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Por Juan Arias*
Desde Río de Janeiro

Brasil ha comenzado a poner en práctica un plan del gobierno de Lula da Silva para desarmar a la sociedad civil. Desde hace tres semanas han quedado invalidadas todas las licencias de armas concedidas antes del mes de julio de este año y cualquier ciudadano que sea descubierto con un arma sin autorización será detenido y podrá ser condenado hasta a seis años de cárcel. La idea del gobierno de Lula es que se llegue a un desarme real de todos los ciudadanos.
Por el momento han quedado enormemente restringidas las posibilidades para un ciudadano común de poseer un arma. Podrán tenerla sólo los policías civiles y militares y los policías privados. Entre los demás mortales, los únicos autorizados a poseer un arma son las personas consideradas por la policía en peligro o que ejercen actividades de alto riesgo. De ahora en adelante, para obtener una licencia de armas, los requisitos, incluso para las personas autorizadas, van a ser muy numerosos, desde una serie de certificados de tres ramas de la Justicia –federal, electoral y militar– a varios tests psicológicos, así como exámenes de tiro, que sólo podrán ser realizados en escuelas especializadas de la Policía Federal.
El costo para la obtención de una licencia de armas, para las personas que reúnan los requisitos pedidos por la ley, ha aumentado considerablemente, llegando a 1000 reales (unos 300 dólares), un precio considerado muy alto.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.