No fue un buen día político para el presidente boliviano Evo Morales. En los primeros minutos de ayer, la oposición integrada por Podemos, Unidad Nacional y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, decidió archivar el juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional en mayo pasado y, con ello, dio un doble golpe al oficialista Movimiento Al Socialismo: no podrá cambiar a los magistrados nombrados en 2003 por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus aliados, y ahora la Asamblea Constituyente vuelve a tener un órgano por encima de ella. Fueron seis horas de discursos, amagues de pugilato e insultos de todos los calibres los que se necesitaron para que la oposición impusiera su mayoría en el Senado. Con ello, los magistrados Walter Raña, Martha Rojas, Artemio Arias y Elizabeth Iñíguez podrán volver a sus puestos en el Tribunal Constitucional con el suficiente poder como para aplazar elecciones, considerar ilegales nombramientos de jueces de la Corte Suprema de Justicia o echar por tierra cualquier decreto de Evo Morales.

Es por eso que el presidente boliviano, en su primer discurso luego del tropezón político, se declaró víctima de la Justicia boliviana. Enumeró un largo rosario de fallos del TC en su contra y aseguró que lo sucedido la madrugada de ayer no fue más que un nuevo coleteo del neoliberalismo en Bolivia. Recordó que los partidos políticos que hoy tienen representación en el Senado nacional son hijos de los que se repartieron los cargos en el Tribunal: ADN (Podemos), MIR (UN) y MNR.

La máxima instancia de la Justicia boliviana tiene en su poder recursos de inconstitucionalidad contra políticas clave del gobierno de Morales, como la nacionalización de los hidrocarburos, la expulsión de los mineros cooperativistas del cerro Posokoni y el pedido de derogación de un decreto anticorrupción. Es por ello que el presidente pidió a sus representantes ante la Asamblea Constituyente que uno de los cambios a la Carta Magna fuera que las autoridades del Poder Judicial ya no sean elegidas por el Congreso, sino por el pueblo a través del voto universal.

Como único recurso, al oficialismo le queda interponer un recurso de nulidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que declare ilegal la resolución que los libró del juicio que les seguía Morales. La base del sobreseimiento de los magistrados es una resolución de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que no encuentra motivos para juzgar a los tribunos. Los senadores del oficialismo aducen que no conocían la resolución y que no les fue entregada con la antelación que prevé su reglamento de debates, lo cual convertiría en ilegal la resolución.

Pero la consecuencia más seria de la decisión de los senadores es que la Constituyente boliviana vuelve a tener control constitucional. El pedido de juicio contra los magistrados fue aprobado por la Cámara de Diputados el 16 de agosto, un día después de que la bancada oficialista aprobara por mayoría absoluta en la Asamblea Constituyente que el pedido de retorno de los poderes Ejecutivo y Legislativo no debía discutirse en el cónclave. La oposición tenía listo el recurso de nulidad contra la resolución, pero al ser suspendidos cuatro magistrados, el Tribunal Constitucional se quedó sin los suficientes jueces para seguir trabajando. Ahora, la oposición puede utilizar al TC para obligar al MAS a discutir este tema en la Asamblea, ya que el oficialismo sacó el tema de la discusión por mayoría absoluta, cuando el reglamento de debates obliga a que lo haga por dos tercios.

Pero a estas alturas, éste es el menor problema que tiene la Constituyente. En estos momentos explotan cachorros de dinamitas alrededor de la sede de funciones de la Asamblea y, pese a ello, la presidenta del cónclave, Silvia Lazarte, insiste en convocar a una plenaria para hoy a las 10.00 (hora argentina). Los campesinos de Bolivia han anunciado que rodearán el teatro Gran Mariscal de Ayacucho para permitirle a la Asamblea continuar, mientras los estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier de Sucre juraron que no permitirán que se realice la sesión hasta que la Asamblea reponga el pedido de retorno de los poderes. La batalla ya está anunciada –en Bolivia las guerras anunciadas siempre matan soldados– y con la amenaza de Lazarte de llevarse la Asamblea a Oruro, el ambiente es poco menos que explosivo y hoy puede estallar.