A casi tres meses de haber llegado al gobierno, el presidente Evo Morales divide su agenda entre la elaboración de medidas de “cambio estructural” –como la nacionalización de los hidrocarburos y un plan nacional de desarrollo– y el apagado de incendios cotidianos. Mostrando rápidos reflejos, el vocero gubernamental, Alex Contreras, anunció ayer la decisión de Morales de separar del cargo al jefe del bloque de diputados del MAS, Gustavo Torrico, acusado por varios medios periodísticos de “tráfico de influencias” y “chantaje”. Torrico habría presionado a una diputada opositora, mediante fondos manejados por la presidencia de la cámara, para que vote a favor de una ley propuesta por el oficialismo. La otra sospecha es por tráfico de influencias: el diputado habría enviado a un fiscal una carta pidiéndole que favorezca a un asesor suyo. El ahora ex fiscal Lucio Catacora atribuye su negativa a acceder a ese pedido la posterior pérdida de su empleo. Además, algunos señalan que Torrico utilizaba su cargo para conseguir el nombramiento de allegados en la administración pública.

“No vamos a tolerar ningún acto irregular que nos empariente con los partidos tradicionales, que obstaculicen este proceso de cambio, sean ministros, viceministros o parlamentarios, van a rodar cabezas y se van cortar manos”, dijo Contreras a Página/12. El diputado desplazado pidió “derecho a defenderse” y señaló que acatará la decisión del jefe de Estado. La decisión oficial se basa en los esfuerzos de la actual administración izquierdista por dar señales fuertes contra la corrupción, una de sus principales banderas electorales. De esta manera, Morales logró que la chispa no se vuelva incendio e, incluso, comenzó a recoger elogios de una opinión pública cansada de la endémica corrupción estatal.

Otras chispas, más difíciles de apagar, eran ayer las originadas en el autonomista oriente boliviano: un conflicto local en la localidad cruceña de Puerto Suárez, en la frontera con Brasil, provocó la “retención” de tres ministros por un grupo de pobladores movilizados, entre ellos Carlos Villegas, de Planificación.

El conflicto se originó por la decisión del gobierno de no otorgar la licencia ambiental a la empresa brasileña EBX, por la sospecha de que provocará una masiva deforestación del área para conseguir el carbón vegetal necesario para producir arrabio (hierro de baja calidad). Sin embargo, muchos pobladores locales consideran que la prioridad es “defender las fuentes de trabajo” y recibieron belicosamente a la comisión gubernamental. Ayer se negociaba la “liberación” de los retenidos.

La agitación se expandirá hoy a la propia capital de Santa Cruz, donde la Asamblea de la Cruceñidad podría decidir un paro cívico contra el gobierno. Uno de los reclamos se vincula a la licitación del Mutún, la reserva de hierro más grande de Bolivia, postergada por el gobierno por considerar que “atenta contra el interés nacional” y sólo beneficia a un grupo de empresas extranjeras.

El gobierno intentaba evitar que un tema coyuntural se articule otra vez a la ofensiva autonomista en la que están embarcadas las elites regionales, ubicadas en una trinchera política e ideológica opuesta al actual gobierno de la izquierda indígena.

En este contexto, la nacionalización de los hidrocarburos, que se decretará en los próximos días, es percibida en esferas oficiales como un baño de legitimidad para enfrentar a enemigos que, poco a poco, comienzan a mostrar los dientes, y consolidar el 80 por ciento de popularidad con el que hoy cuenta Evo Morales.