La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció los abusos cometidos por la policía brasileña y criticó al Ejecutivo mexicano por la falta de avances para procesar a responsables de violaciones de derechos humanos. En su informe mundial, que se presentó ayer en forma simultánea en San Pablo y Estambul, la organización con sede en Nueva York arremetió con especial fuerza, una vez más, contra la impunidad de los agentes de las policías de Brasil y aseguró que el gobierno mexicano, encabezado por el mandatario Enrique Peña Nieto, no luchó con firmeza contra crímenes como ejecuciones extrajudiciales y torturas.

Según la directora de HRW en Brasil, Maria Laura Canineu, Brasil registró en 2015 más de 3000 asesinatos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad, lo que representa un incremento del 40 por ciento respecto del año anterior, mientras que la cifra de agentes muertos cayó casi un dos por ciento, con 400 casos. “Ha sido un año frustrante, en el que hemos asistido al fracaso generalizado en todas las esferas del gobierno en materia de seguridad pública”, señaló. “La policía de Brasil mata una media de ocho personas al día”, puntualizó Canineu. “Hay violaciones crónicas de derechos humanos en el país. Se necesita garantizar que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales sean de hecho responsabilizados.”

Sin embargo, parece que no hubo demasiados cambios en la forma de actuar de la policía brasileña desde 2014. Hace seis días, la Policía Militar hirió a 28 manifestantes del grupo Movimiento Pase Libre que se movilizaban de forma pacífica en San Pablo contra el alza de las tarifas del transporte público en la ciudad, gobernada por el conservador Geraldo Alckim, que aspira a ser candidato presidencial en 2018 por el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

El capítulo brasileño del informe también señala que los detenidos en las cárceles son torturados y maltratados, además de enfrentar graves problemas de hacinamiento y violencia.

El informe alertó sobre el avance en el Congreso Nacional de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 171/93) que prevé la reducción de la edad penal en Brasil de los 18 a los 16 años para los delitos más graves, una medida aprobada en agosto del año pasado en la Cámara de los Diputados y que actualmente se encuentra bajo análisis en el Senado. Además, HRW criticó fuertemente la ley antiterrorista desarrollada por el poder Legislativo en 2015 y que dada su “excesiva ambigüedad” podría llegar a ser empleada en la criminalización de las manifestaciones ciudadanas y los movimientos sociales llegando, incluso, a ser tachados de “terroristas” por la nueva legislación. La entidad defensora de los derechos humanos no obstante tuvo palabras de elogios para la política brasileña en relación con los refugiados, sobre la que Canineu afirmó que todavía hay mucho por hacer.

El informe de HRW también evalúa la situación en Venezuela. “Las autoridades se aprovecharon de la falta de independencia del poder judicial en el país para detener y procesar criminalmente a opositores políticos”, señala el anuario, en referencia al dirigente Leopoldo López. En cuanto a Cuba, la organización indicó que no hubo “mejoras” desde que el presidente Raúl Castro y su par estadounidense, Barack Obama, anunciaron la normalización de las relaciones bilaterales. “La política de Estados Unidos hacia Cuba ha sido un fracaso total y ha hecho nada para ayudar a los cubanos. Sólo ha servido para aislar a la isla, dar al gobierno unas excusas para todos sus problemas.”

Otro de los países que fueron cuestionados fue México. El informe señala que las fuerzas de seguridad se envolvieron en graves violaciones de derechos humanos en operaciones contra el crimen organizado, durante el mandato de Peña Nieto, quien asumió el cargo en 2012. El director adjunto de HRW para América Latina, Daniel Wilkinson, señaló que a pesar de la presión internacional, todavía existe un ambiente de impunidad casi total en el país. “Uno de los desafíos más urgentes en México, y en Centroamérica como región, es fortalecer el sistema judicial para evitar que las fuerzas policiales se involucren en actividades criminales y generen más violencia”, aseguró.

El informe señala que algunos jueces continúan desconsiderando denuncias de tortura y aceptando confesiones supuestamente obtenidas bajo coerción. “El sistema de justicia criminal rutinariamente fracasa en garantizar justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos”.

El anuario denuncia frecuentes casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por parte de las fuerzas de seguridad, como el secuestro de 43 estudiantes de Ayotzinapa que, según la versión oficial, fueron retenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron. El documento también enfatiza que el número de desaparecidos en México llega ya a 25.000 personas y el Ejecutivo lideró iniciativas potencialmente prometedoras pero poco efectivas al respecto.

La sección mexicana del informe dedica también un apartado a los ataques contra periodistas, que, según HRW, la justicia mexicana no indaga desde una perspectiva adecuada. “No investigan adecuadamente, al no tener en cuenta desde el principio su profesión como posible motivación”. Además, la ONG reprueba que las leyes del país no protejan adecuadamente a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual, y añade que algunas disposiciones incluso contradicen padrones internacionales.