El juez federal Juan Francisco Soto, el mismo que en agosto de 2005 dictó la orden al Estado de abonar a los herederos del grupo Greco una indemnización por 587 millones de pesos, se excusó ayer de seguir entendiendo en la causa y remitió los expedientes a la Cámara para que designe un nuevo juez. Después de la gran repercusión política que provocó el proyecto de ley que habilitaba el pago de esa suma, la novedad del autoapartamiento de Soto fue recibida como una buena noticia en el Ministerio de Economía. “Estamos contentos y tranquilos: es una consecuencia directa de la denuncia del ministerio acerca de la ilegalidad del pago y de la irregularidad del proceso que llevó a la sentencia favorable a los Greco, y ahora se abre la posibilidad de revisar la sentencia”, señalaron ayer fuentes muy cercanas a la titular del Palacio de Hacienda, Felisa Miceli, a este diario.

La ministra había quedado envuelta en las últimas semanas en medio de denuncias de la oposición, que la hacían responsable por la firma del proyecto que habilitaba la emisión de bonos para el pago al grupo Greco. Miceli, que asegura que ignoraba que el alcance de aquel proyecto abarcaba la deuda con los Greco, abrió un sumario sobre los funcionarios intervinientes en la causa y pidió a la Justicia que se la investigara. Pero no logró evitar que la oposición radical-lavagnista la siguiera sentando en el banquillo. Ahora, el cambio de juzgado le abriría la puerta a una contraofensiva política. Y a partir del sumario interno, además, surgirían elementos que comprometen a funcionarios cercanos al propio Roberto Lavagna en su paso por el ministerio.

Tal como relató Marcelo Zlotogwiazda en la edición de Página/12 del domingo 4 de marzo, la conducción económica, desde que quedó a cargo de Felisa Miceli, buscó eludir el pago a Greco, pese a que cuando llegó al Palacio de Hacienda, en diciembre de 2005, la decisión judicial tenía sentencia firme puesto que se había dejado vencer el plazo de apelación.

Recién hacia mediados del año 2006 los abogados de la nueva gestión tuvieron acceso a los expedientes, a partir de los cuales iniciaron un proceso de revisión de procedimientos y responsabilidades. Consecuencia de esta investigación, hasta el mes de diciembre pasado –antes de que estallara el escándalo en el Senado–, una docena de abogados involucrados en el expedientes fue apartada de sus funciones en el Ministerio de Economía, todos ellos del departamento jurídico. “Eran los mismos que, cuando les pedíamos revisar el fallo que ordenaba el pago, nos respondían que correspondía pagar inmediatamente, incluso destacando las bondades del fallo. Tanta celeridad nos despertaba cada vez más sospechas”, recordaban anoche allegados a la ministra.

¿Por qué no se alertó de todo esto previamente a la firma del proyecto de ley que habilitaba el pago a los Greco? “Porque no supimos que ese proyecto, que habilitaba el pago de deudas por 1300 millones de pesos, incluía a los Greco, hasta que estalló la denuncia en el Senado. Ni en los fundamentos ni en el texto de la ley hacían alusión al caso Greco. El expediente llegó para la firma de la ministra como uno más, de rutina, que habilita la emisión de títulos para el pago de deudas varias. Para nosotros, el expediente Greco estaba parado y nos enteramos de que había pasado al Congreso después de la denuncia de los senadores radicales (Gerardo Morales y Ernesto Sanz)”, respondió la misma fuente.

El estallido del tema aceleró los tiempos, y del sumario y la investigación se saltó a la denuncia concreta: contra los funcionarios que debían representar al Estado, contra la actora (grupo Greco) y contra el propio juez Soto, todos sospechados de “apartarse del proceder que legalmente correspondía”. La actora reclamó la liquidación de la deuda exigida (marzo de 2005) en función de un acuerdo de partes que jamás existió; el juez homologó el presunto acuerdo (agosto de 2005) y la representación del Estado dejó pasar la oportunidad de apelar haciendo caer los plazos procesales. En esta instancia, la responsabilidad del subsecretario legal del ministerio en ese entonces, Osvaldo Siseles, y de su inmediato superior, Eduardo Pérez (secretario de Legal y Técnica), serían cruciales. Ambos son hombres de estrecha confianza de Roberto Lavagna. La misma causa que el ex ministro devenido candidato está utilizando para martirizar a su sucesora podría convertirse en un boomerang.

Pero la causa tiene orígenes más remotos. Los primeros acuerdos para resarcir a los Greco por el “desapoderamiento” de sus empresas de la que fue víctima a manos de la dictadura (abril de 1980) fueron firmados por Raúl Alfonsín entre 1986 y 1987. Estos acuerdos fracasaron, pero el 6 de julio de 1989, tres días antes de abandonar el barco en manos de Carlos Menem, Alfonsín firmó el decreto que habilitaba la “cuantificación” de la deuda con los Greco para su posterior liquidación. Este decreto es el que citó la actora para iniciar acciones judiciales en 1995. En las últimas semanas, Alfonsín visitó a Sanz en el Senado para interesarse en el tema, en presencia de Jorge Capitanich, el miembro informante por el oficialismo que defendió el polémico proyecto de pago a innominados acreedores.