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Para Antonio Boggiano la incertidumbre deja lugar a las certezas. El Senado le pondrá fecha a la definición del juicio político contra el último integrante de la denominada mayoría automática del menemismo. Después de dar por finalizado el período de pruebas, el plenario de senadores definirá hoy que el jueves 22 de septiembre escuchará los alegatos de la defensa y de la acusación. En la sesión de hoy también se propondría que el veredicto se conozca la primera semana de octubre: podría ser el miércoles 5 o el jueves 6.
Consciente de que el proceso en su contra va llegando a su fin, Boggiano no dudó en definirlo como “el mayor grotesco de la historia jurídica universal”. El magistrado, que la semana pasada había ensayado su defensa en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pidiendo la palabra en más de una ocasión para sumar argumentos a los muchos que venían entregando sus propios abogados, recurrió ahora a una rueda de prensa frente a corresponsales extranjeros.
Boggiano consideró que detrás del juicio que por mal desempeño le sigue la Cámara alta, lo que en verdad está en juego “es la Justicia en la Argentina”. “Está en tela de juicio la defensa inalienable de la conciencia del juez. Si no queda respetada de un modo pleno la conciencia del juez para decidir como cree que corresponde, se terminó el estado de derecho”, aseguró.
La idea de que el juez está siendo enjuiciado por el contenido de su sentencia es algo que, sin mayor éxito, la defensa de Boggiano intentó que quedara sentado la semana pasada en la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando se escucharon a algunos de los testigos que habían reclamado para respaldar sus argumentos.
“Se me acusa por haber tomado la decisión que tomé y no la de la minoría. Es un caso de abuso de poder. Otro poder del Estado pretende decir a la Justicia cómo debió ser un fallo”, comentó ayer Boggiano a los cronistas extranjeros. No es precisamente el fallo, lo que se le cuestiona a Boggiano, sino todo el proceso que rodeó al expediente por el cual la empresa Meller fue beneficiada en un millonario reclamo contra la ex empresa estatal de teléfonos (Entel).
En su defensa, Boggiano un juez de 59 años de reconocida pertenencia al Opus Dei y por tanto con un pavimentado camino hacia las estructuras de la Iglesia Católica, camino facilitado por el crecimiento de su grupo durante el papado de Juan Pablo II no dudó en sostener que su enjuiciamiento es “un caso de violación de los derechos humanos”. Por esto afirmó que en caso de ser encontrado culpable recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tal como lo viene planteando Eduardo Moliné O’Connor, destituido precisamente por el mismo caso.