El ministro de Justicia estadounidense recibió ayer una noticia buena y una mala. Después de varias declaraciones ambiguas de la Casa Blanca, Alberto Gonzales recibió el aval que venía esperando. El presidente lo llamó y le garantizó su apoyo. Pero en el Congreso, la oposición demócrata se negó a dar por concluido el asunto y volvió a subir la apuesta contra uno de los funcionarios más cercanos de Bush. El Senado aprobó una moción para quitarle al fiscal general –cargo que ocupa el ministro de Justicia– la autoridad para nombrar a los fiscales federales sin una ratificación de la Cámara alta. Esta prerrogativa le había sido asignada a Gonzales a través de la Ley Patriótica, que expandió los poderes del Poder Ejecutivo, su gabinete y las agencias que dependen de él, luego del atentado del 11-S.

La semana había comenzado mal para el ministro de Justicia de Bush. El lunes el Departamento de Justicia había entregado al Congreso más de tres mil e-mails internos relacionados con el caso. Según la cadena ABC, estos mensajes confirmaban que la Casa Blanca había manipulado desde el principio el despido de ocho fiscales federales en diciembre pasado, como sostienen los legisladores demócratas. Entre los mails, hubo uno que llamó particularmente la atención de los congresistas. El jefe de asesores de Gonzales, Kyle Sampson, advertía el 1º de febrero sobre los peligros que podía acarrear una declaración de uno de los fiscales removidos ante el Congreso. “No creo que debiera. ¿Cómo responderá a: ¿Renunció usted voluntariamente? ¿Quién le dijo que lo hiciera? ¿Qué le dijeron?”, escribió.

En ese mail, Sampson se refería al fiscal Bud Cummins, quien fue reemplazado por Tim Griffin, un ex asistente del principal asesor y máximo estratega político de Bush, Karl Rove. Esta nueva información fortaleció aún más el pedido del presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, Patrick Leahy, para citar a declarar a Rove y a otros altos funcionarios de la Casa Blanca. Pero Bush quiere evitar la exposición de sus principales aliados, como lo hizo durante el escándalo del CIA-gate. En un último intento por acercarse a la oposición y hacer algún tipo de trato, el asesor legal de la Casa Blanca, Fred Fielding, se reunió ayer con Leahy, el presidente del Comité Judicial de la Cámara baja, el demócrata John Conyers, y con miembros de ambos comités. Leahy aceptó aplazar hasta mañana la votación en el Senado para emitir citaciones forzosas a todos los involucrados. Sin embargo, el líder demócrata ya adelantó que sólo aceptará una reunión privada con los funcionarios, como había sucedido en el caso de la espía Valerie Plame. “Quiero un testimonio bajo juramento. Estoy cansado de oír medias verdades”, sostuvo.

Bush ya anunció ayer no permitirá que Rove u otros funcionarios de la Casa Blanca comparezcan ante el Congreso. Esta movida podría reavivar el fuego dentro del Capitolio y darles aún más argumentos a los demócratas para convencer a la opinión pública de que la Casa Blanca está escondiendo algo.