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Santa Cruz, el próspero departamento del Oriente boliviano, reclama su autonomía “gradual” y ratifica el llamado a referendo para agosto, aunque espera que el Congreso le ponga fecha a la consulta popular. Así lo expusieron tres representantes del sector empresario cruceño, de visita en Buenos Aires ante Página/12 y otros medios: Branko Marinkovic Jovicevic, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc); Gabriel Dabdoub Alvarez y Oscar Ortiz Antelo, presidente y gerente general, respectivamente, de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).
Bolivia está inmersa en una transición y busca acuerdos políticos para salirse de su crisis, tras la renuncia de Carlos Mesa el 6 de junio y la posterior toma de posesión del jefe de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, el pasado día 10. Los reclamos de autonomía regional de las ricas Santa Cruz y Tarija (y también de Beni y Pando) y, desde el Occidente, de nacionalización de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente, son ejes estructurales de la actual contingencia. Existe un planteo de unir las elecciones generales y los prefectos (gobernadores) para diciembre.
–¿Apoyan al nuevo gobernante?
O. A.: –Sí, porque entendemos que es el último eslabón dentro de la sucesión constitucional. En las próximas tres semanas se tiene que llegar a un acuerdo político que permita hacer unas elecciones generales (renovación del Ejecutivo y Legislativo). Tenemos una ley de reforma constitucional pendiente en el Congreso –si se consiguen los dos tercios se puede hacer esa votación por vía constitucional–. También se discute sobre la Asamblea Constituyente, y cada vez más se plantea en la sociedad civil que el próximo Congreso se convierta en Constituyente.
–¿A qué vinieron a Argentina, previo paso por Brasil?
O. A.: –Hablamos con gente del sector privado y público. Para nosotros, la comunidad internacional está representada por Argentina y Brasil, que fueron países que enviaron delegados. Aquí, nos reunimos con el Ministerio de Exteriores y con el de Planificación. Por otra parte, entendemos que los países busquen alternativas para su producción energética (N. de la R.: el anillo energético). Como efecto de la inestabilidad que vivimos, estuvimos a días de interrumpir el flujo a Brasil.
–¿Ratifican la fecha del referéndum autonómico para agosto?
O. A.: –Hay dos cuestiones complementarias: para el 12 de agosto ya está convocada por el Congreso la primera elección de autoridades regionales, ya salieron la ley y el decreto. En cuanto al referéndum por las autonomías, el Congreso tiene que poner una fecha, por conflicto político hasta ahora no se ha hecho: específicamente, la oposición del MAS de Evo Morales. Hemos cumplido todos los pasos legales. Si el Congreso no cumple, se realizaría el 12 de agosto. La autonomía será gradual.
–¿Cómo entraría en vigor ese proceso autonómico?
O. A.: –Nos parece ambicioso plantear un proceso de federalismo, ése sería un cambio drástico; por eso pretendemos tomar el ejemplo que inició España y en Sudamérica lo han hecho Colombia y hace dos años Perú. Un proceso progresivo que nos permita constituir un gobierno departamental con personería jurídica propia en el marco de leyes nacionales. Implica la transferencia de competencia limitada para ciertas áreas (por ejemplo Salud, Educación, Planificación del petitorio en cuanto al uso del suelo) y, obviamente, competencias exclusivas para el poder central, como relaciones exteriores, políticas monetarias, seguridad nacional, recursos del subsuelo en manos nacionales.
B. J.: –No queremos una desintegración del país, más bien unificarlo.
G. A.: –Creemos que Argentina, Brasil como países hermanos y amigos nos van a ayudar a mantener la calma, mientras Rodríguez allana el camino a una elección general.
–En términos económicos, ¿cuánto menos contribuirían al Estado?
O. A.: –Quizá debamos contribuir más. Por ejemplo, que la educación la administre el gobierno departamental en un futuro y que el Estado, de lo que contribuimos, nos dé la parte que nos corresponde. Planteamos un esquema por el cual un tercio administre el Estado central para las competencias exclusivas (relaciones exteriores, FF.AA., etc.), un 10 por ciento sería para la creación de un fondo departamental para los cuatro departamentos más pobres y el otro 56 por ciento quedaría en los departamentos: 25 que ya está, alrededor del 30 para los nuevos gobiernos departamentales. Nos moveríamos dentro del esquema tributario actual.
–¿No cree que los llamados del ejército a “no tolerar la desintegración nacional” son una advertencia a los cruceños?
O. A.: –Ha sido un manejo político con el ejército y algunas facciones militares. A nosotros no nos cae eso, creemos que si hay un factor de unidad, ése es Santa Cruz.
–Pero si el Congreso no pone una fecha, ¿qué grado de legalidad tiene la consulta autonómica?
O. A.: –El que estaría negando un derecho constitucional en el Congreso. Este no tiene la facultad legal para negar la convocatoria a referéndum.
–¿Y con el tema de la nacionalización de hidrocarburos?
B. J.: –Se tiene que dar con el nuevo Parlamento. Podemos no estar de acuerdo, pero las minorías deben respetar las decisiones de las mayorías.