La policía británica, en colaboración con la Guardia Civil, detuvo ayer en Sheffield, al norte de Inglaterra, a tres etarras que estaban escondidos desde hacía varios meses en un apartamento de dicha ciudad. Los terroristas fueron localizados gracias al seguimiento del liberado –fichado y a sueldo– Zigor Ruiz Jaso, quien condujo hasta Ana López Monge e Iñigo Albizu Hernández. La operación ha confirmado la sospecha de que miembros de ETA han optado por esconderse en Gran Bretaña ante el aumento de la presión en Francia. El grupo está considerado un “talde” de reserva, que iba a regresar a España por el “ferry” a Santander supuestamente para sustituir al recién desarticulado “comando Donosti”.

Las investigaciones fueron iniciadas por la Guardia Civil tras la desarticulación, el 28 de marzo, del comando Urederra, afincado en Guipúzcoa. Los agentes determinaron que Zigor Ruiz Jaso, “Lukas”, de 28 años y natural de Pamplona, habría participado en el atentado con bomba perpetrado contra la sede del Instituto Social de la Marina de Motrico –Vizcaya–, el pasado 28 de febrero, que fue anunciado previamente en nombre de ETA.

Ruiz Jaso era uno de los liberados a cuya captura había dado preferencia la Guardia Civil, junto a Alejandro Zobaran, Plaza Fernández y Ekaitz Aguirre Goñi, “Ehun”. El primero pasó a Francia poco después de ese atentado, donde sus pasos fueron detectados por los Renseignements Généraux de la policía francesa. La declaración ante la Guardia Civil de uno de los detenidos en la operación de marzo, según las fuentes consultadas, permitió determinar que había saltado al Reino Unido, tras cruzar el Canal de la Mancha, posiblemente en barco.

La vivienda quedó totalmente localizada y, tras comprobar las identidades, Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, emitió una primera orden de detención, hace tres semanas. Sin embargo, ésta no fue aceptada por las autoridades judiciales británicas por entender que no se justificaba plenamente. Funcionarios de la policía antiterrorista británica con base en Leeds se desplazaron entonces a Madrid para entrevistarse con los jueces Garzón e Ismael Moreno –Juzgado Central de Instrucción número 2– y clarificar las razones de las sospechas españolas. Los agentes británicos fueron informados de la fuerte sospecha de que los tres terroristas pretendieran entrar en breve en España con el supuesto objetivo de relevar al comando desarticulado. La previsión es que lo hicieran en el barco que enlaza Plymouth con Santander. La segunda orden de detención sí fue aceptada por el juez británico. La detención fue ejecutada por la policía de South Yorkshire y la Unidad Contraterrorista de Leeds, que dirige el detective Peter Clarke, con la asistencia del MI5, la agencia de inteligencia interior del Reino Unido. Agentes de la Unidad Central Especial l –UCE-1– de la Guardia Civil participaron como observadores en la operación de Sheffield. Los terroristas no ofrecieron resistencia al arresto y, según las fuentes consultadas, no portaban armas aunque sí documentos de identidad falsificados. Los tres fueron conducidos ayer mismo ante el juez del Tribunal de Westminster, en el centro de Londres, acusados de los delitos de “participación en una organización criminal y delitos terroristas”.

El registro practicado en la vivienda ha permitido hallar documentación de la organización terrorista, que anoche seguía en poder de las autoridades británicas. El Ministerio del Interior español informó por escrito que los tres detenidos “no tenían información sobre objetivos, según se desprende de las investigaciones iniciales realizadas por las fuerzas policiales”. Otras fuentes policiales, sin embargo, apuntan a que podrían tener información referida a Santander.

Por otro lado, la patronal vasca Confebask y el Departamento de Interior confirmaron ayer que empresarios de Euskadi han recibido esta semana nuevas cartas de extorsión de ETA, en las que la organización terrorista incrementa sustancialmente las cantidades que exigía hasta ahora. En las anteriores, la cuantía reclamada variaba entre los 60.000 y los 70.000 euros, mientras que en las últimas cartas oscila ente los 180.000 y 300.000 euros, según adelantó El Correo.

Las misivas pertenecerían a la última remesa detectada en marzo, aunque se desconoce la razón por la que no han llegado hasta ahora e incluyen un importe que duplica el de anteriores cartas. Lo que no cambia es el tono de la intimidación utilizado desde el inicio de la tregua de marzo de 2006, que evita la amenaza directa y presenta el chantaje como una “aportación” voluntaria para “la construcción nacional”.

Los responsables de la lucha antiterrorista ya esperaban que ETA aprovechara el clima creado por el atentado de Barajas para intentar aumentar sus menguados ingresos mediante la extorsión. La reactivación del llamado impuesto revolucionario y el temor a que la banda reanude sus atentados ha hecho que significados empresarios y representantes de las patronales vascas hayan decidido recuperar sus escoltas. Juan Antonio Zárate, responsable de Hacienda de la Diputación de Alava, gobernada por el PP, afirmó ayer que conocía la existencia de la extorsión y acusó a “algún sector” del empresariado de intentar ocultar esa realidad.

* De El País de España. especial para Página 12.