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“No deja de ser una suerte, señor juez, que Aníbal Fernández no fuera ministro del Interior aquel 17 de octubre”, dice el pedido de amparo que se presentó ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo para que las movilizaciones puedan ingresar a la Plaza de Mayo. De cara a la marcha del próximo viernes, cuando desocupados, partidos políticos y estudiantes van a intentar nuevamente llegar frente a la Casa Rosada, dos candidatos a legisladores pidieron la intervención de la Justicia. El escrito ingresó a Tribunales después de que el Gobierno anunciara nuevos impedimentos para que los grupos de desocupados se manifiesten, entre ellos el de que reporten por escrito el lugar y hora de su movilización, para recién ahí analizar si atenderlos.
Ayer, luego de que los operativos de policiales para frenar las protestas en la Plaza recibieran críticas de los organismos de derechos humanos (ver aparte), el titular de la cartera del Interior buscó bajarle el tono a sus palabras y declaró que “sería injusto” tener que pedir “autorización” para manifestar. “Autorización es un mal término, que a veces yo también he utilizado”, dijo.
De todos modos, mantuvo su discurso en un terreno ambivalente. “En el caso de la plaza, el Código Contravencional de la Ciudad dice que el uso de los espacios públicos, aunque sea para manifestaciones políticas, tiene que anticiparse con un aviso. Eso nos va a permitir desplegar los dispositivos adecuados de ordenamiento, para garantizarles seguridad a los que vienen al acto y a los que no participan de él, inclusive encauzarlos por el mejor lugar sin generar un conflicto.” No quedó claro si se trató de un anticipo de que la plaza se podrá usar, o todo lo contrario. En el mismo reportaje, el ministro reiteró que marchar contra la visita a la Argentina de George W. Bush (para eso está convocada la manifestación del viernes) “es más una causa política que otra cosa, algo que no tiene nada que ver con la necesidad de la gente”. Y reiteró la exigencia de que las organizaciones informen hora e itinerario por anticipado.
Al mediodía, Néstor Kirchner hizo una escueta referencia al tema. Se retiraba del gimnasio del Sindicato del Seguro en la localidad de Moreno, donde encabezó un acto, cuando los medios le preguntaron por los piqueteros. “Yo quiero que se incorporen a trabajar junto al país”, contestó él. “Lo estamos levantando con todo, (pero) lo que pasa es que a la Argentina la fundieron.”
El pedido de amparo a la Cámara Federal fue presentado por Vilma Ripoll y Mario Cafiero (ambos integrantes de Unite, el frente que el Movimiento Socialista de los Trabajadores formó con Soberanía Popular). Los dos estuvieron en la marcha del viernes pasado, a la que un operativo policial impidió llegar a la plaza.
En el escrito, Ripoll y Cafiero señalaron que peticionar a las autoridades y transitar en el territorio argentino son derechos constitucionales consagrados por el artículo 14 de la Carta Magna. La solicitud busca que la Justicia “restaure la vigencia de (estos) derechos y garantías constitucionales”, y corrija las acciones “arbitrarias e ilegales” del Poder Ejecutivo.
En su argumentación, el pedido de amparo recordó casos que han sentado jurisprudencia sobre los derechos puestos en juego. En ese sentido, el texto mencionó un fallo de la Corte Suprema (“las reuniones no pueden prohibirse en razón de las ideas, opiniones o doctrinas de sus promotores”, ha dicho el máximo tribunal) y otros que marcado que el malestar de un sector social no puede ser utilizado para silenciar a nadie (“el Estado no puede limitar la libertad de aquellos cuyas ideas, forma de vida o aspecto físico sean rechazados por la mayoría de sus conciudadanos”). No se aludió, en cambio, a ningún fallo judicial sobre la prohibición de manifestar frente a la Casa de Gobierno: no ha habido, en los últimos 22 años de democracia, un antecedente que llevara a litigar sobre el tema.