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El cerco sobre Pinochet se estrecha. El juez chileno Juan Guzmán Tapia podrá continuar el juicio contra el ex dictador chileno por los crímenes de la Operación Cóndor, tras haber sido ratificado ayer por la Corte de Apelaciones de Santiago. La Tercera Sala de la Corte, en un veredicto inapelable, rechazó por unanimidad una petición de los abogados defensores del general Pinochet, que pidieron la remoción del juez, a quien acusaban de falta de imparcialidad. Y el juez español Baltasar Garzón ordenó ayer ampliar la querella contra Pinochet, su esposa y responsables del banco estadounidense Riggs por “alzamiento de bienes y blanqueo” de ocho millones de dólares.
Guzmán Tapia pensaba interrogar a Pinochet el lunes de la semana pasada, pero los recursos judiciales de sus abogados defensores lo llevaron a postergar ese interrogatorio por tres días. El procedimiento quedó paralizado cuando la Corte de Apelaciones lo separó temporalmente del caso, antes de entregar el pronunciamiento. La suspensión del interrogatorio por dos veces consecutivas se produjo después de que el Ejército hubiera comunicado al juez que podía practicar el trámite en la residencia de Pinochet, en el barrio La Dehesa.
Además de recusar a Guzmán Tapia, los abogados defensores de Pinochet pidieron que antes de interrogarlo sea sometido a exámenes médicos para determinar si su salud mental le permite enfrentar este segundo juicio en Chile. Pinochet permanece internado desde el miércoles en el Hospital Militar de Santiago, aquejado de un “cuadro respiratorio agudo” que ayer evolucionaba favorablemente, según el último boletín médico.
“Lo que viene ahora es que el juez Guzmán Tapia fije la nueva fecha del interrogatorio”, dijo el abogado Eduardo Contreras, uno de los juristas que impulsa el proceso contra el ex dictador. “Es un gran día para el país y para la comunidad internacional, que estaba esperando esta resolución”, dijo el abogado Hugo Gutiérrez, que también integra el grupo de abogados acusadores. “Creo que se ha reestablecido el derecho”, agregó Gutiérrez, al expresar que Guzmán Tapia “recupera la competencia que nunca debió haber perdido”. El magistrado deberá fijar la nueva fecha en que tomará la “declaración indagatoria” a Pinochet cuando los médicos del Hospital Militar lo autoricen para volver a su residencia.
Al mismo tiempo, el juez Garzón amplió la demanda por las cuentas del banco Riggs a los responsables del banco, la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, a su asesor financiero, Oscar Custodio Aitken Lavanchy, y a funcionarios del Banco Riggs. “Aparentemente hubo acuerdo doloso de voluntades” entre los responsables del Banco Riggs, Augusto Pinochet y Lucía Hiriart, que “determinó la distracción de ocho millones de dólares de su destino legal, que en todo caso hubiera sido la indemnización de las víctimas por genocidio, terrorismo y tortura”, afirmó Garzón en su auto judicial. “El dinero desapareció en detrimento de las víctimas y para que esto haya sido así, se precisó la cooperación imprescindible del Riggs Bank”, añadió.
Garzón había pedido el embargo de los bienes de Pinochet en octubre de 1998, pero un informe del Senado norteamericano reveló en julio último que en marzo de 1999, pese a estar detenido, Pinochet transfirió 1,6 millones de dólares de sus cuentas en Gran Bretaña a Estados Unidos. Después de que las autoridades británicas lo autorizaron a volver a Chile, en marzo de 2000, negando su extradición a España, Pinochet logró transferir a su país –hasta abril de 2002– 1,9 millones de dólares en cheques de 50.000 dólares. “El dinero que tenía mi padre era producto de sus ahorros, donaciones y utilidades de inversiones”, afirmó al respecto Marco Antonio Pinochet Hiriart, hijo menor del ex dictador. Garzón pidió a sus pares de Estados Unidos, Gran Bretaña y Bahamas que ordenen el embargo y bloqueo de cuentas y depósitos a nombre de Pinochet, de terceras personas o sus familiares.