar las negociaciones salariales que mantenían con el Ejecutivo boliviano. En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó las protestas como una “profunda indisciplina institucional”. Los uniformados tomaron instalaciones de la UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Policiales) y cerraron vías de acceso a la plaza Murillo. Durante la mañana, varios efectivos tomaron la UTOP, sacaron a los oficiales y cerraron sus puertas como parte de las medidas de protesta que, posteriormente, fueron replicadas en Cochabamba, donde las oficinas de la UTOP también fueron cerradas. El gobierno respondió que considera “injusta” la protesta y que por ahora no es posible atender sus demandas.

En Santa Cruz, quince esposas de policías iniciaron una huelga de hambre en instalaciones de la Asociación Nacional de Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), pero cerca del mediodía otro grupo tomó y cerró las instalaciones de Tránsito, se informó desde la capital oriental.

En La Paz, los amotinados activaron gases lacrimógenos contra el comandante departamental, Edward Barrientos, quien se había acercado al lugar para intentar dialogar con ellos. En Cochabamba, los policías se declararon “en huelga de brazos caídos” y ocuparon el cuartel, mientras que una decena de esposas de los agentes inició una huelga de hambre en las puertas de ese edificio.

Por su parte, el ministro Romero señaló que “es una situación de profunda indisciplina institucional y de desacato al mando, a la autoridad del Comando Departamental y Comando Nacional, lo que es muy grave”. “Además de una actitud de indisciplina, es una actitud injusta, porque yo entendería este tipo de manifestaciones si es que no se estuviera haciendo ningún esfuerzo para mejorar las condiciones de la policía”, dijo.

Recordó asimismo que entre los años 1998 y 2005 los gobiernos asignaron 3360 millones de bolivianos para atender servicios personales de la policía y en el período 2006 y 2013 esa cifra se incrementó a 7529 millones de bolivianos. “En los últimos ocho años se ha incrementado 124 veces más el presupuesto para el salario de los policías que en los anteriores gobiernos”, aseguró.

El ministro planteó ayer, como salida, la conformación de una comisión técnica permanente hasta agosto próximo entre el Ejecutivo y los policías de bajo rango para incorporar las mejoras progresivas salariales en el presupuesto 2015, lo que fue rechazado por los sargentos y suboficiales.

Pedro Ticona, uno de los representantes de los policías de bajo rango, llamó a sus compañeros a que “vengan aquí los que están en descanso, de emergencia, a colaborar a sus hermanos de la UTOP que han decidido cerrar sus puertas por no haber respuesta del gobierno”. Luego envió un mensaje a los jefes policiales: “Señor comandante general, no quiera enfrentar al verde olivo entre hermanos policías, sabemos lo que están complotando contra nosotros, si tiene que correr sangre, primero va a estar la mía y mi vida antes que permitir que los hermanos del verde olivo se enfrenten”.

En 2012, los policías de bajo rango se habían amotinado en el cuartel de la UTOP en La Paz y protagonizaron disturbios violentos, incendiando unidades policiales y prácticamente estableciendo un cerco a los palacios de gobierno y al Parlamento, también para exigir mejoras salariales.

Según el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), Javier Quispe, los policías determinaron anoche rechazar la propuesta del gobierno de postergar el debate de incremento salarial hasta agosto. Quispe también explicó que no están de acuerdo con el ofrecimiento del Ejecutivo de subir en 50 bolivianos el salario básico. “Nosotros nos sentimos víctimas, ya que ellos mismos nos dijeron que era viable y así nos han tenido desde 2012, con falsas esperanzas y expectativas a nivel nacional, y hemos llegado a este extremo por culpa del Ministerio de Gobierno”, sostuvo.

El comandante departamental de la policía, coronel Edward Barrientos, arribó al lugar para reunirse con los representantes de los amotinados, pero no logró su objetivo. La demanda de los que protestan es fusionar el bono de Seguridad Ciudadana, de 400 bolivianos (unos 600 pesos), al salario básico de 1800 bolivianos (unos 2500 pesos). Con ese fin, desde el lunes sostenían reuniones con el ministro Romero y el viceministro, Jorge Pérez. El jueves fue el último día del plazo que dieron para obtener una respuesta oficial.