Cambiemos y el kirchnerismo tuvieron ayer su primer cruce en el Congreso tras el recambio legislativo. En medio de una fuerte discusión y ante la falta de acuerdos, la comisión que debe analizar la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) quedó ayer constituída, pero no logró designar a sus autoridades. El Frente para la Victoria, con 8 integrantes sobre 16, había propuesto alternar en la presidencia con Cambiemos, que cuenta con 6 miembros. Los dos miembros restantes, que pertenecen al PJ Federal y al Frente Renovador, tampoco acompañaron la propuesta del kirchnerismo, dejando la discusión empatada y sin solución. En este contexto, el FpV presentó ayer su proyecto en rechazo del DNU mediante el cual Mauricio Macri reformó la ley de ministerios.

Mientras continúa discutiéndose la conformación de las comisiones permanentes del Congreso, la disputa entre el oficialismo y el kirchnerismo tuvo su primera manifestación pública. La bicameral de Trámite Legislativo está compuesta por 8 diputados y 8 senadores, en función de la representación política de cada fuerza en ambas cámaras. Con el recambio parlamentario, la comisión debía renovar sus integrantes y elegir a sus autoridades, ya que es la única que continúa en funcionamiento durante el receso legislativo. La disputa por la presidencia cobra especial relevancia ya que, en caso de igualdad en la cantidad de firmas (un escenario probable dado el equilibrio de fuerzas), el dictamen que cuente con el aval del presidente es considerado dictamen de mayoría.

Cambiemos tiene seis representantes: por el PRO, los diputados Nicolás Massot y Luis Tonelli, y por la UCR, los senadores Angel Rozas y Luis Naidenoff y los diputados Mario Negri y Luis Petri.

El Peronismo Federal tiene un miembro: la senadora Liliana Negre de Alonso, mientras que el Frente Renovador designó al diputado Raúl Pérez.

Si bien no cuenta con mayoría propia para retener la presidencia, el Frente para la Victoria es el espacio político con más integrantes en la comisión. Sus ocho representantes son los senadores Juan Manuel Abal Medina, Anabel Fernández Sagasti, Mario País, Juan Irrazábal y Graciela de la Rosa, y los diputados Diana Conti, Juliana Di Tullio y Marcos Cleri.

Cambiemos pretendía que el senador radical Luis Naidenoff ejerciera la presidencia. Fuentes del oficialismo aseguraron a Página/12 que habían acordado cederle a cambio al kirchnerismo la presidencia de la Comisión de Acuerdos del Senado. Sin embargo, desde el FpV rechazaron esa versión y aclararon que la titularidad de esa comisión de la Cámara alta les corresponde por derecho propio ya que cuentan con una abrumadora mayoría. Lo cierto es que más allá de la cantitdad de miembros, históricamente en el Senado la presidencia de algunas comisiones clave queda en manos de quien esté a cargo del Poder Ejecutivo. Se trata de comisiones como Acuerdos, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, entre otras.

“No estamos faltando a ningún acuerdo. Nosotros estuvimos predispuetos todo el tiempo a construir consensos para constituir la comisión y las autoridades. Cambiemos ha mantenido una posición inflexible permanentemente”, aseguró Abal Medina en diálogo con este diario. La última propuesta que hizo el FpV era que luego de seis meses de presidencia para Naidenoff, la posta recayera por los otros seis meses en Marcos Cleri.

“Quieren generar una autotrampa para no cumplir con la ley”, afirmó Conti durante la reunión. La diputada fue junto a Di Tullio la que disparó las críticas más duras, al punto de advertir que estaban funcionando de manera “ilegal” ya que la conducción del debate la estaba llevando adelante el secretario parlamentario del Senado, el radical Juan Pedro Tunessi, que no es ni diputado ni senador.

En ese contexto, el kirchnerismo decidió avanzar en la firma de su dictamen de rechazo del único DNU dictado por Macri hasta la fecha. El FpV consideró que si bien es válido modificar la ley de ministerios mediante un DNU –de hecho el kirchnerismo lo hizo en varias oportunidades– no son correctas las modificaciones que mediante ese DNU introdujeron en materia de legislación educativa y en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Es absolutamente constitucional el DNU, ya que establece la organización ministerial. No hay violación de ningún tipo de norma constitucional ni tratado internacional. Es una facultad del presidente”, retrucó el radical Luis Petri, quien, igual que la peronista Negre de Alonso, remarcó que el tratamiento del decreto presidencial no estaba incluído en el temario de la comisión.

El lunes, el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso el texto del DNU, en cumplimiento de los plazos que establece la ley 26.122. La comisión tiene 10 días hábiles para opinar, por lo que desde Cambiemos cuestionaron el “apuro” del FpV para tratar el tema. En este caso, la bicameral tiene tiempo hasta el 8 de enero para elevar el dictamen al plenario de ambas cámaras, que no tienen un plazo determinado para su tratamiento.

Para que un DNU sea declarado inválido, debe ser rechazado por las dos cámaras legislativas. El kirchnerismo podría contar con el número suficiente como para rechazarlo en el Senado, pero en Diputados el escenario resulta más complejo porque el FpV no tiene mayoría propia.