La presidencia de la Cámara de Diputados de Brasil archivó ayer tres peticiones para abrir un juicio político con fines de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff. Los escritos fueron desestimados por falta de pruebas o por no haber cumplido los requisitos legales. Mientras tanto, congresistas exigieron la renuncia del jefe de los diputados, el declarado opositor a la mandataria brasileña, Eduardo Cunha, acusado en Suiza de haber cobrado sobornos en el marco de la trama de corrupción que salpica a la estatal Petrobras.

Las tres solicitudes se suman a cuatro que ya habían sido archivadas la semana pasada por el líder de la Cámara, quien aún tiene que analizar otros diez pedidos, incluyendo uno presentado por un grupo de juristas. Cunha, a quien constitucionalmente cabe la responsabilidad de aceptar o no una petición de juicio contra el jefe de Estado, alegó que las solicitudes archivadas carecían de documentos que sustentasen o incumplieron exigencias legales. El presidente de los Diputados agregó que, incluso después de solicitarles informaciones y documentos adicionales a los autores de las propuestas, tuvo que archivarlas porque no cumplían todas las condiciones exigidas por la ley.

En medio de la crisis económica y política que atraviesa el gobierno de Rousseff, algunos sectores de la oposición presionan para que el Congreso le abra a la jefa de Estado un proceso con fines de destitución. Como justificativa alegan desde la supuesta responsabilidad de la mandataria en las corruptelas de Petrobras y las acusaciones de que su campaña electoral fue financiada con recursos desviados de la petrolera hasta las denuncias investigadas por el Tribunal de Cuentas, según las cuales el gobierno maquilló las cuentas públicas el año pasado para mostrar un déficit menor al realmente registrado.

Entre las peticiones de juicio político contra Dilma archivadas ayer figura una presentada por el abogado Marcelo Lino, quien alegaba que, en su condición de presidenta del Consejo Administrativo de Petrobras cuando ejercía como ministra de Minas y Energía del entonces jefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva, Rousseff tiene responsabilidad en los desvíos de la estatal. Otra solicitud rechazada por falta de pruebas, del abogado Geraldo Gomes, acusaba a la líder brasileña de crímenes contra la ley del presupuesto del país y de haber liderado una campaña electoral “mentirosa” para ser reelegida en 2014. Entre las peticiones de juicio político que Cunha aún debe analizar figura una presentada por el jurista Helio Bicudo, uno de los fundadores del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

En caso de que el presidente de la Cámara acepte una de las solicitudes, la misma también tiene que ser aprobada por mayoría simple en la Cámara baja, lo que exige el voto de 257 de los 513 diputados, antes de la creación de una comisión especial que analizará las acusaciones y emitirá un parecer. Dicha conclusión recomendando la destitución o no de la jefa de Estado tiene que ser aprobado por al menos dos terceras partes de los diputados (342 de los 513).

Mientras tanto, más de 30 legisladores del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido Comunista y el PT exigieron a Cunha que deje la titularidad de la Cámara baja. El líder del bloque del PSOL, Chico Alencar, alertó sobre la gravedad del caso pues, explicó, Cunha ocupa el tercer lugar en la línea sucesora de Rousseff. “Es inadmisible que la Cámara de Diputados permanezca en silencio frente a un hecho de tanta gravedad”, señaló.

El pedido surgió a raíz de la confirmación de la Procuraduría General de Suiza sobre la apertura de un proceso penal contra el líder opositor, sospechado de lavado de dinero ampliado a corrupción. “Después de la apertura de un proceso, el procurador suizo Michael Lauber ordenó el bloqueo de los activos de Cunha”, expresó el órgano de investigación helvético. Como resultado de la colaboración de las justicias suiza y brasileña, las autoridades de Berna ya bloquearon 400 millones de dólares de varios imputados en el Petrolao.

Hasta el momento Suiza envió a Brasil 150 millones de dólares malhabidos en un fraude que causó un perjuicio de 2000 millones a la petrolera estatal. Los fiscales europeos hallaron documentos e indicios de que Cunha participó en un esquema delictivo que se bifurcó por Benín, Río de Janeiro y Suiza. Del cruce de informaciones obtenidas en Berna con las recogidas en el proceso que está en curso en Brasil, surge que Cunha cobró “propinas” por entregar informaciones sigilosas que facilitaron contratos de Petrobras en Benín.

Cunha salió a defenderse ayer y afirmó que sus cuentas en el exterior estaban registradas. “No tengo ningún tipo de cuenta que no haya sido declarada en mi impuesto a la renta”, afirmó. Sin embargo, procuradores suizos no encontraron una cuenta secreta, sino por lo menos cuatro. Los valores depositados en las cuentas fueron bloqueados por las autoridades suizas debido a la sospecha de que recibieron recursos de soborno, y que llegaron a aquel país por medio de maniobras de lavado de dinero.

La causa Petrobras se investiga en un juzgado federal del estado de Paraná, donde están detenidos altos ex dirigentes del oficialista PT, como José Dirceu, que también fue el hombre fuerte del gobierno de Lula da Silva.