Página/12 En México

Desde México D. F.

¿Qué tiene que pasar para que el mundo vea a México como lo que es: la tumba de los derechos humanos? La pregunta del periodista italiano Federico Mastrogiovanni queda en el aire frente a escritores, ensayistas y periodistas nacionales y extranjeros que el fin de semana participaron en una jornada de protesta organizada por PEN México, como parte de las actividades de la misión que realizó durante esta semana el PEN Club International.

El escenario no es alarmista ni mucho menos gratuito: en sólo ocho años, más de 162 mil personas han sido asesinadas y por lo menos 22 mil están desaparecidas. Y la prensa que debería contar estas historias está sometida a la censura criminal o a la autocensura de sobrevivencia. Plata o plomo ha sido la alternativa para muchos reporteros, fotógrafos y editores. Según cifras oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR), en los últimos quince años, 103 periodistas han sido asesinados y 25 están desaparecidos.

La administración del priísta Enrique Peña Nieto debe garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa “antes de que la violencia se trague a la democracia mexicana”, advirtió el canadiense John Ralston, presidente del PEN Club International, ante senadores de la Comisión de Justicia, cuyo presidente, Roberto Gil Zuarth, del derechista Partido Acción Nacional, reconoció que el país padece la violencia criminal “en un contexto de debilidad institucional”.

México se hundió en una espiral de violencia que costó la vida de 121.683 personas en el sexenio de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012. En los primeros 23 meses en Los Pinos del priísta Enrique Peña Nieto asesinaron a 41.015 personas. Dentro de estas cuentas, los casos de los periodistas asesinados y desaparecidos parecieran diluirse, pero según Ralston el 90 por ciento de los crímenes cometidos contra periodistas mexicanos queda impune, en gran medida debido a la “falta de voluntad política para lidiar con el problema”.

En la que fue la tercera misión de PEN Club International en este país por tercer año consecutivo, miembros de esta organización sostuvieron encuentros con senadores, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores. En conferencia de prensa, el escritor y ensayista John Ralston aseguró que en México existe una “no santísima trinidad” de corrupción, violencia e impunidad que “sólo va a resolverse cuando haya una masa crítica de investigaciones, arrestos, juicios y sentencias en contra de los responsables de las agresiones contra periodistas, y no sólo criminales o policías, sino también altos funcionarios”.

En la reunión con integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República se presentó un reporte estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, el martes pasado. El registro abarca los 103 periodistas asesinados y los 25 de-saparecidos entre el 1º de enero de 2000 y el 31 de enero de este 2015, pero no incluye el creciente fenómeno de periodistas desplazados de sus lugares de origen ni mucho menos el exilio de una veintena de reporteros y fotógrafos que han debido huir del país –algunos con todo y familia– en busca de asilo en Canadá, Estados Unidos, España y Alemania, entre otros países.

Todo esto ocurre porque en México “hay una ‘no santísima trinidad’ de corrupción, violencia e impunidad que sólo va a resolverse cuando haya una masa crítica de investigaciones, arrestos, juicios y sentencias en contra de los responsables de las agresiones contra periodistas, y no sólo criminales o policías, sino también altos funcionarios”, dijo Ralston.

Al menos cinco casos han ocurrido en la administración de Peña Nieto, según datos de Reporteros Sin Fronteras. Para la Fiscalía Especial, Chihuahua y Veracruz son los estados más peligrosos, con 16 periodistas asesinados en cada Estado, seguidos por Tamaulipas, con 13, y Guerrero, con 11.

La postura de PEN coincide con el informe sobre derechos humanos presentado esta semana por Amnistía Internacional, en el que se denunció que los periodistas y defensores de derechos humanos en México continúan sufriendo hostigamientos, amenazas e incluso asesinato.

El presidente del PEN Club International dijo que la administración de Peña Nieto “ha malgastado por dos años el tiempo y el bienestar de su gente al pretender que podían lidiar con la crisis negando o apagando la discusión pública de la misma, como si fuera un problema de relaciones públicas”. Aun más, el gobierno mexicano rápidamente perdió “todo sentido de la realidad”, como lo demostró “de una manera inesperada” la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Previamente, el fin de semana, el PEN premió al periodista italiano Mastrogiovanni junto al reportero español Pablo Ferri, ambos por investigaciones periodísticas relacionadas con desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército mexicano. Una reportera mexicana fue premiada, pero debió permanecer en el anonimato, ante el riesgo que corre tras haber expuesto una red de prostitución dedicada a complacer al presidente del PRI en el Distrito Federal. También se reconoció a la oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica. El premio más emotivo se entregó a la escritora y periodista Elena Poniatowska, por toda su obra.

En realidad, no fue una celebración, sino un reclamo por libertad de expresión irrestricta y una protesta contra la corrupción sistémica que alienta los asesinatos y las desapariciones por todo el país. El tono de la acción “PEN pregunta” lo dio Mastrogiovanni: “Después de ver políticos grotescos que venden su país a empresas y criminales o empresas criminales; después de ver la mentira del Estado como única forma de hablarle al pueblo; después de ver a 43 estudiantes desaparecidos, a un Estado buscar respuestas inaceptables, ridículas, grotescas, para cubrirse después de practicar la tortura impunemente. Después de todo esto, ¿qué tiene que pasar para que dentro y fuera de este país se empiece a hablar de crímenes de lesa humanidad? Después de todo esto, ¿qué más tiene que pasar para que se empiece a ver a México y se le califique como lo que es: la tumba de los derechos humanos?”.

Poniatowska remató: “Quienes estamos aquí amamos a México y nos resulta imposible desligar este premio de las desapariciones de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de la gran fosa en la que se ha convertido el Estado de Guerrero –dijo–. Gracias a los jóvenes y a sus marchas admirables, surge un movimiento que ya no es de desahogo, sino de rabia”.