Carmen Gloria Quintana, que fue rociada con combustible y quemada por militares chilenos en 1986, se reunió ayer con la presidenta Michelle Bachelet, a quien le pidió que se levante el secreto de 50 años que se estableció a un informe sobre la tortura durante la dictadura. “Estuvimos conversando sobre la agenda de derechos humanos que la presidenta tiene y también sobre las demandas que yo realicé, respecto de que se derogue la ley de secreto de 50 años que pesa sobre el Informe Valech”, dijo Quintana a los periodistas tras el encuentro con la mandataria en el Palacio La Moneda. “La presidenta quedó muy seriamente comprometida a estudiar estos temas, así que salgo muy contenta y esperando que haya prontamente actos y gestos concretos que apunten a la verdad, a la justicia”, afirmó. Quintana, que reside desde hace años en Canadá, viajó esta semana a Chile para presentar una querella por homicidio frustrado en el proceso reabierto por el juez Mario Carroza a raíz de las confesiones de un ex recluta.

Los jóvenes, que participaban de una jornada de protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet, fueron detenidos y quemados vivos el 2 de julio de 1986. Quintana, cuando ocurrieron los hechos, tenía 18 años, y el fotógrafo Rodrigo Rojas, entonces 19 años. Después de agonizar durante cuatro días, Rojas murió en un hospital de Santiago.

El informe, dado a conocer en 2004 durante el gobierno de Ricardo Lagos, dio cuenta de 33 mil casos de personas torturadas o encarceladas por razones políticas durante la dictadura. En ese momento se estableció que el documento sería confidencial por un período de medio siglo para preservar la identidad de las víctimas que dieron información. Pero la reapertura del caso Quemados con la detención esta semana de doce ex militares reflotó el debate en torno a la conveniencia de levantar el secreto para obtener nueva información sobre las violaciones a los derechos humanos.

Otros cinco ex militares chilenos fueron procesados ayer por dicho caso, un hecho represivo que estuvo impune durante 29 años por un supuesto “pacto de silencio” del ejército que las víctimas piden terminar. Los ex militares, oficiales y suboficiales fueron procesados como autores de homicidio consumado por la muerte del fotógrafo Rojas y de homicidio frustrado de Quintana, que sobrevivió al ataque con quemaduras en más del 60 por ciento de su cuerpo.

“En el día de hoy (por ayer), se ha dictado un nuevo auto de procesamiento respecto de las personas que se encontraban detenidas”, dijo el juez Mario Carroza a periodistas. Con esta resolución, suman 12 los ex militares, ex oficiales y ex suboficiales procesados en los últimos días tras la reactivación de uno de los casos más emblemáticos de violación a los derechos humanos cometidos por la dictadura. La semana pasada, en una sorpresiva resolución, el juez Carroza detuvo y procesó a los primeros siete ex militares involucrados en el asunto que permanecen detenidos junto a los procesados ayer, salvo un ex conscripto que colaboró con la Justicia y quedó bajo arresto domiciliario nocturno.