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Los constitucionalistas aman las constituciones como los arquitectos aman las edificaciones. Las estudian, las diseñan, las comparan, critican sus fallas y limitaciones, proponen mejoras. Podrán reciclarlas, restaurarlas, cambiarle el uso o derrumbar una pared para que entre más luz. Pero nunca se les ocurriría destruirlas. En eso son conservadores. Para dinamitar un edificio hay que llamar a un ingeniero.

Durante largos años, Roberto Gargarella, constitucionlista de la UBA y la UDT, estudió las constituciones latinoamericanas del siglo XIX. Ninguna le gustó demasiado. Las más exitosas en términos de estabilidad institucional, como la chilena, le parecieron elitistas y conservadoras, funcionales a un sistema basado en la exclusión y la explotación. Pero no le pidan que se alegre cuando tres presidentes latinoamericanos, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, deciden deshacerse de sus respectivas cartas magnas a través de mecanismos de democracia directa como el plebiscito (Bolivia, Ecuador) o el voto de una asamblea sin representantes de la oposición (Venezuela), aun cuando las reformas propuestas provengan de líderes supuestamente progresistas, y aun cuando se hagan con el objetivo declarado de mejorar la distribución de la riqueza y la inclusión social.

“Es un hecho que muchas democracias modernas de países empobrecidos encuentran que deben tomar muchas decisiones rápidamente para mejorar el estado de las cosas. A diferencia de Europa, en América latina hay mucha avidez por provocar cambios, mucha expectativa por mejorar los niveles de pobreza, por terminar la corrupción, por crear mejores condiciones de trabajo. Hay una mirada puesta sobre el sistema político en todo el mundo, pero en nuestros países la mirada es más urgida. En todas las democracias modernas el procedimiento funciona con dificultades, pero en algunos países hay más necesidad de cambios”, explica el constitucionalista, en diálogo telefónico desde España, donde se encuentra dando clases.

El problema, dice Gargarella, es que los atajos no llevan a buen puerto. O, como dicen los norteamericanos, no existe el almuerzo gratis.

“Por un lado las instituciones democráticas tienen problemas para funcionar. Todos coincidimos en el diagnóstico. Pero hay muchas diferencias sobre cómo reaccionar. Está la solución schmidttiana, que plantea que como el Parlamento se convirtió en un centro de intereses, intrigas y regateo, hay que concentrar toda actividad en el Ejecutivo.”

El alemán Carl Schmidtt, conocido como “el jurista del Tercer Reich”, sostenía que una dictadura fuerte representa la voluntad popular mejor que cualquier cuerpo legislativo, porque las dictaduras actúan con decisión, mientras la actividad parlamentaria requiere de discusiones y compromisos.

“Podemos coincidir en que hay que hacer algo, que el sistema no funciona bien –prosigue Gargarella–, podemos coincidir en que hay necesidades urgentes. Pero no porque el sistema representativo no funcione tenemos que cerrarlo o ningunearlo. Por el contrario, las decisiones que hay que tomar son demasiado importantes. Lo que hay que hacer es facilitar los mecanismos de diálogo público. O buscamos un arreglo más descentralizado, más asambleario o concentramos la autoridad y terminamos otra vez en el caudilismo, que es una tradición muy propia de la región, muy arraigada y por lo tanto conservadora. Por eso me irrita que se hable de socialismo o progresismo, cuando estas reformas representan la corriente más conservadora del constitucionalismo latinoamericano.”

Bueno, le digo, pero Chávez diría que amplió la democracia al incluir a millones de pobres al sistema político. Además, le digo, no puede negarse que desde que ganó su primera elección, Chávez obtuvo todas sus reformas sin violentar el orden jurídico.

Gargarella responde que no critica las políticas sociales de Chávez sino su diseño institucional. “El demócrata tiene que resistir siempre la concentración de poder, debe defender la deliberación pública para que la ciudadanía recupere su poder de decisión. Un sistema mide su grado de republicanismo de acuerdo con el mayor o menor control que le da a la ciudadanía en las decisiones públicas. No hay que diseñar instituciones pensando en quién las ocupa, porque mañana pueden ser ocupadas por otra persona. Hay que diseñar instituciones que puedan reaccionar cuando Chávez tenga arranques autoritarios. Las instituciones no fueron pensadas para ángeles o iluminados, sino para soportar las peores conductas posibles. Las instituciones no deben diseñarse para abrir lugar a la expresión más generosa y bondadosa de un líder popular, sino para cuando el líder popular le da la espalda al pueblo.”

¿Pero qué pasa en un país como Ecuador, donde el Congreso es visto por la sociedad como una máquina de impedir y el mayor culpable de que el país haya tenido ocho presidentes en los últimos diez años, donde nueve de cada diez ciudadanos apoyan la reforma constitucional que traba el Congreso?

“Lo de Ecuador es interesante”, contesta. “Para mí es una expresión de la ausencia de remedios institucionales para problemas graves. Cada vez que pasa algo, la solución es hacer estallar el sistema, hacer volar al presidente. Cuando más se necesita, no hay un canal institucional abierto para encauzar la crisis. Es significativo lo que pasa en Ecuador, Bolivia, Venezuela: no hay canales institucionales. Cuando el sistema con Chávez se recontrapresidencializa, toda la responsabilidad, todas la expectativas recaen sobre su persona. Funciona bien en los momentos de bonanza, de hiperpopularidad del presidente. Pero cuando hay una crisis, todo el sistema entra en crisis. Y cuando hay un enojo muy fuerte con el presidente, la única solución es un juicio político ridículo por algún supuesto crimen, como el que se le hizo a Collor de Mello en Brasil, o un juicio por insania, como el que se le hizo Jamil Mahuad en Ecuador, o hacerlo huir por helicóptero, como le pasó a De la Rúa.”

¿Entonces para qué sirven la política y la deliberación si no solucionan los problemas de pobreza y desigualdad? Chile, Uruguay y Costa Rica tienen instituciones estables, pero en el terreno social no parecen haber avanzado demasiado. Gargarella no las defiende. Dice que optar entre el modelo chileno y el venezolano es como elegir entre Drácula y Frankenstein.

“Uruguay, Chile y Costa Rica son países mas estables y esa estabilidad tiene que ver con las instituciones. Pero tampoco garantizan la participación política de la ciudadanía, la influencia sobre sus representantes. Si el principal problema en la región es la pobreza y la pobreza se agudiza, quiere decir que el sistema político no registra esa queja, y que el sistema judicial, que debería corregir las falencias del sistema político, tampoco reacciona. Entonces las instituciones funcionan mal. Los frenos y contrapesos entre los poderes interesan muy poco si no funciona lo más importante, que son los controles exógenos desde la ciudadanía hacia los representantes. Me interesa un sistema institucional donde la gente enojada tenga medios para presionar, para canalizar su crítica, para obligar al poder a cambiar de rumbo.”

Los constitucionalistas son como artistas. Saben que la obra perfecta no existe, pero también que el premio está en la búsqueda.

Rafael Correa, economista, entiende de números y esos números le dicen que es hora de actuar. Evo Morales, cocalero, alterna la garra y la muñeca de los sindicalistas para empujar sus reformas. Hugo Chávez es militar. Disciplina la tropa, somete al enemigo y ocupa el territorio conquistado.