Desde Salta

Elena Highton de Nolasco atravesó con alegría el hall del hotel, reconfortada con el aire acondicionado. Cambió en un santiamén su trajecito de tonos marrones y verdes por uno celeste y se pasó la tarde de reunión en reunión. “El juez no tiene la vida sellada en un cargo, una vez que deja de ser juez puede ser político”, aseguró en un huequito que se hizo para atender a Página/12. Lo importante, enfatizó, es que “como juez debe tener independencia” y que “cuando se convierte en político no ande buscando algo que no corresponde con los jueces”. La apreciación venía a cuento de la oferta que está estudiando el juez federal del caso Skanska, Guillermo Montenegro, para ser ministro de Justicia de Mauricio Macri. Pero también encaja justo con uno de los principales temas que se debatirán en la Conferencia Nacional que empezará hoy en esta ciudad y reunirá a cerca de 500 magistrados de todo el país dispuestos (eso dicen) a debatir qué hacer con sus grandes falencias. Entre ellas, su –en muchos casos– maltrecha independencia.

A Highton le tocó ser la primera jueza suprema en aterrizar en medio del vaho de la siesta salteña, una experiencia ardua para quienes fueron llegando con botas y manga larga. Sus colegas comenzaron a aparecer por la noche. La Corte Suprema es, de hecho, el motor de este megaevento que, en buena medida, pondrá a prueba hasta qué punto la familia judicial está dispuesta a resignar un poco de su histórico sello de cofradía para conectarse con los reclamos de la sociedad. Las demoras de la Justicia en general, las barreras para acceder a ella, el corporativismo, la falta de independencia y su papel frente a demandas como la de seguridad serán ítems centrales en la agenda del encuentro.

En la jornada inaugural, que arrancará a las 11 de hoy con discursos varios, Highton será la coordinadora del taller donde Sus Señorías discutirán sobre la tendencia a la “judicialización” de los conflictos: el aumento de “la litigiosidad” hasta un 500 por ciento, como dicen los entendidos. El presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, comandará el grupo que hablará sobre los problemas en el servicio que presta el Poder Judicial. Repartirá, a la vez, sus propuestas de “políticas de Estado para el Poder Judicial”. Carmen Argibay estará en el taller sobre independencia. Los tres funcionarán en simultáneo y, para mañana, tendrán conclusiones.

“En realidad, todo podría resumirse en una sola cosa: el mejoramiento de la gestión”, explica Highton de Nolasco. “Pero, para mí, el tema clave es el acceso a la Justicia”, deja picando.

–¿Por qué lo dice, por aquello de que hay una justicia para ricos y otra para pobres? –le pregunta este diario.

–No diría eso, la justicia es la misma y cualquiera puede acceder, hay igualdad. Hay otras barreras que no dependen de los jueces. Las demoras son reales: uno está ante un tribunal y cuando llega la sentencia es tarde, pero esto es un problema propio de la estructura. Otras barreras que son socioeconómicas y culturales, dependen del Estado en general, pero no del Poder Judicial. Alguien que es pobre puede que le falte el conocimiento, asesoramiento, el dinero, el tiempo, para ir a un juez. Todo el Estado tiene que poner algo para que haya mayor acceso.

–¿Falta voluntad política desde el Estado para superar las barreras?

–De un día para otro no se puede. Sí creo que la descentralización a través de centros barriales y servicios jurídicos gratuitos daría mayor acceso. Indudablemente, no es lo mismo para alguien ir a presentarse en el barrio que tener que ir hasta plaza Lavalle.

–Volviendo a las demoras, ¿los propios jueces no tienen responsabilidad?

–Sí, o sea, siempre hay jueces que pueden tardar más que otros. Pero muchos tienen la camiseta puesta y trabajan hasta la noche. Con los mismos jueces y más infraestructura se atenderían más casos, pero indudablemente más jueces harían falta. En Santiago del Estero, por ejemplo, hay mucha litigiosidad en causas de derecho humanos y un solo juzgado federal. En Salta el juzgado de ejecución penal tiene presos hasta en Rawson y Misiones.

–¿Es una intromisión que el Poder Ejecutivo pida más celeridad, como con las causas de derechos humanos?

–No lo creo, lo veo como la expresión de una opinión. Igual hay que ver cómo son los vericuetos de cada caso.

–¿Hay que sancionar a los jueces que se demoran, como propone un proyecto Consejo de la Magistratura?

–Hay que ver cada caso, pero los jueces ya pueden ser removidos por juicio político por eso.

–¿Qué le parece que un juez se pase a un cargo en la política?

–Mientras es juez debe tener independencia. Pero no tiene la vida sellada en un cargo, una vez que deja de ser juez puede ser político. Lo mismo que un político puede dejar de serlo y convertirse en juez. Los poderes del Estado son tres y se puede ser en un momento juez y en otro legislador, ministro o constituyente.

–¿Pero no está condicionado un juez desde el momento en que está pensando en ser político?

–Lo importante es que si un político deviene juez, no siga siendo político, y que el juez, cuando se convierte en político, no ande buscando algo que no corresponde con los jueces.

–También están los jueces que huyen de las causas de gran trascendencia.

–Y bueno, siempre hay jueces que se excusan por motivos fundados o menos fundados. Si se plantea el conflicto, lo resuelve una Cámara. Yo siempre me he quedado con todos los expedientes, he sido dura. Pero hay jueces que tiene mayor sensibilidad. También, a veces, hay sartas de recusaciones, como modo de los litigantes de perder el tiempo: recusan a un juez, a otro y al que sigue.

–¿Es válido el argumento de los jueces que se excusan por la amenaza de juicio político?

–Para ser juez hay que tener espaldas anchas y tomar lo que a uno le toca. Lo que corresponde es que un juez agarre lo que le toque. Es un rasgo de independencia y de estar cumpliendo con su cargo. Y no que tomen lo que les gusta y lo que es fácil, y lo que da lugar a mucha exposición pública no lo acepten.