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“Sin verdad, no va a haber paz, ni reconciliación, ni justicia.” Así defendió el abogado Walter De León la propuesta, que a través de él la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos presentó ayer al presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, para crear una Comisión para la Verdad que investigue los crímenes durante la dictadura. Al mismo tiempo, la Justicia ordenaba desenterrar tres cadáveres marcados como NN a raíz de una denuncia que realizó un ex soldado unas semanas atrás, en la que aseguraba que había un cementerio secreto en un predio militar cercano a la ciudad de Tacuarembó, a unos 400 kilómetros de Montevideo.
El presidente Tabaré se reunió ayer en la residencia presidencial con una delegación de la Comisión de Familiares, integrada por su presidenta Laura Martirena y por el asesor jurídico Walter De León. La propuesta: una Comisión para la Verdad que, a diferencia de la experiencia que se realizó durante el gobierno del presidente Jorge Batlle, la Comisión para la Paz, sea “más amplio y participativo”. Martirena explicó que se trata de investigar todos los asesinatos y no sólo las desapariciones durante la dictadura que, según afirma, serían menos de la mitad de los casos. La Comisión de Familiares aseguró que tiene una lista de 200 personas asesinadas y otra de 100 a investigar.
Uno de los coordinadores de la ONG de derechos humanos Servicio de Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ), Raúl Martínez, también abogó porque si se constituye una nueva comisión no vuelva a estar conformada sólo por “personas designadas por el presidente”, como sucedió con Batlle. En diálogo con Página/12, Martínez criticó la Comisión para la Paz: “Era una comisión con pocas posibilidades porque no tenía capacidad coercitiva. Era de esperar que los avances no fueran muchos en cuanto a la investigación”. En cambio, propuso que una eventual comisión “tenga otras facultades”, entre ellas que tenga como objetivo final ayudar a que la Justicia actúe, en vez de ser un mero racconto “de los hechos ocurridos”. Para esto, aseguró, es necesario que tenga “facultades coercitivas” que le permita lograr una cierta independencia del Poder Ejecutivo.
La descripción de uno de los cuerpos –los restos pertenecían a dos hombres y a una mujer– coincide con las características con un ex profesor universitario desaparecido en 1973, Roberto Gomensoro. Militaba en el Movimiento de Independientes 26 de Marzo, una organización política que en los años setenta fue la expresión pública de la guerrilla tupamara. Al poco tiempo el cuerpo apareció flotando en el lago de Rincón Bonete. No pasó mucho hasta que el cadáver desapareció nuevamente, esta vez de su tumba. Esto fue hace más de 30 años. El antropólogo Horacio Solla debe ahora determinar si realmente se trata de Gomensoro. Normalmente no sería una tarea fácil, pero por una desconocida –y seguramente extraña– razón el médico forense que hizo la autopsia del cuerpo allá en 1973 decidió quedarse con el cráneo, lo que hoy le permitirá a Solla comparar el ADN.