El fiscal Juan José Ghirimoldi pidió que se condenara por daños agravados a trece de los catorce manifestantes arrestados por los incidentes ocurridos en la Legislatura porteña el 16 de julio del 2004, cuando los diputados iban a discutir la reforma del Código Contravencional. De esta manera, desistió de acusarlos por los delitos más graves –de coacción y privación ilegítima de la libertad–, por los que habían pasado catorce meses presos “preventivamente” en las cárceles de Ezeiza, Devoto y Marcos Paz, procesados y llevados a este juicio. El fiscal dijo ahora que no se han reunido pruebas para sostener acusaciones de esa magnitud.

Los imputados, aun si el tribunal los encuentra culpables por los daños contra el edificio de la Legislatura, quedarán en libertad, ya que la pena solicitada por Ghirimoldi fue de tres años, es decir, excarcelable. Sin embargo, tras escuchar el alegato entre los acusados no hubo caras de alivio sino indignación. “No deberíamos haber pasado un solo día detenidos”, dijo la vendedora ambulante Margarita Meira. Y, en rigor, la fiscalía les acababa de dar la razón.

Los hechos que se juzgan sucedieron hace dos años, cuando los legisladores porteños estaban por tratar un paquete de modificaciones al Código de Convivencia, con artículos que apuntaban a limitar la protesta social, penalizar la venta ambulante y la oferta de sexo callejero. Ese día, vendedores ambulantes, mujeres en estado de prostitución, travestis y piqueteros se movilizaron frente a la Legislatura. Las puertas del edificio fueron cerradas por dentro apenas llegaron los primeros manifestantes. Al mediodía, un grupo que se desprendió del montón intentó ingresar por la fuerza a presenciar la sesión y hubo disturbios, que se prolongaron durante toda la tarde. Los catorce acusados fueron arrestados luego de que los desmanes terminaran, cuando la gente se estaba desconcentrando.

La audiencia de ayer se realizó en el subsuelo de los Tribunales de Comodoro Py, detrás de los vidrios blindados de la sala construida para el caso AMIA. Al abrirse la sesión, declararon los últimos testigos del juicio. Entre ellos estuvo la legisladora kirchnerista Beatriz Baltroc, quien sostuvo que conocía a los acusados quienes, afirmó, “nunca” protestaron “en forma violenta”. La diputada identificó a los que generaron los incidentes como “otro grupo, una patota de encapuchados con palos, que causó destrozos muy importantes en el edificio”.

También contó sus sospechas: “Parecía como si hubiera habido una zona liberada”, porque “otras veces la Legislatura estuvo rodeada por policías y nadie pudo tocar una puerta”, pero en esa ocasión “no hizo nada y (el personal de la fuerza) permaneció dentro del edificio”.

El público de la sala –unas treinta personas entre familiares y amigos de los acusados– debió esperar a un cuarto intermedio para escuchar al fiscal.

Al hacer su acusación, Ghirimoldi se basó principalmente en las declaraciones de los policías que hicieron los arrestos, quienes aseguraron haber visto a los manifestantes arrojar piedras. Eso y unos videos en los que se ve a seis de los acusados tirando piedras, es todo lo que quedó como prueba de este caso, después de dos años de investigación y de un juicio oral al que la fiscalía llevó a un centenar de testigos.

El fiscal lo admitió con el lenguaje engolado de los tribunales: “Me resulta imposible sostener el derrotero fiscalista de la primera instancia”, dijo para anunciar que no podría mantener la acusación de coacción agravada y secuestro contra los detenidos. El fiscal de primera instancia Claudio Soca y la jueza de instrucción Silvia Ramond habían sostenido, por el contrario, que los manifestantes amedrentaron a los legisladores, impidiéndoles además con su protesta salir del edificio.

El fiscal pidió la absolución total para una de las acusadas –Margarita Meira– y la condena por daños para los trece restantes, Jesús Fortuny Calderón, Carmen Ifrán, Marcela Sanagua, Pablo Amitrano, Carlos Santamaría, Eduardo Suriano, Adolfo Sánchez, Fabián Scaramella, Jorge Nievas, Eduardo Ruiz, Héctor Gómez, Antonio Medina y César Gerez. Los alegatos de los abogados defensores comenzarán el martes 31, a las doce del mediodía.