El nuevo presidente de Cataluña, el independentista Carles Puigdemont, tomó ayer posesión de su cargo evitando prometer fidelidad a la Constitución española. Su renuncia a jurar lealtad a la Carta Magna, que consagra la unidad del país, inauguró un mandato llamado a independizar en 2017 esta región nororiental de España.

La ceremonia tuvo lugar en una elegante sala del palacio gótico del centro de Barcelona, sede del gobierno regional. Centenares de personalidades asistieron al acto, entre ellos el ministro del Interior español Jorge Fernández Díaz, único representante de Madrid, quien mantuvo una expresión seria y no aplaudió en toda la ceremonia. En las afueras del recinto se juntó gente –entre los que también hubo turistas y curiosos– que celebró la llegada de Puigdemont con banderas independentistas, mientras un hombre hacía ondear una bandera española tras el grueso del público.

Fue la presidenta de la cámara regional, Carme Forcadell, quien tomó juramento al flamante presidente, pero evitando referirse a la Constitución y al rey. “¿Promete cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat (gobierno regional) con fidelidad al pueblo de Cataluña representado por el parlamento?”, preguntó. Al asentir ante Forcadell, Puigdemont, periodista de 53 años, rompió con el protocolo de las tomas de posesión de los presidentes regionales. Pese al gesto del nuevo mandatario de la Generalitat, desde el Parlament aseguran que no existe ninguna normativa que regule cómo tienen que ser los actos de posesión, de forma que no hace falta mencionar ni al rey ni a la Constitución.

El flamante jefe regional fue agasajado por su antecesor, Artur Mas, aplaudido tras su paso al costado para garantizar la continuidad del proceso soberanista. Mas reprochó al rey Felipe VI que en el texto que formaliza su sucesión no usara la fórmula protocolar que agradece los servicios prestados. “Yo sí que les agradezco los servicios prestados, a todos”, dijo. Tal como pasó en 2012, en la segunda toma de posesión de Mas, el retrato del rey estaba tapado. Como en esa ocasión, una larga cortina negra cubrió la pared en la que está colgado el cuadro de Felipe VI.

Puigdemont, ex alcalde de Girona, fue investido el domingo por mayoría absoluta en el Congreso regional, dominado por los independentistas tras las elecciones regionales del pasado 27 de septiembre, y quiere llevar a esta rica región con siete millones y medio de habitantes a declarar la secesión respecto de España en 2017. Su elección fue una solución de última hora para cerrar un pacto de gobierno entre los dos grupos independentistas, la coalición Juntos por el Sí (de izquierda y derecha) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), que rechazaba a Mas por las políticas de ajuste aplicadas durante su gobierno (2010-2016).

En un guiño a estos sectores, se comprometió a mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población, garantizar los servicios básicos y la calidad de los servicios públicos y cuidar el medio ambiente, aunque aclaró que alcanzar esos logros no será sencillo. “Estamos ahogados y humillados financieramente, estamos desatendidos por las inversiones del Estado, nuestra identidad está menospreciada”, dijo. “Nos hace falta la herramienta que nos garantice todo esto”, señaló, refiriéndose a la independencia, sin mencionarla. Ahora Puigdemont, según lo pactado, tiene un mes para empezar a tramitar las leyes destinadas a crear una hacienda y una seguridad social catalanas. “La agencia de seguridad social está poco desarrollada, pero la agencia tributaria está más avanzada. Tenemos mucho trabajo hecho y se está contratando personal”, explicó un portavoz del departamento de Economía catalán.

El nuevo gobierno, que arrancará mañana, tiene sobre la mesa una declaración de ruptura que le insta a iniciar el camino hacia la secesión. El presidente prometió que el Ejecutivo “hará bien” su tarea y “garantizará la solvencia jurídica de todas y cada una de las decisiones” que tomará. Señaló además que uno de sus objetivos es ampliar la mayoría de ciudadanos que apoyan el proceso independentista. “Nos tenemos que explicar más, mejor, y tenemos que implicar a más gente”.

El nuevo ejecutivo de Puigdemont estará formado por miembros de diferentes partidos independentistas de la coalición Juntos por el Sí. Su brazo derecho será Oriol Junqueras, de Esquerda Republicana (ERC). El controlará la vicepresidencia y el área económica encargada de aplicar las medidas sociales prometidas a la CUP. El ecocomunista Raúl Romeva, por su parte, estará encargado de las “relaciones exteriores”, con el objetivo de implicar a Europa para que medie entre Barcelona y Madrid.

En Madrid, el gobierno del conservador Mariano Rajoy, que consiguió anular a través del Tribunal Constitucional la resolución parlamentaria, advirtió que no consentirá ningún acto ilegal. El diario español ABC informó que en La Moncloa evalúan impulsar la impugnación de Puigdemont, basada en la declaración en su toma de posesión, sin prometer ni jurar fidelidad al rey ni a la Constitución. Esa declaración tendría “apariencia de ilegalidad”, por lo que fue pedido un informe a la Abogacía del Estado para que analice el fondo de la cuestión, y señale la mejor vía de impugnación, ya que es persona aforada.

En los últimos comicios regionales, un 47,8 por ciento de los votantes dieron apoyo a los partidos independentistas que, ante la infructuosa reivindicación de un referéndum de autodeterminación como el celebrado en Escocia en 2014, quieren avanzar unilateralmente.