El Transantiago sigue causándole dolores de cabeza a la Concertación. Esta semana un grupo de casi 900 chilenos decidieron unirse y presentar una demanda colectiva contra el Estado por incumplimiento del servicio y los trastornos que ello causó en sus vidas. En total piden 34 millones de dólares –poco más de 38 mil para cada uno– para reparar los conflictos laborales e incluso matrimoniales que provocaron las demoras y los “malos tratos” del nuevo servicio de colectivos de la capital. Pero las presiones no sólo se encauzan por los tribunales. La comisión investigadora del Congreso que se ocupa del caso le pidió al ex presidente Ricardo Lagos que le explique al pleno cómo fue la creación del proyecto del Transantiago, que se realizó durante su gobierno.

No es la primera vez que el Estado chileno es demandado por el mal funcionamiento del Transantiago, el servicio de colectivo urbano que se comenzó a implementar en la capital a principios de año. En abril pasado, cuando la crisis todavía ocupaba la tapa de todos los diarios, el ex candidato presidencial humanista Tomás Hirsch querelló al Estado y a las empresas de colectivos por infringir la ley del consumidor, al difundir publicidad engañosa. La causa no llegó muy lejos. A las pocas semanas la Justicia la declaró inadmisible y el asunto terminó allí. Sin embargo, cinco meses después centenares de usuarios retomaron la estrategia de Hirsch. Según el director ejecutivo de la Fundación Chile Ciudadano, el abogado Tomás Fabres, esta vez podrían tener más suerte. “Si se han reunido 900 personas y demandan la falta de servicios, es decir el incumplimiento de la actividad prestacional del Estado, esa demanda puede, sin duda, prosperar”, opinó.

En las últimas semanas, mientras tanto, varios funcionarios y ex funcionarios desfilaron por el Congreso para dar explicaciones por el fracaso inicial del Transantiago. Algunos, como el ex ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de Lagos, Jaime Estévez, asumió toda la responsabilidad e intentó liberar de toda culpa al ex mandatario. “Al presidente no le correspondía redactar los contratos”, aseguró dos lunes atrás. A pesar de asumir la responsabilidad política, Estévez aseguró que la principal falla estuvo en el no cumplimiento de algunos aspectos de los contratos por parte de las empresas privadas.

Esa misma línea argumental intentó mantener el ex ministro de Transporte Sergio Espejo, una de las víctimas políticas de la crisis desatada por el fracaso del Transantiago. “Ningún consultor, ninguna empresa vinculada al proyecto, ni autoridad del gobierno en el seno de los comités de ministros involucrados plantearon que no era posible implementar el Transantiago”, declaró ante los legisladores. Espejo estaba refutando al ministro del Interior Belisario Velasco, quien días antes había dicho a la prensa local que él había advertido sobre los defectos del sistema de transporte.

A pesar de que ninguna evidencia señala directamente al ex presidente Lagos, la oposición se niega a resignar la posibilidad de interpelar al hombre que durante años fue políticamente intocable. “Creemos que para cerrar el capítulo de lo que fue el diseño del Transantiago que recayó fundamentalmente en el gobierno de Lagos es muy importante escuchar su testimonio”, explicó el diputado de la Unión Democrática Independiente (UDI), Patricio Melero. Lagos todavía no respondió a la invitación, a la que legalmente también puede contestar presentando una declaración escrita.