Se la encontraron sin previo aviso un día de marzo en que empezaban las clases: una gigantesca antena de telefonía celular instalada en la terraza de la escuela. Padres y alumnos se desayunaron entonces con que las autoridades habían firmado un contrato con la empresa Telecom, similar al de muchos consorcios de Buenos Aires, según el cual a cambio de la autorización para instalar la antena la escuela recibe unos 1500 pesos mensuales. Eso sucedió en el año 2000 y desde entonces un grupo de padres del colegio San José de la Palabra de Dios, en Villa Crespo, empezó a inquietarse por el efecto que pudiera tener esa torre tan cerca de sus hijos. Tras muchos trámites infructuosos, finalmente siete personas se decidieron a presentar un recurso de amparo contra del gobierno de la ciudad que acaba de recibir una respuesta favorable: la jueza Alejandra Petrella ordenó que se suspenda el funcionamiento de la antena hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

En un principio todo marchó lentamente: algunos padres fueron a la Defensoría del Pueblo a presentar una denuncia y se realizaron varias gestiones. Pero dice Alejandro Aguirre, uno de los que lideraron la movida, que fue recién este año cuando la inquietud movilizó a la gente, quizás por la noticia de que en esa escuela de 700 alumnos había dos casos de leucemia. Nadie afirma, sin embargo, que eso sea consecuencia directa de la presencia de la antena. “Es muy difícil poder determinar si realmente las ondas electromagnéticas incidieron en esa enfermedad –sostiene Aguirre–. Habría que hacer una investigación mucho más profunda. No estoy diciendo que antena sea igual a cáncer. Pero si la presunción de que puede hacer daño existe, entonces hay que sacarla”.

De hecho la polémica sobre si este tipo de antenas tiene un efecto nocivo sobre la salud de las personas es mundial y no tiene aún una respuesta definitiva. Hasta ahora no hay evidencia firme que permita sostener que son perjudiciales, pero se trata de tecnología relativamente nueva y hay numerosos estudios a largo plazo aún en curso, como el de la Organización Mundial de la Salud. En muchos lugares se ha impuesto legislación que establece límites estrictos para los emplazamientos de esas antenas, a más de cien metros de “zonas sensibles”, como las escuelas. No hay que buscar muy lejos para encontrar un ejemplo: en varios municipios de la provincia de Buenos Aires no se admiten en hospitales, escuelas o geriátricos. En la Capital, en cambio, las antenas pueden ser habilitadas si cumplen con ciertos requisitos, entre ellos la presentación de un estudio de impacto ambiental. Y son muchas las instituciones o consorcios a quienes la oferta de las empresas de telefonía les resulta tentadora. Esta oferta no es siempre igual, ya que el monto varía según el tipo de edificio y de su ubicación, pero suele sumar entre diez y veinte mil pesos anuales, que se pagan de una sola vez.

Según cuentan los padres, en la escuela de Castillo 767 fueron receptivos a sus inquietudes. Leandro Peino, otro de los firmantes del amparo, sostiene que las autoridades “tuvieron siempre buena predisposición, dijeron que nos entendían e iban a hacer gestiones para sacar la antena. Pero después explicaron que el contrato que habían firmado era leonino y rescindirlo implicaba un prejuicio económico que no podían afrontar”.

Aguirre lo ve con una óptica distinta: “Dicen que siguen atados de pies y manos por el contrato, pero ellos también podrían haber presentado un amparo. El colegio hizo lo imposible por convencer desde los maestros que la antena no hacía daño. Y hasta se dijo que si sacaban la antena no se iba a poder hablar por celular. Yo tengo nenas en primario y secundario y en ambos lados hubo intentos por mostrar que no generaba daños, que era una presunción. Pero si hay una presunción, hay que sacarla.”

Meses atrás, la inquietud de los padres se volcó en la recolección de 250 firmas. Pero al fin fueron siete los que se acercaron a la red de abogados voluntarios de Poder Ciudadano y con la representación de Osvaldo Sidoli y Alejandra Butti presentaron el pedido de amparo contra el gobierno porteño.

El fallo firmado esta semana por la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad Alejandra Petrella se centra en las fallas de habilitación de la antena, si bien menciona el riesgo potencial al ambiente y la salud. “Se desconoce por completo (y para ello deberán instrumentarse las pruebas pertinentes) qué consecuencias disvaliosas sobre el ambiente puede generar la antena que se encuentra funcionando sobre un establecimiento escolar –sostiene–. Máxime, tratándose de efectos que podrían afectar a niños.”

Pero el punto central es que la antena nunca estuvo correctamente habilitada. “Telecom Personal presentó un estudio de impacto ambiental insuficiente –sostiene el abogado Osvaldo Sidoli–. El gobiero porteño ordenó que se completara, no se hizo y mandaron desconectar la antena en 2005, pero eso no sucedió nunca. En este caso, intimado por la jueza, el gobierno presentó expedientes sueltos, una hoja sin fecha, todo muy irregular. Y dice que el expediente está en trámite, pero no hay un sistema de habilitación provisoria. En base a esas irregularidades es que la jueza otorga la medida.”

En su escrito, la magistrada concluye que “prima facie, la antena estaría instalada desde el año 2000 sin que se hubiera expedido la pertinente autorización ni categorización del proceso de instalación de una antena de telefonía celular, cuya nocividad no ha quedado aún determinada”.

Si los plazos se cumplen, en pocos días la antena ya no deberá estar funcionando.