Los jefes paramilitares colombianos pusieron en jaque el proceso de paz, uno de los grandes triunfos del presidente Alvaro Uribe. Después de cuestionar durante dos horas seguidas al Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, los 59 comandantes paramilitares detenidos en una cárcel de máxima seguridad patearon el tablero y anunciaron que daban por terminadas las negociaciones con el gobierno. Para el Ejecutivo colombiano la salida de los grupos armados no cambia sustancialmente la situación ya que la primera etapa de negociación ya había finalizado. Ahora tienen que enfrentar a la Justicia, repitieron hasta el cansancio ayer desde el Ministerio del Interior. Sin embargo, la cuestión no es tan simple. Los jefes paramilitares han denunciado que el gobierno no cumplió con los tratos que acordaron por debajo de la mesa –esos que el máximo jefe paramilitar todavía suelto, Vicente Castaño, había revelado hace unas semanas, y que había puesto nuevamente la opinión pública en contra del varias veces cuestionado proceso de paz–. Muchos temen que la decisión de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la mayor fuerza paramilitar del país, lleve a un nuevo brote de violencia. A pesar de que Ernesto Báez, el vocero político de las AUC, advirtió ayer que no tienen el control sobre los más de 31 mil desmovilizados que se encuentran en las calles, la sensación en Colombia –y entre los principales asesores de Uribe– es otra. En las últimas semanas, varios mandos medios de los antiguos bloques paramilitares fueron asesinados. Además, la policía obtuvo evidencia de que los jefes desmovilizados continuaron cometiendo delitos (asesinatos, secuestros y robos), aun después de haber empezado a negociar en 2003. Los analistas y los medios locales también ponen en duda que los supuestos nuevos grupos narcotraficantes que ocuparon los territorios dejados por los bloques desmovilizados no estén relacionados con los jefes detenidos, incluso quizá, manejados por ellos. Mientras la sociedad teme un aumento de la violencia, los políticos y los grandes empresarios temen que los paramilitares cuenten sus secretos. En el último mes, tres congresistas y una ex congresista fueron a la cárcel, y seis más fueron llamados a indagatoria por la Corte Suprema para explicar sus vínculos con los paramilitares. Las denuncias se centraron en figuras de la base aliada de Uribe. La lluvia de denuncias contra políticos, empresarios y militares creó un clima de opinión contrario a seguir concediendo beneficios a los paramilitares. El gobierno no es indiferente a este momento político y ya adelantó que no volverá a negociar las reglas de juego. El proceso de paz nació, avanzó y podría morir teñido de sospechas, cuestionamientos y denuncias.