Desde Barcelona

El mismo día en que, durante la Guerra Civil Española, el entonces presidente de Cataluña Lluís Companys era asesinado por los franquistas por ser uno de los abanderados de la República, 75 años después el actual gobernador de la región, Artur Mas, es llamado a declarar ante los Tribunales por convocar la consulta que, el pasado 9 de noviembre, llevó a miles de catalanes a pronunciarse acerca de la independencia de España. Para muchos, una efeméride cargada de simbolismo, para otros una simple casualidad.

En cualquier caso, el 15 de octubre vuelve a marcarse en rojo en el calendario de la historia catalana y pone de manifiesto, una vez más, el enfrentamiento de sus líderes con los del poder central (entonces era Franco, ahora es el Partido Popular). “La querella es por la rabia de ver el éxito del 9N”, afirmó Artur Mas en comparecencia ante los medios de comunicación tras prestar declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante cerca de una hora. El presidente catalán no descartó que fuera a desobedecer una eventual sentencia de inhabilitación: “Dependerá del momento legal en que se esté”, advirtió, a la vez que aseguró que inhabilitarlo “no frenará el proceso”, en referencia al camino que pretende poner en marcha rumbo a la independencia y que, según él, estaría legitimado por su victoria en los últimos comicios locales.

Mas explicó que su cometido el 9 de noviembre fue encajar la voluntad popular de ir a las urnas, expresadas en las elecciones del 2012, con el ordenamiento legal. “El proceso de participación fue consecuencia de una iniciativa institucional y una ejecución ciudadana” por lo que si se hubiera que rendir cuentas, estas deberían darse “en el Parlamento, nunca ante un tribunal por una causa penal”, argumentó. El jefe del Ejecutivo catalán asumió toda la responsabilidad en la organización de la consulta soberanista, con la intención de eximir del proceso a las otras dos querelladas, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y la ex vicepresidenta Joana Ortega. “Me declaro máximo responsable de haber ideado e impulsado el proceso participativo, de haber escuchado la voz de cientos de miles de catalanes, pero también de aplicar las providencias del Tribunal Constitucional (TC) que suspendía, primero, la consulta y, después, el propio proceso participativo”, manifestó Mas ante la Justicia. Así, el President hacía hincapié en que, aunque la consulta fue suspendida de inmediato, el proceso sufrió una ‘amnistía’ de 15 días, hasta que el TC se puso manos a la obra. En estos 15 días, explicó, fue cuando la Generalitat, en plena legalidad, dio las instrucciones pertinentes para llevar a cabo la votación. Tras la suspensión, el 4 de noviembre, “fueron los 40.000 voluntarios los que la hicieron posible”, aseguró Artur Mas. “La consulta del 9N se había diseñado inicialmente para ser ejecutada por la Administración. A partir de la suspensión dictada por el TC se cambió de formato. Ya no era la Administración la responsable de la ejecución, pasaban a ser los voluntarios”, puntualizó ante los Tribunales catalanes.

La defensa de Mas siguió la misma línea que la de Irene Rigau y Joana Ortega –las dos otras miembros de su gobierno que, imputadas en el caso, fueron llamadas a declarar dos días antes– y el apoyo recibido desde buena parte de la población también fue equivalente en ambas citaciones. El pasado martes, miles de personas esperaron a la ex vicepresidenta y a la consejera en las inmediaciones del Palau de Justicia al grito de “independencia” o “fuera la Justicia española”, y ayer la escena se repitió. Cerca de seis mil ciudadanos se congregaron en torno al recinto para apoyar a Mas en su declaración como imputado por el proceso participativo del 9N. El presidente de la Generalitat llegó al juzgado acompañado, además, por 400 alcaldes –miembros de la Asociación de Municipios por la Independencia– y por los líderes de las demás formaciones independentistas, como Oriol Junqueras (de Esquerra Republicana) y Antonio Baños (de la CUP). En un contexto político marcado por intensas negociaciones entre los partidos más votados durante las últimas elecciones catalanas –el pasado 27 de septiembre– Artur Mas aprovechó el acercamiento para llamar a la unidad entre las listas soberanistas y poder formar un nuevo gobierno en esa dirección.

Pero las multitudinarias concentraciones que tanto animaron a Mas y a los independentistas, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no le hicieron ninguna gracia. El mismo martes, tras las manifestaciones de apoyo recibidas por Rigau y Ortega, el TSJC respondió de forma contundente con un comunicado en el que se consideraba a estas concentraciones como “un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial”. El Tribunal recordó en el escrito entregado a todos los medios de comunicación horas después de la comparecencia, que ese “cuestionamiento” de su independencia resulta “aún más inadmisible” cuando está diseñado por representantes públicos, “algunos con funciones de gobierno”.

El presidente de la Nación, Mariano Rajoy, se sumó a las recriminaciones de los jueces catalanes y ayer, luego de ver a las multitudes que, durante la declaración de Mas, no solo hicieron caso omiso del comunicado sino que duplicaron su asistencia, tachó las manifestaciones de “amenazas” y “presencias intimidatorias” a la acción de la justicia. “Es impropio de un país democrático como es España”, dijo el mandatario en Bruselas, antes de participar en el Consejo Europeo.

Sin embargo, “el país democrático” del que habla Rajoy todavía no logró anular el Consejo de guerra que llevó a Lluís Companys a la muerte el 15 de octubre de 1940, hace exactamente 75 años. El único presidente europeo elegido democráticamente y fusilado por el fascismo fue juzgado por unos tribunales franquistas que la Ley de Memoria Histórica califica de “ilegítimos” pero no los considera “ilegales”. Ese es el argumento detrás del que se escudan, desde que se instauró la democracia en España, tanto el PP como los socialistas, para no anularlo, y es el escollo que intenta superar la mayoría de partidos catalanes desde entonces. El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardà, recurrió incluso a la justicia argentina para pedir la cancelación de ese juicio a Companys y a otros 45 cargos republicanos fusilados, sumándose a la querella contra el Estado español que instruye la jueza argentina María Servini de Cubría contra los crímenes del franquismo.