“Celebramos que el pedido de justicia se haya escuchado y que finalmente tengamos el comienzo del juicio”, dijo Cristina Cobos tras conocer que el Tribunal Oral Federal de Salta anunció que el próximo 24 de agosto comenzará el esperado juicio oral y público al empresario Marcos Levin, dueño de la Veloz del Norte y acusado bajo la figura de “instigación” de imposición de tormentos sobre Víctor Cobos, hermano de Cristina, trabajador de la empresa, delegado de la UTA, secuestrado en enero de 1977. Luego del pedido de familiares, querellas y fiscalía para que el TOF adelante el juicio por razones de seguridad, publicado por Página/12, los jueces reprogramaron la agenda y ayer anunciaron que lo harán antes del debate más extenso previsto para octubre. Cobos es la única víctima del juicio, el único “caso” que quedó en pie después de muchas idas y vueltas jurídicas, pero será la puerta de entrada para comenzar a escuchar en el ese capítulo pendiente sobre la responsabilidad empresaria durante la dictadura.

“Creemos que para mi hermano esto será totalmente reparatorio, sin dudas, pero también lo será para todos nosotros –continúa Cristina–. Celebro mucho que sea así. Esperamos que la Justicia esté a la altura de las circunstancias y consigamos condenas para quienes gozaron de tanta impunidad durante el terrorismo de Estado.”

El juicio comenzará el 24 de agosto. Además de Levin serán juzgados tres policías de la Comisaría 4ª, el centro clandestino por el que pasaron 15 trabajadores de la empresa secuestrados y torturados, entre los que se encuentra Víctor Cobos. Los policías son Enrique Víctor Cardozo, jefe de la comisaría; Víctor Almirón y Víctor Hugo Bocos, acusados como autores materiales. Bocos además era subjefe de la comisaría y una de las personas más conocidas por los trabajadores porque a su vez era empleado de seguridad de Levin.

La causa original incluía a todos los trabajadores, pero fue separada en dos partes. La Justicia dio por válido los tormentos sufridos por todos, pero los consideró prescriptos porque entendió que el único perseguido político fue Víctor Cobos. Esto fue ratificado por todas las instancias judiciales y ahora está a la espera de una decisión de la Corte. El juicio oral que comienza sólo examinará, entonces, el caso de Víctor Cobos. El declarará en el juicio. Reconoció a Levin en la sesión de tortura, aun tabicado y atado, por el perfume.

Juan Manuel Sivila es fiscal ante el TOF de Salta. “Finalmente esto era lo que estábamos esperando hace muchísimo tiempo –dice–: será la posibilidad de juzgar la responsabilidad empresarial en un marco de delitos de lesa humanidad. El juicio comienza el 24 si no hay oposiciones, pero la decisión del juzgado salió por el argumento que presentamos, que consideró el riesgo que corre la víctima y en razón de esto los jueces reacomodaron la agenda.”

A diferencia de lo que ocurre en otras causas, como la que se ocupa del dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, la participación de Levin aparece materialmente más cerca. “Por un lado –dice el fiscal–, el empresario está en la sesión de torturas y la víctima lo reconoce. Y por otro lado, más allá de lo que implica el despliegue de la disposición de los medios y de la estructura en pos de la persecución a las víctimas, hay una imbricación materialmente probada entre la estructura represiva y la empresarial: aquí el vínculo es tan concreto que uno de los empleados del empresario era a su vez el subcomisario del lugar a donde se llevaron detenidas a las personas, lo que da muy probada la materialidad.”

Se estima que el debate será corto, de unas tres semanas. Y por él pasarán a declarar unos 25 testigos. Entre ellos, están los ex trabajadores de la Veloz del Norte, que al mismo tiempo fueron víctimas de la represión. Ellos no van a declarar formalmente en condición de víctimas, pero pondrán en escena elementos que pueden contribuir a replantear el foco de la causa pendiente. El tribunal estará integrado por tres jueces. Santiago Federico Díaz, Marta Snopek y en lugar de Marcelo Juárez Almaraz, que se dio por inhibido en el debate, estará Gabriel Eduardo Casas de Tucumán.

“Era lo que estábamos esperando, que se fije una fecha, y eso es un avance”, dice David Leiva, querellante de la acusa. “Ahora, esperamos que no se dilaten los tiempos y se empiece a desentrañar la participación del empresariado en el terrorismo de Estado y en el beneficio que obtuvieron de esta cuestión. Más allá de que aquí Levin no está reclamado por otra cosa, a los trabajadores involucrados en el activismo gremial se los despidió sin indemnizar. El juicio va a desentrañar que ellos fueron los objetos de la persecución de la dictadura, concentrada en disciplinarlos porque en esa época hubo pérdidas cuantiosas de transferencias.”