El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció ayer, en una sorprendente decisión, que se pronunciará próximamente sobre la legalidad de los juicios a los que son sometidos los presos en la base militar estadounidense de Guantánamo. Teniendo en cuenta los precedentes pronunciamientos del Supremo en relación con este asunto y la constante pérdida de autoridad de la administración republicana al respecto, esto podría constituir el golpe de gracia a un sistema de detención que ha hecho sonrojar a Estados Unidos ante los ojos del mundo.

La decisión del Supremo estadounidense corrige otra del mismo tribunal el pasado mes de abril en sentido contrario. En aquella fecha, la más alta institución judicial del país consideró que no debería pronunciarse sobre si los presos de Guantánamo tenían derecho a acudir a tribunales federales ordinarios.

Ahora, tras la insistencia de los demandantes, el Supremo decide, en un gesto del que no se encuentran antecedentes en la memoria reciente, que su posición anterior fue equivocada y que, en efecto, el caso merece ser atendido y que será objeto de un pronunciamiento en una fecha futura y en ningún caso anterior al próximo otoño.

Este es, por supuesto, un gran triunfo de los abogados que representan a algunos de los cerca de 400 detenidos en Guantánamo –los que han llevado el caso adelante– y un nuevo traspié de la administración que dirige el presidente George W. Bush, que podría incluso llegar a decidir que no vale la pena seguir batallando en defensa de ese campo de detención y lo cierre por voluntad propia.

Si el Supremo es coherente con sus decisiones anteriores sobre este asunto, Bush puede esperar, con alta probabilidad, un veredicto contrario a sus intereses. El Supremo se ha pronunciado dos veces sobre Guantánamo, y las dos veces en contra de la política de la administración.

En 2003, el Tribunal Supremo contradijo al gobierno y le advirtió que, pese a sus particulares condiciones de captura –no son militares en el sentido tradicional ni civiles sospechosos de delitos comunes–, tenían derecho a ser juzgados. Posteriormente, el Supremo rebatió también una orden de la Casa Blanca sobre la creación de comisiones de militares para juzgarles y exigió que los juicios se desarrollaran de acuerdo con leyes aprobadas por el Congreso. Poco después, el Congreso, todavía con mayoría republicana, respondió con una ley a medida de Bush que daba luz verde a esas comisiones militares. Ahora, el Supremo vuelve a ocuparse del asunto para pronunciarse sobre la legalidad de esta última medida. Si la administración está tan preocupada al respecto es porque sabe el alto riesgo que corre de que los nueve altos magistrados le quiten la razón. Hasta tal punto eso es así, que no sería extraño que cuando el Supremo llegue a pronunciarse Guantánamo ya esté cerrada. Actualmente hay un debate abierto en el seno de la administración sobre la conveniencia de mantener abierta esa instalación. Ese debate trascendió a la prensa la semana pasada y fue suspendida una reunión en la que iba a ser tratado el asunto.

Básicamente, las fuerzas están divididas entre la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el secretario de Defensa, Robert Gates, por un lado, que creen que Guantánamo acarrea ya más perjuicios que ventajas y debe de ser cerrada, y el vicepresidente, Dick Cheney, y el fiscal general, Alberto Gonzales, por otro, que todavía recomiendan mantener abierta esa prisión.

El argumento de estos últimos es el de que los interrogatorios en Guantánamo, sin la protección que la ley da a los presos bajo el sistema de Justicia norteamericano, está aportando información muy valiosa en la lucha contra el terrorismo. Entre los presos se encuentra actualmente Khalid Shaik Mohammed, considerado el cerebro de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Rice y Gates, por su parte, estiman que la información que se pueda estar obteniendo no compensa en absoluto el enorme daño que Guantánamo está haciendo a la imagen internacional de Estados Unidos y a su capacidad de formar alianzas y buscar amigos precisamente para luchar contra el terrorismo.

El sector, digamos, moderado del gobierno tiene hoy a su favor el declive en el que han entrado desde hace meses figuras como Gonzales y Cheney –ambos se encuentran literalmente con la soga de las investigaciones parlamentarias al cuello–, aunque éstos siguen siendo las personas de máxima confianza del presidente y los grandes estrategas de la política de seguridad de la Casa Blanca.

Aun queriendo seguir a sus más estrechos amigos y colaboradores, Bush se va viendo cada día legalmente más incapacitado para mantener Guantánamo. Además de la decisión del Supremo, la situación de esa prisión en la isla de Cuba está pendiente de sentencias de tribunales federales de apelaciones y de la propia capacidad de los tribunales militares para actuar allí. Dos jueces militares que presidían otros tantos tribunales coincidieron recientemente en que no podían juzgar a los presos por un pequeño problema semántico que los hacía incompatibles con esos juicios. En el momento de la detención fueron catalogados como “combatientes enemigos” y la ley sobre esos tribunales afecta a los “combatientes enemigos ilegales”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.