El general retirado Nilton Cerqueira, quien ocupó puestos jerárquicos durante la dictadura que usurpó el poder en Brasil entre 1964 y 1985, rechazó el trabajo de la Comisión de la Verdad, que investigó crímenes cometidos por el terrorismo de Estado brasileño. “La que preside el país es terrorista”, disparó el militar retirado, en referencia a Dilma Rousseff, luego de conocer los datos que la comisión de derechos humanos volcó en el documento. Cerqueira ocupó cargos de jefatura en el ejército y la Policía Militar de Río de Janeiro durante el gobierno militar, y es señalado como líder de la persecución política y el asesinato del guerrillero Carlos Lamarca, de la organización Vanguardia Popular Revolucionaria, hecho que tuvo lugar en 1971, y de otras diez personas.

El informe describe con detalle, a lo largo de 4500 páginas, miles de casos vinculados con persecuciones y torturas y menciona como responsables de esos crímenes a agentes relacionados con la dictadura, funcionarios que no pueden ser juzgados penalmente debido a una Ley de Amnistía dictada en 1979 por la propia dictadura que amparó a los represores y cuya constitucionalidad fue ratificada hace cuatro años por una resolución del Tribunal Supremo.

Consultado por periodistas sobre si había leído el documento realizado por la Comisión de la Verdad, Cerqueira afirmó que no, aunque dijo que iba a leerlo. “Tengo sólo una pregunta: ¿Soy yo, que cumplí la ley, quien violó los derechos humanos? ¿Y los terroristas qué son? ¿Y la terrorista que es presidenta del país?”, sostuvo el ex militar. Según el informe de la comisión, en 1971 Cerqueira se desempeñaba como jefe de la Segunda Sección del Estado Mayor de la 6ª Región Militar, que corresponde a los estados de Bahía y Sergipe. Por esa época, Cerqueira dirigía operaciones en las cuales al menos once personas fueron asesinadas. En democracia, el general Cerqueira ocupó la Secretaría de Seguridad de Río de Janeiro, durante el gobierno del ya fallecido Marcelo Alencar (PSDB), entre 1995 y 1998.

A fines de los años ’60, la presidenta brasileña integró el grupo guerrillero Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR Palmares), organización que se mantuvo activa desde 1969 a 1972, y fue fundada, entre otros, por Lamarca. Rousseff permaneció detenida entre 1970 y 1972, cuando sufrió torturas. Según información publicada recientemente por los diarios Correio Braziliense y O Estado de Minas, la mandataria, mientras estuvo cautiva de los militares brasileños, sufrió azotes, fue golpeada hasta que le arrancaron un diente y soportó técnicas de tortura psicológica que incluyeron un simulacro de fusilamiento. Los jerarcas militares se mostraron en varias ocasiones contrarios a la iniciativa de investigar y divulgar detalles de los crímenes cometidos durante la dictadura por motivos políticos.

La difusión del documento elaborado por la Comisión Nacional de la Verdad hizo reaccionar al Club Militar. Según el comunicado de esa entidad, el objetivo de la comisión es modificar parcialmente la Ley de Amnistía para castigar a los agentes públicos que “combatieron y derrotaron los intentos comunistas de toma del poder en Brasil”. Sobre el informe, uno de los integrantes de la comisión, el ex ministro brasileño de Justicia José Carlos Dias, dijo que ese grupo no tiene atributos para abrir juicios contra personas acusadas de crímenes contra los derechos humanos, pero debe decir lo que piensa. Además, Dias sostuvo que una amnistía no puede convertirse en “instrumento de impunidad” y aseguró que “la dictadura juzgó, condenó, torturó y mató a aquellos acusados de practicar crímenes políticos, pero los crímenes de sus agentes no fueron comunes, sino delitos de lesa humanidad”.

Rosa María Cardoso, una de los seis miembros de la comisión, manifestó en una rueda de prensa posterior a la presentación del informe que las leyes internacionales que Brasil firmó dicen que los acusados de esos crímenes tienen que ser castigados. Según el documento, la Ley de Amnistía no puede amparar a responsables de detenciones ilegales, torturas, ejecuciones, desapariciones forzosas y ocultación de cadáveres, lo cual es incompatible con el derecho brasileño y el orden jurídico internacional, porque al ser tipificados como delitos de lesa humanidad no prescriben.