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El 21 de diciembre el recientemente electo presidente Macri participó por primera vez en la Cumbre del Mercosur en Asunción del Paraguay, donde se reunieron ocho jefes de Estado de la región. Al mandatario argentino lo vimos sentado a la derecha de Cartes. En una arenga leída no sin inseguridades –y que en muchos pasajes nos recordó las dificultades de Cartes con el teleprompter en Nueva York– enfatizó los pasajes relativos a Venezuela y a cuestiones relativas a los derechos humanos. Habló de la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela, un país en el que habría persecuciones políticas por razones ideológicas que redundaron en privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. E invitó a los Estados del Mercosur a trabajar para consolidar “una verdadera cultura democrática en la región”. Cómo estar en desacuerdo con estos universales: a menos que se conozcan las inconsistencias entre apelaciones y realidades.

Quien se ocupó de ponerles nombres a las cosas fue la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Recordó que el presidente Macri se refería a Leopoldo López, cuya señora esposa –Lilian Tintori– celebró la victoria de Cambiemos en la Argentina, hace poco, en el comando de campaña de Macri. Y pocas horas después, vimos a esa embajadora por los derechos humanos (menos colectivos que personales) sacarse una foto en Paraguay con el ex presidente paraguayo golpista Federico Franco. Ambos salieron sonrientes y haciendo dos L con los dedos, como para indicar ¿Leopoldo libre, quizás?

El presidente Macri habla de derechos humanos en un país donde hace apenas tres años fueron usurpadas las reglas de la democracia y de los derechos humanos, porque así convino a una parte importante de actores estatales, partidarios y ciudadanos. Hechos de los que la primera magistratura del presidente Cartes es subsidiaria y cómplice, vía su partido: el Partido Colorado. Esa usurpación se basó en la muerte de 17 personas en la masacre de Marina Kue, en la injusticia que reina hoy sobre los campesinos de Curuguaty, sobrevivientes y víctimas de esa masacre, presos e injustamente procesados, y sobre las políticas públicas impopulares de Cartes, resistidas por una huelga general de dos días y alto acatamiento, en acto a estas horas.

A partir de 2012 en Paraguay se ha puesto en marcha una ofensiva en contra de la democratización y una reacción para obturar toda posible ampliación de derechos. Ofensiva que en realidad es el retorno hacia rumbos ya transitados de la mano de un autoritarismo de larga data. Paraguay, entonces, “avanza” hacia políticas neoliberales –que hoy son posneoliberales– ordenadas alrededor de un poco luminoso personaje de la política paraguaya, señalado no solo por actos de gobierno presentes, sino también por supuestos vínculos con negocios ilícitos subyacentes a su imagen de empresario exitoso. Entonces, hablar en Paraguay de derechos humanos, de narcotráfico y de cláusula democrática, es cuanto menos pernicioso si se habla desde el desconocimiento o el silencio cómplice ante las realidades locales.

Es pernicioso, además, porque pareciera que en la última larga década no hubiera pasado nada en la región en materia de ampliación de derechos, y concretamente en derechos humanos y memoria, verdad y justicia. Y porque precisamente en Argentina es donde ha habido importantes avances al respecto. Es perjudicial hablar de derechos humanos, sentado a la derecha de Cartes y señalando solo a los vecinos más lejanos, cuando el presidente paraguayo intentó nombrar al nieto homónimo de Alfredo Stroessner como embajador del país ante la ONU. Tuvo que bajar la designación por las críticas recibidas desde el propio país y desde todo el mundo. El mismo Macri, hace pocos días, como repitiendo historias, tuvo que declinar el nombramiento de Carlos Manfroni como funcionario del Ministerio de Seguridad por sus posiciones antiderechos y anti-rock en tiempos de la dictadura, criticadas duramente por Charly García. Son silencios que van construyendo impunidades mayúsculas.

Cabe recordarlo con énfasis: ninguna restauración conservadora o ningún modelo liberal-conservador cierra sin abrir la posibilidad de reprimir la protesta social. Cartes asumió el 15 de agosto de 2013. El 19 del mismo mes presentó un proyecto que modificaba la ley de defensa, dándose como presidente facultades inconstitucionales para decidir sobre el uso de las fuerzas militares en operaciones de seguridad interna. Una semana después de haber asumido, el nuevo presidente paraguayo tenía aprobada esta ley. En cuanto a la Argentina, no hacen dos semanas que asumió Macri y en las manifestaciones que hubo desde entonces pudimos apreciar que volvieron a aparecer los carros hidrantes y la policía; por ahora al margen, pero a metros de los manifestantes. Se trata de una forma de amedrentar sencilla y eficaz, por las memorias cicatriciales que portan esos ademanes. Y como garante está la ministra Patricia Bullrich, quien entre sus galones cuenta con vínculos estrechos con varias centrales de inteligencia estadounidenses. La ministra se reunió con los ministros de seguridad de todo el país y, por unanimidad, avalaron la emergencia de seguridad a nivel nacional. Para luchar en contra del “narcotráfico y delitos complejos”, pero abarcando también áreas que tienen que ver con “lo social, lo educativo y la Justicia”. En definitiva, “matices” autoritarios propios del liberalismo del siglo XX.

Para defender auténticamente los derechos humanos y apelar a una verdadera cultura democrática en la región, el presidente argentino debería haber empezado por pedir la pronta liberación en Paraguay de los presos políticos de Curuguaty. Los dobles discursos, como el doble estandar, nunca faltan.

* Investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE, Paraguay).

** Profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento/Conicet.