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“El corrupto siempre debe ser castigado y siempre de forma ejemplar. Sea quien sea, venga de donde venga, sea adversario o aliado.” Con esta promesa, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva empezó a montar su contraofensiva, en un mensaje de diez minutos al país, en medio de un torbellino de denuncias de corrupción que parecería poder alcanzar a cualquiera. El discurso vino al cabo de una jornada muy áspera, signada por declaraciones de la nueva “superministra” Dilma Rousseff en las que denunció una conspiración de derecha contra el gobierno y se desmarcó de la extrema ortodoxia económica del ministro Antonio Palocci, para ser rechazada por éste y criticada en el Parlamento; hasta hubo un ex militar que llamó a un desfile castrense el domingo contra la corrupción.
Según Lula, el hecho de que nunca haya habido “tanta gente presa por corrupción y fraude”, “puede dar la falsa idea de que aumentó la corrupción, cuando los que aumentaron son el combate y las prisiones”. También habló de corrupción en términos genéricos, pero no citó ninguno de los casos que afectan al gobierno y al PT, ni las consecuencias que ha tenido en su gabinete. El discurso fue claro: “Hay mucha basura acumulada desde hace tiempo y cuando se empieza a limpiar lo que más aparece es basura, pero este gobierno no dejará que la basura se siga escondiendo abajo de la alfombra”. Lula admitió que vive “momentos críticos” –por eso canceló sus viajes de la semana próxima a Venezuela y Colombia–, pero aseguró que una investigación profunda “sabrá separar el trigo de la paja, el bien del mal, la verdad de la mentira. Y lo garantizo: si hubiera personas cometiendo desvíos de conducta, usaré toda la fuerza de la ley”.
Con la asunción de Dilma Rousseff como jefa de Gabinete, ya empezaron los roces en el gobierno. “Creo que estamos en una época en que la agenda va a tener que empezar a ser menos árida, para ir más allá de la estabilidad”, explicó. “Un superávit mayor (al actual 4,25 del PBI), a mi modo de ver, es innecesario, limitante”, afirmó Rousseff. Estas declaraciones resonaron en el oídos del ministro de Economía Antonio Palocci, quien fue tajante: “Debemos perseverar en el camino que adoptamos”. El ministro se opuso a las propuestas de flexibilizar el ajuste económico del gobierno, para aliviar la tensión política, y buscó atenuar el choque al asegurar que trabajar “con ángulos diferentes de visión” no significa que haya conflicto. Con la salida de José Dirceu del gabinete se ha abierto una fractura entre quienes quieren sostener a toda costa el modelo económico de Palocci, y quienes quieren aflojarlo para responder mejor a las bases del partido y a sus próximas citas electorales.
Pero no todo fue negro para el PT y el gobierno. Ayer declaró ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), el empresario Artur Waschek Neto, quien fue el primero en denunciar los sobornos en las concesiones y el que realizó la grabación que inculpó al ex ejecutivo Mauricio Marinho y al diputado Roberto Jefferson. El empresario aseguró que sólo quería desenmascarar las irregularidades en las contrataciones que habían empezado con la llegada de Mauricio Marinho. “A mí no me interesa tener relaciones con ningún partido político porque el gobierno cambia cada cuatro años”, afirmó Waschek Neto, rechazando las declaraciones de Marinho en las que acusaba a Dirceu de haber ordenado el video para incriminarlo. La segunda buena noticia vino de la Iglesia Católica al renovar su voto de confianza al presidente, aunque destacó que “la investigación de las recientes denuncias es imprescindible”.
“Creo básicamente que en un clima como éste todos los intereses posibles están mezclados. Hay que tener cuidado para que eso no se convierta en una tentativa de transformar una crisis localizada en una crisis institucional.” Con un tono menos agresivo que el de Lula el miércoles, Rousseff retomó la acusación del presidente brasileño de que existen sectores políticos –todavía no identificados– que buscan “adelantar las elecciones” previstas para octubre del 2006.
Este discurso fue contradicho por el senador del derechista Partido del Frente Liberal (PFL), Agripino Maia: “No queremos un juicio para la destitución, pero sí cocinarlo a fuego lento para que llegue con un 15 por ciento de popularidad a las elecciones” presidenciales del año próximo. Otros fueron aún más lejos en sus intenciones. Jair Bolsonaro, diputado del ultraderechista Partido Progresista y ex oficial del ejército, exigió que el presidente brasileño sea “desbancado” del poder. Bolsonaro, defensor de los regímenes militares de los ’60 y ’70, tildó a Lula de “homosexual activo” (por su apoyo a las uniones civiles) y convocó a los militares a marchar el domingo en Brasilia para “protestar” contra el gobierno. También se refirió a Rousseff como una “persona técnica, especializada en robos y asaltos”, ya que, según contó, la ministra “integraba una banda”, en los ’70, que asaltó su casa en Río de Janeiro.
Y el desfile de críticas continúa. El ex presidente Fernando Henrique Cardoso apunto directamente a Lula: “El presidente tiene que saber con quién andaba”. “Lo que está en el aire son acusaciones pesadas de que personas del Partido de los Trabajadores estarían usando recursos, probablemente no lícitos, para obtener apoyos de otros partidos. El presidente con seguridad que es el primer interesado en conocer en qué compañía está”, sentenció Cardoso.
El otro golpe duro vino del senador Arthur Virgílio do Carmo, del Partido de la Social Democracia (PSDB), que exigió al gobierno que “desmonte de una vez esa mentira de que denunciar e investigar la corrupción es golpismo”. El senador aseguró que en este momento “se impone la autocrítica” y que quienes se oponen a Lula “son también democráticos y no tienen compromisos con golpes”.