Por primera vez todo el Frente Amplio (FA) le dijo que no al presidente Tabaré Vázquez. Esta semana, una comisión de diputados, senadores y representantes de la Mesa Política del FA se reunieron con el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, para informarle que rechazaban unánimamente el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que propone indemnizar a los familiares tanto de las víctimas de las guerrillas como del terrorismo de Estado, que fallecieron entre 1962 y 1976. En esa reunión, Fernández habría reconocido que el gobierno se equivocó al impulsar el proyecto y aceptó empezar a discutir modificaciones, que irían desde desdoblar en dos la iniciativa hasta ampliar el período histórico en cuestión para sumar a las víctimas de la tortura y a los desaparecidos.

Mientras a puertas cerradas los legisladores del Frente y los dirigentes partidarios le dieron la espalda sin dudar al proyecto del presidente Vázquez, públicamente se cuidaron de no hacer de este enfrentamiento un conflicto entre la coalición y el gobierno. “No hay que olvidar los pasos que dio este gobierno en pos de la verdad y la justicia. El presidente está intentando generar gestos que permitan sanar las heridas”, explicó la senadora socialista Mónica Xavier a este diario. “Pero esto no significa que podamos aceptar términos que faltan a la verdad histórica, como nosotros la entendemos”, se apuró a agregar.

Quizá para evitar un quiebre con el presidente o para permitirle una salida digna de este asunto, las bancadas oficialistas de las dos Cámaras están analizando cambios al proyecto, en vez de rechazarlo directamente en una votación. “Por ahora todo está por verse. Se está discutiendo todo”, dejó abierto el jefe de la bancada en el Senado, Alberto Couriel. Según el legislador, hay propuestas para hacer dos proyectos, uno para los familiares de los policías y militares muertos en enfrentamientos con la guerrilla y otro para los familiares de los torturados, desaparecidos y asesinados por la dictadura y todos los que actuaron en nombre de ella.

También se discute la creación de una comisión para estudiar cada caso. Esta había sido una de las demandas de la organización Madres y Familiares de Desaparecidos durante las reuniones que mantuvo tanto con el gobierno como con los legisladores esta semana. La idea es sumar a víctimas del terrorismo de Estado que no están incluidas en el proyecto, pero también revisar la lista de los policías y militares fallecidos. Según denunciaron los organismos de derechos humanos, hay varios casos en los que no está clara la responsabilidad de los movimientos guerrilleros. Además, la gran mayoría de los legisladores pretende ampliar el período histórico hasta el final de la dictadura, en 1985. Eso significaría agregar unos 200 nombres de víctimas de la dictadura, pero ninguno de víctimas de la guerrilla, porque en ese período no las hubo.

Para Guillermo Payssé, coordinador de Serpaj en Uruguay, ésta no es la solución, pero es un principio. “El espíritu en muchos casos sigue siendo el mismo. Algunos cambios, como el desdoblar el proyecto en dos, no son suficientes, pero espero que los legisladores intenten mejorarlo”, aseguró el defensor de derechos humanos en diálogo con Página/12. Para Payssé el problema de fondo es que el presidente está apurando los tiempos. “Se quiere forzar una conciliación. Uruguay tuvo más de 200 desaparecidos y hasta ahora sólo se han encontrado los cuerpos de dos de ellos. Todavía falta mucha verdad”, señaló.