Desde Córdoba

En el anochecer de un día otra vez agitado, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia confirmó a la jueza electoral Marta Vidal y le encargó que continúe con la supervisión del escrutinio definitivo. El conteo había comenzado al mediodía pero se suspendió luego de que los apoderados del Frente Cívico recusaran a Vidal por “enemistad manifiesta”. El recuento probablemente seguirá hoy según el método usual de revisar las actas firmadas por los presidentes de mesa y no abrir las urnas, salvo en casos excepcionales. “En la medida que un acta no dé las garantías suficientes, y a pedido de los veedores, se abrirán las urnas correspondientes”, dijo el secretario electoral, José Pérez Corti. La decisión del Tribunal Superior de Justicia no conformó a Luis Juez ni a sus simpatizantes, que en esta ciudad son mayoría (en la capital la candidatura a gobernador de Juez obtuvo el 49,5 por ciento). Para hoy a las 18 se anuncia la “marcha de las manos abiertas”, una protesta en la que los participantes caminarán con las manos alzadas, como si fueran víctimas de un asalto. Los manifestantes insistirán con el reclamo de apertura de urnas y recuento voto a voto. “La idea se le ocurrió al petiso (por Juez)”, comentó anoche Página/12 uno de sus principales colaboradores que hasta hace poco fue dirigente del Frepaso.

El miércoles había amanecido apacible en la capital cordobesa. Pero sólo por la temperatura y el solcito primaveral. Fuera de eso, se respiraba un clima de nervios que esta vez trascendía en serio el mundillo político. Por todos lados se veía la discusión sobre el presunto fraude. En las paredes sobraban afiches y pintadas. “Abran las urnas”, decían los más llamativos, sin firma y en enormes letras negras. “Que los medios digan lo que saben”, decían otros a varios colores y firmados por el colectivo Siete banderas. “¿Está mal decir que a Juez le robaron?”, se preguntaban otros. Las opiniones sobre la elección y las irregularidades del escrutinio convivían con el cotillón electoral que permanecía intacto desde el domingo. Como los carteles de Juez y su candidato a intendente de la capital, Daniel Giacomino, electo con más del 42 por ciento. Manos anónimas les habían agregado puntos rojos en sus respectivas narices. Esa parecía ser la única expresión favorable al peronista Juan Schiaretti.

El paisaje prometía una jornada llena de discusiones. Y así fue. Luego de que los apoderados del Frente Cívico, Miguel Ortiz Pellegrini y Ernesto Martínez, se presentaran en los Tribunales para recusar a la jueza Vidal, los abogados salieron del edificio rodeados por simpatizantes de Juez. Allí coincidieron con un grupo de manifestantes de Unión por Córdoba. Hubo insultos y algunos empujones. Los letrados del juecismo habían recusado a la jueza con el argumento de que la propia magistrada había reconocido que “no tuvo la capacidad de controlar al Correo Argentino”. “Ha confesado a todos los medios que se vio desbordada. Si no puede controlar un tramo de este proceso, no puede controlar nada”, la cuestionó Martínez. Tras la presentación de los juecistas se suspendió la revisión de actas: el Tribunal Superior de Justicia debía resolver si Vidal seguía a cargo del escrutinio.

El silencio de la Rosada

En el Frente Cívico no tenían demasiadas expectativas en que se apartara a la jueza. A media tarde ya se preparaban para que el máximo órgano judicial la ratificara en su función. Mientras el debate jurídico quedaba en manos del presidente del Tribunal Superior, Armando Andruet, y sus colegas del cuerpo, el propio Juez viajaba a Buenos Aires con unos pocos colaboradores. El objetivo, bastante obvio, era “nacionalizar” al máximo la polémica por las elecciones cordobesas. Juez llevaba una carpeta con los datos que, según sus partidarios, demostrarían que hubo fraude. Los elementos que más destacaban los juecistas eran la diferencia entre las 5987 mesas que había denunciado originalmente la justicia electoral con las 6152 que terminaron apareciendo en el programa informático que usó la empresa española Indra para ingresar los votos que llegaban en los telegramas.

Antes de partir para Buenos Aires, Juez empezó a pedir que el Gobierno rompiera su silencio. “Silencio... necesitamos acción, que alguien levante el teléfono y le diga a De la Sota que las instituciones se cuidan”, dijo. También le pidió que intervenga a Cristina Kirchner. “Es hermoso hablar elípticamente de la sociedad ideal, pero señora acá en Córdoba se están llevando puesta la institucionalidad”, demandó (ver entrevista). Más tarde, mientras Juez llevaba su reclamo a los medios nacionales, sus colaboradores se reunían para definir los detalles de la marcha de hoy. La movilización atravesará toda la ciudad, desde Colón y La Cañada hasta el Arzobispado. “Vamos a pedirle a De la Sota que garantice la seguridad y a la gente que haga una manifestación absolutamente pacífica”, anticipó a Página/12 Carlos Vicente, viceintendente electo de la capital.

La marcha contará con el apoyo de un sector del peronismo, que responde a la ex mujer de De la Sota, Olga Ruitort. También participarán varios gremios que apoyan al juecismo, como la UOM, Luz y Fuerza y el gremio docente provincial (UEPC) y movimientos sociales kirchneristas, como Libres del Sur. Habitual nexo entre esas organizaciones y el Presidente, el diputado Edgardo Depetri criticó ayer muy duro a De la Sota. “Tuvo una victoria empapada de sospechas de fraude electoral y con toda presunción de haber adulterado los resultados”, dijo en declaraciones a la agencia NOVA. Santafesino pero santacruceño por adopción, Depetri suele conversar mucho con Kirchner.

Asumidos como minoría en la capital pero muy fuertes en el interior y sobre todo en el sudeste de la provincia (límite con Santa Fe), los simpatizantes de Unión por Córdoba también enviaron sus mensajes hacia la Casa Rosada. El propio Schiaretti acusó a dos dirigentes kirchneristas muy afines al jefe de Gabinete, Patricia Vaca Narvaja y Graciela Ocaña, de “andar fogoneando romper la institucionalidad”. (ver entrevista)

La preocupación sobre posibles conflictos y choques callejeros pareció llegar hasta la Iglesia: ayer, el arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez, abogó por “preservar la paz social” y dijo que “ámbito adecuado para aclarar” las dudas es el “Poder Judicial”.

Las denuncias cruzadas de fraude no parecen ser algo nuevo en el peronismo cordobés. El diario cordobés La Voz del Interior recordó ayer que en agosto de 1993 De la Sota había acusado a Schiaretti de “robarle” una elección interna del PJ. En aquel entonces Schiaretti competía por una línea interna que encabezaba el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. “Con fraude nos quieren robar la victoria”, fueron las palabras de De la Sota que ocupaba la embajada de Brasil.