La situación se dio vuelta en Uruguay. La decisión del gobierno de decretar la esencialidad del servicio de transporte de combustible y alimentos perecederos descomprimió la presión que había creado el paro de las empresas de camiones de carga el martes pasado. El Estado se hizo cargo de esta tarea personalmente, quitándoles poder de negociación a los empresarios, que ayer, después de una larga asamblea, decidieron por amplia mayoría levantar la huelga y aceptar la propuesta, presentada por el ministro de Transporte, Víctor Rossi, el martes por la noche. Sin embargo, no queda claro quién ha sido el verdadero ganador. El gobierno no ha dicho todavía cuánto le costará la exención tributaria que les concedió a las empresas de transporte de carga, ni si esta cifra será mayor que los 20 millones de dólares que obtendrá del aumento del gasoil, el disparador de este conflicto. Ayer tampoco detalló de cuánto será la rebaja del boleto de colectivo, que es el objetivo último de esta serie de reformas.

“Los sectores empresariales intentaron presionar y chantajear al gobierno pero no pudieron”, concluyó el secretario de Derechos Humanos de la central sindical PIT-CNT, Luis Puig. En diálogo con Página/12, destacó la importancia que tuvo el contraparo parcial del martes y la marcha de miles de trabajadores y simpatizantes del gobierno por las calles de Montevideo. “Fue una movilización en defensa de la democracia y en contra del lockout patronal”, recordó Puig. En la sede de la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre se negaron a interpretarlo como una derrota. “Fue el mejor paro de la historia, con el mejor acatamiento. Demostró que el sector estaba pasando por un mal momento”, explicó su secretario Gustavo González. Sin embargo, cuando este diario le preguntó por qué la asamblea había cambiado su decisión, González se limitó a decir que la situación ya no era la misma.

En la madrugada de ayer, esta misma asamblea había aprobado seguir con el paro y rechazar la propuesta del gobierno. Este último reaccionó decretando la esencialidad de la distribución de todos los combustibles, de la carga y distribución de alimentos y productos perecederos y de la actividad de los aeropuertos comerciales y los puertos, incluyendo el de Montevideo, donde anteayer treinta camiones habían obstaculizado la entrada y salida de mercaderías. Ayer, en cambio, el suministro de nafta y gasoil se fue reestableciendo en todo el país y ya a la tarde el puerto funcionaba casi con normalidad. Lo primero que hizo el gobierno fue desbloquear las salidas de las plantas de la empresa petrolera estatal Ancap. Después utilizó camiones propios, manejados por trabajadores de esa empresa, para reanudar la distribución de combustible.

La oferta del ministro Rossi se basa en aumentar del 7,9 al 8,2 el porcentaje deducible del IVA a las empresas de transporte de carga para contrarrestar el efecto que tendrá el aumento del precio del gasoil para financiar una rebaja del boleto de colectivo. Desde el principio, Tabaré Vázquez y sus ministros habían dejado bien en claro que no se echarían atrás con el subsidio al transporte público. La determinación del gobierno se volvió aún más fuerte con el apoyo que recibió ayer de la central obrera y por eso Vázquez no dudó en firmar los decretos para asegurar el abastecimiento de combustibles y alimentos. A media mañana de ayer, las empresas de transportes presentaron una contraoferta en la que pedían más concesiones. La respuesta de Vázquez fue inamovible: no sólo no hay lugar para una contraoferta, sino que se retira la propuesta oficial hasta que se suspenda el paro. La amenaza fue efectiva.