“América latina es la región del mundo más golpeada por la violencia armada. Aquí se registra el 42 por ciento del total de homicidios con armas de fuego en el planeta.” Martín Angerosa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) de la Argentina, le dijo a Página/12 que ése es el porcentaje que estima una entidad llamada Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (Clave), integrada por ONG de América del Sur y el Caribe. Denis Mizne, del Instituto Sou Da Paz, de Brasil, precisó que las muertes son provocadas por “la violencia urbana y el descontrol de las fuerzas de seguridad, lo que conforma una situación de tal gravedad que, como mínimo, merece una reflexión a fondo para buscar soluciones”. El tema de las armas en manos de civiles, actualizado por la masacre provocada en Estados Unidos por el estudiante surcoreano Cho Seung-Hui, fue cuantificado por Angerosa: “El 60 por ciento de las armas en el mundo está en manos de particulares. El resto se reparte entre las fuerzas armadas y de seguridad. Sólo el 2 por ciento está en poder de grupos insurgentes”. Los miembros de Clave derribaron un mito: el mayor porcentaje de homicidios –entre el 50 y el 60 por ciento– ocurre “como resultado de conflictos interpersonales y no por hechos delictivos comunes”.

“En Brasil –precisó Mizne– hay 17,5 millones de armas, de las cuales el 90 por ciento está en manos de civiles. El otro diez por ciento está en manos de las fuerzas armadas o policiales. Y estamos en un país que tiene 100 muertes al día por armas de fuego.” Carola Concaro, del Inecip, dijo que la situación en la Argentina es “preocupante” y citó como ejemplos cercanos el asesinato en Neuquén del docente Carlos Fuentealba, producto de la represión policial, y el caso del niño Ayrton Alvarez, de 9 años, que murió en Zárate al ser baleado por un vecino, Néstor Zanini, un jubilado de 71 años que reaccionó con violencia inusitada, molesto por la presencia, frente a su casa, de un micro manejado por un tío del chico.

“Los dos hechos son graves y por eso fueron planteados ante el ministro del Interior (Aníbal Fernández) durante una reunión que tuvimos en la Casa de Gobierno el lunes pasado. Nos preocupa el descontrol en la gestión del conflicto social, uno a manos de un particular y el otro con intervención de la fuerza policial, en un escenario eminentemente social. No es común matar con una escopeta lanzagases, que es un material controlado por el Renar (Registro Nacional de Armas)”. Concaro sostuvo que en el caso de Neuquén “entra en discusión cómo se asigna las armas en la policía”. De todos modos, Concaro reconoció que “el gobierno está apoyando el plan de desarme que impulsamos con la Red Argentina para el Desarme, para que los civiles entreguen en forma voluntaria las armas que tengan en sus casas”.

Angerosa puntualizó que el caso “es más grave, teniendo en cuenta que el policía involucrado (Darío Poblete) tenía antecedentes penales”. Recordó que, en esos casos, lo que las ONG reclaman es “que se le retire el arma porque está claro que una persona con antecedentes violentos no puede llevar un arma”. Denis Mizne comentó que en Brasil, “donde somos conocidos por tener una policía bastante violenta, hemos logrado que si un policía está involucrado en un caso de violencia, sea retirado del servicio de calle por seis meses, para recibir tratamiento psicológico, aunque no haya recibido una sanción judicial por el hecho cometido”.

Las muertes provocadas por armas de fuego son también un problema en la República Dominicana, según los datos aportados por Orlidy Inoa, investigadora del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho. “En nuestro país el 65 por ciento de las armas está en manos de civiles. La población total es de ocho millones de habitantes y según los datos de un estudio realizado por la Flacso (Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales), hay 1950 muertes anuales por impactos de balas. Es una cifra bastante importante para un país con ocho millones de habitantes.”

Ana Yancy Espinoza, coordinadora del Area de Paz y Seguridad Humana de Costa Rica, puntualizó que en la cifra de muertes “el porcentaje más alto de violencia es el que se da en las relaciones de confianza, al menos en mi país y en Centroamérica. Alrededor del 55 y el 60 por ciento de los casos que ocurren tienen como protagonistas a personas que se conocen. Y esos casos no deben tomarse dentro de lo que es la criminalidad común”.

Carola Concaro confirmó que “es un mito” la creencia, favorecida a veces por los que reclaman políticas de “mano dura” policial, que la mayoría de los homicidios ocurren durante robos o hechos delictivos comunes. “En el marco del Cono Sur, en general, el uso del arma de fuego tiene que ver con defensa personal o está asociada a lo que se llama la legítima defensa. En la Argentina pasa lo mismo. Del total de homicidios que registra la Justicia, el 50 por ciento fue cometido en ocasión de delito, con arma de fuego, y la otra mitad no. La mayor cantidad de muertes se da en los conflictos interpersonales. Por eso nosotros hablamos siempre de una pauta cultural que está creciendo en ese sentido.”

Julio Torales, de la filial de Amnistía Internacional con sede en Asunción del Paraguay, dijo que “uno de cada seis paraguayos es poseedor ahora de armas de fuego”. Eso hace suponer que “al menos hay un millón de armas circulando en un país de 5,9 millones de personas”. Del total de armas en circulación “apenas 600 mil están registradas y sólo 300 mil están en manos de policías o militares”. Precisó que la mayoría de los civiles armados reside “en zonas conflictivas como Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, en la zona de las tres fronteras”, con Argentina y con Brasil. Según Torales, en esas zonas “todos los días hay asesinatos por mandato o secuestros que terminan en muerte. Es un polvorín, en un lugar donde hay mucho tráfico ilegal de drogas”.

Torales coincidió en que una buena parte de las muertes se debe a conflictos interpersonales. “El 25 por ciento de las mujeres que son asesinadas en Paraguay cada año muere a manos de sus cónyuges o de sus concubinos mediante un arma de fuego”. Por ese motivo “una de las principales consignas de las organizaciones feministas es la necesidad de ‘sacar a las mujeres de la línea de fuego’ en su propio hogar.” Torales resaltó que “una de las principales causas de muerte de las mujeres, en mi país, es por agresión cometida por su cónyuge”.

El dirigente de Amnistía Internacional precisó que, al margen de los casos de violencia doméstica, “la tasa de mortalidad materna en Paraguay es de 183,5 y ocupa el quinto lugar en América Latina, después de Haití y de Bolivia, mientras que la tasa de muerte violenta de mujeres supera en cuatro a la de los varones, sobre todo por la violencia doméstica”. El otro foco de conflicto es por el acceso a la tierra. “Todos los días hay manifestaciones de campesinos reclamando al derecho a la tierra que terminan en represión policial y con campesinos muertos o heridos por mal uso y abuso de armas de fuego” en manos de las fuerzas del Estado.