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Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

Tres horas después de que Carlos Mesa le pasara la “papa caliente” al Congreso, su presidente, Hormando Vaca Díez, promulgó ayer la controvertida ley de hidrocarburos. “Gobernar no es eludir responsabilidades”, dijo el senador, en medio de fuertes cuestionamientos políticos y sociales a la actitud de Mesa, quien se tomó diez días para concluir delegando la responsabilidad de la promulgación de la ley en el Parlamento. En la noche, el mandatario boliviano volvió a aparecer en las pantallas, intentando recuperar la iniciativa con el anuncio de su Plan Económico Social. Y justificó su actitud diciendo: “Yo no podía firmar esta ley, como ya lo expliqué la semana pasada, porque no me lo permitía mi conciencia; pero la estabilidad y la paz del país dependían de promulgarla. Por ese motivo decidí no promulgar ni vetarla y devolverla al Parlamento”.
El artículo 78 de la Constitución indica que las leyes no vetadas o no promulgadas por el presidente en el término de diez días desde su recepción serán promulgadas por el presidente del Congreso. En un mensaje de siete minutos, el ministro de Gobierno, José Galindo, justificó la “indecisión” presidencial recordando que Mesa había señalado, en varias oportunidades, que no promulgaría una ley con la que no está de acuerdo. “Esta no es la ley del gobierno”, remarcó, pero se “tomó esta decisión en aras de la unidad del país y del respeto a la decisión del Congreso”. La ley fija regalías del 18 por ciento y un impuesto del 32 sobre las ganancias de las compañías. Desde el lunes, una serie de medidas de presión con epicentro en la ciudad de El Alto reclamaron la nacionalización de los hidrocarburos, consigna que se expandía a la sombra de las indefiniciones presidenciales. Los empresarios privados criticaron con dureza la norma petrolera, a la que consideran un “regreso al estatismo”. “¿Acaso hay gobierno en Bolivia?”, se preguntó con ironía un vocero, mientras algunos de sus colegas se pronunciaron en el sentido de que “Mesa dé un paso al costado”. “La ley condena a Bolivia al subdesarrollo permanente e inhibe la inversión extranjera”, subrayó Roberto Mustafá, presidente de la confederación de empresarios privados. Las críticas “por izquierda” incluyen al MAS –que busca modificar la ley, “no anularla”– y a quienes promueven la nacionalización sin indemnización.
“Nosotros queremos modificar algunos aspectos de la ley”, aclaró el diputado del MAS Jorge Alvarado. Las observaciones –que serán recogidas en un proyecto modificatorio de dudoso efecto– se centran en la fijación de precios; los “candados” para que el impuesto del 32 por ciento, complementario de las regalías del 18, no sea deducible ni acreditable ante otros tributos; la industrialización del gas; los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados con carácter vinculante cuando se desarrollen proyectos en sus territorios y el cuestionamiento a los Certificados de Devolución de Impuestos.
Sin embargo, el MAS se desmarcó de quienes piden el cierre del Parlamento y la renuncia de Mesa y transformó la marcha desde Caracollo en “una marcha para modificar la ley y asegurar la Asamblea Constituyente”. El diputado Gustavo Torrico sostuvo que al debilitamiento y al fin del gobierno apuestan sectores fascistas y dirigentes sociales extremadamente radicales. El líder de la COB, Jaime Solares, llamó a Evo a “cumplir con el pacto de unidad firmado, el cual promueve la nacionalización”.
Por la noche, Mesa volvió sorpresivamente a la pantalla. “Hoy el país ha dado un paso importante, terminamos una etapa”, dijo Mesa en un claro intento de recuperar el protagonismo arrebatado a lo largo de la jornada por el presidente del Senado. En el discurso –de una hora de duración– se comprometió a “asumir las consecuencias de la ley de hidrocarburos” y anunció un ambicioso plan de desarrollo denominado “Bolivia productiva y solidaria”. “Yo pienso que el TLC con EE.UU. es fundamental”, mencionó escuetamente entre otras propuestas para construir infraestructura y reducir la pobreza “recuperando al Estado actor, solidario e inclusivo”.
Si bien ayer continuaban los bloqueos en algunos puntos del altiplano, lo que obligó a suspender la salida de micros de larga distancia desde La Paz y se anunciaron algunas marchas, varios analistas arriesgaban que la promulgación de la ley puede contribuir a desactivar a los “radicales” y frenar la expansión de la demanda nacionalizadora.