El gobierno iraquí anunció ayer que va a rever el estatus legal de todas las empresas de contratistas de seguridad privada que trabajan en el país. Esto sucede después de que el gobierno le prohibiera a la empresa estadounidense Blackwater trabajar en el país, como una reacción a la matanza de civiles. El número de muertos de los disparos del domingo aumentó a 11 y los heridos a 13. Blackwater se ha negado a disculparse y afirmó que sus víctimas, que incluían a mujeres y niños, eran “insurgentes armados y nuestro personal actuó legal y apropiadamente”. Washington intentó bajar la tensión ayer. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, llamó al premier iraquí, Nuri al Maliki, para ofrecer sus condolencias y prometió una investigación a fondo. Washington ha intentado distanciarse de la empresa, sin embargo, Blackwater estaba allí para brindar seguridad a muchos funcionarios estadounidenses, incluso al embajador.