El final de campaña de las municipales en Brasil se tiñó de luto cuando el candidato a alcalde de Itumbiara, José Gomes da Rocha, fue alcanzado por una ráfaga de balas que le ocasionó la muerte cuando participaba de una caravana política. En el ataque, perpetrado por un funcionario público que resultó abatido por los escoltas del candidato, un guardaespalda murió y el vicegobernador de Goiás, José Eliton, fue herido. La violencia salpicó también a la ciudad de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso, donde un candidato a concejal fue herido de gravedad y su padre falleció. Mientras los ataques obligaron al gobierno de Michel Temer a reforzar la seguridad y movilizar fuerzas de seguridad para ayudar a custodiar las elecciones, el máximo tribunal electoral exigió que los atentados sean resueltos.

El aumento de la violencia durante las campañas –algunos hechos tienen fuertes motivaciones partidarias– puso en alerta a las autoridades, sobre todo por el ataque en el que fue asesinado Da Rocha. Tras la muerte del ex alcalde y aspirante a la alcaldía de Itumbiara, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Gilmar Mendes, insistió en pedir al ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, que instruya a la policía para que investigue en profundidad los crímenes políticos. “Pedimos a la policía federal que actúe en la investigación de estos incidentes que repercuten o pueden afectar al proceso electoral”, dijo Mendes. Y afirmó que las autoridades tienen preocupación por el alto grado de violencia.

El ministro de Defensa, Raúl Junmann, respondió en conferencia de prensa: “Vamos a desempeñar un rol al servicio de la justicia electoral. Pero existe un crecimiento de la demanda por soldados porque generalmente el pedido lo hacían unos 300 municipios y ahora contabilizamos 408”.

Además, el gobierno brasileño anunció ayer que reforzará la seguridad con más de 20.000 miembros del Ejército y la policía que, en su mayoría, serán enviados a Río de Janeiro, al noreste del país y a la Amazonía, para garantizar el desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo.

El matador de Da Rocha fue un empleado municipal que disparó varias veces contra la camioneta que llevaba al candidato, mató al guardaespaldas e hirió en el abdomen al vicegobernador de Goiás, José Eliton. Los políticos participaban en una caravana de campaña en Itumbiara, en el central estado de Goiás, cuando el tirador, que se movilizaba en uno de los vehículos, descendió del auto y abrió fuego contra Gomes da Rocha, de 58 años y favorito para vencer en los comicios del domingo.

Gomes da Rocha, conocido como Ze Gomes y militante del Partido Laborista Brasileño (PTB), fue cuatro veces diputado federal, una vez diputado regional y electo como alcalde de Itumbiara por dos mandatos, entre 2005 y 2012. El asesino, que murió ante la reacción policial, era un empleado del área de salud de la intendencia y había iniciado un juicio laboral por horas extras no reconocidas. El aspirante era considerado uno de los políticos más ricos del país y para su candidatura de este año había declarado ante la justicia electoral un patrimonio de 110 millones de reales (unos 34,1 millones de dólares), formado mayoritariamente por haciendas.

En la camioneta estaba Jovair Arantes, el diputado del PTB que fue el instructor en la Cámara de Diputados del juicio político contra Dilma Rousseff, quien fue destituida el 31 de agosto. La muerte de Gomes da Rocha se suma a una larga lista de asesinatos y atentados contra candidatos en todo el país. El miércoles pasado, otro miembro del PTB, Julio Maia Pereira, candidato a concejal de Cuiabá, capital de Mato Grosso, conocido como “Julio da Power”, fue herido en un ataque a disparos por una persona que viajaba en una moto, pero el padre del político falleció al recibir seis tiros. En la madrugada del jueves, el candidato a alcalde de un municipio de Bahía resultó herido en un accidente mientras intentaba esquivar disparos contra su coche.

A comienzos de semana, Marcos Vieira de Souza, candidato a concejal y presidente de la escuela de samba de Portela, una de las más tradicionales del carnaval de Río de Janeiro, fue acribillado por pistoleros, que lo recibieron en su comité de campaña, en pleno día, con quince tiros de fusil. Muchos candidatos a alcaldes usan en campaña autos blindados y otros admitieron haber recibido amenazas de muerte.

En su gran mayoría, los asesinatos de candidatos tuvieron lugar en el estado de Río de Janeiro, en especial en la Baixada Fluminense, una de las zonas donde mandan las milicias, como se conoce a los grupos de ex policías o policías en actividad que cruzaron la línea y comenzaron a actuar en la lucha contra el narcotráfico al margen de la ley, para formar verdaderas bandas paramilitares que se nutren del crimen organizado y la extorsión. A tal punto llegó el accionar de las milicias que su influencia en el proceso electoral fue denunciada por el presidente del TSE, por políticos y por analistas. El propio Mendes admitió ayer que en Río de Janeiro la situación es más complicada por la presencia de las milicias y el narcotráfico. Según el diario Globo, las milicias llegan a cobrar miles de dólares a los candidatos por permitirles desarrollar sus actividades de campaña en las zonas de control paraestatal.