Por primera vez en Uruguay, abogados defensores de derechos humanos presentaron denuncias penales contra varios mandos militares, policiales y civiles que actuaron durante la dictadura. De los seis casos, cuatro se relacionan con el recientemente denunciado “segundo vuelo de la muerte” a la Argentina. Los otros dos son por los homicidios de un militante y de un estudiante. Organizados en tres causas, el Serpaj (Servicio Paz y Justicia) eligió estos casos ya que quedan eximidos de la Ley de Caducidad y, en consecuencia, pueden ser juzgados en el país. Sin embargo, en las denuncias que conciernen a los vuelos clandestinos a la Argentina, estas nuevas causas “darán lugar a más solicitudes de extradición” desde Buenos Aires, según se animó a pronosticar la abogada de derechos humanos Hebe Martínez Burlé.

El abogado querellante Oscar López Goldaracena explicó ayer que en una de las causas “se pide investigar la existencia del segundo vuelo clandestino que en octubre del ’76 trasladó a Uruguay desde Buenos Aires a 22 personas”, que luego fueron presuntamente ejecutadas. Para López Goldaracena, esta “megacausa” dejará al descubierto “la coordinación represiva” que supuso el Plan Cóndor. En la denuncia, se establece que “los mandos de la época son responsables como autores” y, por lo tanto, “se solicita a la Justicia que indague y determine esas responsabilidades”. Además, se pide que se cite “en calidad de indagado al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que participó en el primer vuelo y en el segundo vuelo”, como copiloto, según reconoció el propio Enrique Bonelli al entregar el segundo informe de su arma al presidente Tabaré Vázquez el año pasado. Igualmente, se llamará a declarar a los ex jefes del Ejército y de la Armada, Angel Bertolotti y Tabaré Danes, por haber sido los responsables de los informes pedidos por la Presidencia.

La denuncia del Serpaj también incluye a los diez ex comandantes del ejército uruguayo que el pasado 18 de mayo divulgaron una carta dirigida a los poderes del Estado y a la opinión pública en la que asumieron “plenamente las responsabilidades” de los “eventuales” delitos cometidos bajo el régimen militar. Entre los firmantes se encuentra Gregorio Alvarez, el único ex comandante durante la dictadura y quien además fue el último presidente de facto hasta 1985, cuando regresó la democracia. Al día siguiente de hacer pública la carta, Alvarez negó que se tratara de un acto de arrepentimiento y exclamó: “¡Cómo voy a pedir perdón! Antes, caer de espaldas que de rodillas”, según publicó entonces el diario La República.

Las otras dos causas, que quedaron en manos del juez Sergio Torres, investigarán la muerte del militante tupamaro Horacio Ramos Bentancur y la del estudiante Hugo de los Santos. En el primer caso, inicialmente había sido catalogada como suicidio por ahorcamiento, por lo que ayer su hija, Patricia Ramos, reabrió el caso para demostrar que, como en la mayoría de los crímenes de aquella época, se trató de un homicidio encubierto.

En la denuncia por la muerte de De los Santos los querellantes responsabilizan directamente a los ex presidentes de facto Juan María Bordaberry y Gregorio Alvarez. En principio, el asesinato del estudiante de Agronomía de 21 años había sido encubierto con una “autopsia falsa”. Ya en democracia, una nueva autopsia determinó que había muerto a causa de torturas. Sin embargo, el ex presidente Julio María Sanguinetti decidió que el crimen quedaba amparado en la Ley de Caducidad, a pesar de que el asesinato ocurrió dos meses antes del golpe militar de 1973, por lo que queda fuera del período previsto por la amnistía. Este caso, no obstante, logró acaparar la atención internacional, alcanzando una condena contra el Estado uruguayo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras se avanza en el plano de la Justicia, dentro del Frente Amplio se continúa debatiendo la posibilidad de derogar la Ley de Caducidad, lo que exponenciaría el número de juicios por crímenes cometidos durante la dictadura militar, como los que se iniciarán con estas nuevas denuncias.