Los Angeles fue escenario este fin de semana de la protesta pública más grande de su historia, cuando cientos de miles de manifestantes pacíficos, de todas las razas, atestaron las calles del centro de la ciudad para demandar justicia y reconocimiento legal para los 12 millones de trabajadores inmigrantes indocumentados del país. La marcha del sábado, que sobrepasó por mucho las expectativas de los organizadores e hizo empequeñecer todo lo visto durante el movimiento de los derechos civiles o la guerra de Vietnam, fue una increíble bofetada en la cara del cada vez más popular lobby antiinmigrante del país, y preparó la escena para lo que se espera será un agitado debate en el Senado esta semana, sobre lo que podría emerger como el tema central de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Imágenes aéreas de la marcha mostraban a los manifestantes apretados ocupando al menos casi treinta cuadras alrededor de la municipalidad de Los Angeles. Las estimaciones de la convocatoria van desde el medio millón de personas hasta más de un millón. Los que protestaban cantaban slogans de derechos laborales, tanto en inglés como en español, agitaban banderas de México, Guatemala y de otros países, y mostraban la cara de un Estados Unidos felizmente multicultural, muy diferente a la cara predominantemente blanca que muchas veces tiñe al movimiento antiinmigratorio con su ira. El alcalde de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, él mismo hijo de inmigrantes mexicanos y ex activista sindical, dijo a la multitud: “No podemos criminalizar a la gente que está trabajando, a la gente que está contribuyendo a nuestra economía y contribuyendo a la nación”. La marcha quebró las líneas partidarias y de clase, e incluyó a blancos, latinos y asiáticos. Fue la más grande de una serie de protestas que han tenido lugar a lo largo de Estados Unidos en los últimos días, todas ellas convocadas para reaccionar contra el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes en diciembre pasado, que reclasificará a los inmigrantes ilegales como delincuentes y que pedirá la construcción de un muro de más de 1100 kilómetros que se extenderá a lo largo de un tercio de la frontera estadounidense-mexicana, desde el océano Pacífico al Golfo de México.

Ese proyecto, creado y apoyado por la rama radical de los republicanos de la Cámara, nunca tuvo esperanzas de convertirse en ley, sino que fue diseñado, en miras a una elección crucial, para apelar al creciente miedo y resentimiento que existe en el país ante un flujo sin precedentes de mexicanos y de extranjeros de otras nacionalidades. Ahora, sin embargo, el tema de la inmigración amenaza con crear rupturas que dañen al ya fracturado Partido Republicano. El presidente Bush está, inusualmente, en el lado moderado del debate, promocionando un programa de trabajadores-huéspedes que permita que los inmigrantes lleguen según las necesidades económicas de Estados Unidos, aunque terminando con las persecuciones en la frontera que tuvieron como resultado la muerte de 3500 inmigrantes en los últimos 12 años, provocadas por la exposición al agresivo clima desértico.

Algunos senadores republicanos son tan radicales como sus contrapartes en la Cámara, mientras que otros han propuesto un compromiso más cercano a la línea del presidente Bush. Las manifestaciones del fin de semana en Los Angeles y en otros lugares pusieron en relieve los peligros políticos de avanzar demasiado lejos sobre la línea antiinmigratoria. A pesar de que más del 60 por ciento de los estadounidenses dicen que quieren políticas inmigratorias más firmes –algo que ha demostrado ser imposible de alcanzar en los 12 años de militarización de la frontera–, los republicanos de California son todos muy conscientes de lo que sucedió una década atrás, cuando defendieron una iniciativa popular para negarles educación, salud y otros servicios sociales a los trabajadores indocumentados y a sus hijos. A pesar de que la iniciativa fue aprobada, fue luego rechazada por los tribunales, creando un efecto de boomerang tan fuerte que el partido descendió a un status minoritario desde entonces en el llamado “estado dorado”.

En las últimas semanas, la Iglesia Católica ha salido a apoyar firmemente los derechos de los inmigrantes dentro del debate. Funcionarios locales electos han realizado grandilocuentes discursos oponiéndose al proyecto de la Cámara. Varias ciudades han aprobado resoluciones resistiendo la criminalización de los inmigrantes o, también, se ofrecieron a ellas mismas como santuarios para los inmigrantes si el proyecto llegaba a convertirse en ley. “Nunca ha habido este tipo de movilización dentro de la comunidad inmigrante”, aseguró Joshua Hoyt, director ejecutivo de la Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois, al diario Los Angeles Times. “Se metieron con el gigante dormido. Es el comienzo de una lucha masiva por los derechos civiles de los inmigrantes.”

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12. Traducción: Laura Carpineta.