A más de 14 años del bochornoso perdón presidencial menemista, Néstor Kirchner, con el impulso del formidable rechazo popular al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, del que se cumplen 30 años, derivó a la Justicia, para que declare “con claridad”, la inconstitucionalidad de los indultos firmados por Menem. El camino a seguir ya ha sido señalizado por varios fallos judiciales de primera y segunda instancia, que se produjeron en los últimos dos años y que, con seguridad, irán quemando etapas hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Uno de los fallos señaló que lo que se indultó son delitos de lesa humanidad que en muchos casos nunca habían sido juzgados. En lugar de prisión preventiva, indulto preventivo.

Para el juez Rodolfo Canicoba Corral, con los indultos “el Estado argentino extinguía los enjuiciamientos pendientes por graves violaciones a los derechos humanos, renunciaba a la verdad, a la comprobación de los hechos, la identificación de sus autores y frustraba definitivamente el derecho a una investigación judicial imparcial y exhaustiva”. El fallo, de marzo de 2004, declaró que “el terrorismo de Estado más cruel que conociera la historia argentina encontró en la impunidad su mejor aliado”. La decisión de Canicoba cuestionó el perdón a seis miembros del Primer Cuerpo de Ejército, cuatro de los cuales ya fallecieron.

Los únicos que siguen vivos son Jorge Carlos Olivera Rovere y Juan Bautista Sasiaiñ, procesados por el robo de bebés, pero indultados por el resto de los delitos que se les atribuyen. Los cuatro que murieron antes de que llegue la justicia terrenal son Carlos Guillermo Suárez Mason, José Montes, Andrés Ferrero y Adolfo Sigwald. Por su contundente argumentación, el fallo de Canicoba aparece como el más fuerte para romper, por arrastre, la impunidad que todavía hoy protege a centenares de jefes militares. Hay que ver hasta dónde quieren, o pueden, llegar los jueces.

Hay que recordar que Menem firmó dos indultos. Por el primero, suscripto el 8 de octubre de 1989, fueron perdonados 212 militares, entre ellos la Junta Militar que desencadenó la guerra por las Malvinas, encabezada por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, otro que no está entre los vivos, y los líderes de los alzamientos carapintada Mohamed Alí Seineldín y Aldo Rico. El segundo indulto, el del 29 de diciembre de ese año, dejó libres a los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, condenados a reclusión perpetua en 1985, junto con otros seis militares y un civil, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

En las dos ocasiones, la medida dispuesta por Menem se extendió a 59 miembros de las organizaciones guerrilleras, entre ellos Rodolfo Vaca Narvaja y Roberto Perdía. De todos modos, en su fallo de marzo de 2004, Canicoba aclaró que la anulación de los indultos no incluye a los jefes de los grupos armados. “Claro que se podrán hacer planteos contra ellos, pero hay que ver si les es aplicable la autoría de delitos contra el derecho de gentes porque, por ejemplo, un atentado debe juzgarse como delito común.” En la sentencia de Canicoba Corral se hizo expresa mención a que “el terrorismo de Estado” es “la forma más grave de terrorismo conocida”.

El fallo que declaró inconstitucional el indulto dijo que, en cambio, se consolidó “una construcción de impunidad de excepción” y anticipó que “la solicitud judicial que desmarañe el laberinto de impunidad también será de excepción”. Luego de ese fallo, el juez de Rosario Omar Digerónimo dijo lo mismo que Canicoba en una causa contra el general Ramón Genaro Díaz Bessone, y la Cámara Federal de Córdoba ratificó una sentencia similar de primera instancia, en un proceso contra el multiacusado general Luciano Benjamín Menéndez. En suma que, muchos años después y con demasiadas bajas en la larga lista de imputados, la frase de campaña a la que apeló Menem en febrero de 1989 volvería a tener vigencia. La sociedad, que ya habíarechazado el indulto en su momento, espera la redención del viejo sueño de justicia y verdad.