Las libertades quedaron suspendidas ayer en Pakistán. Ganándose la crítica generalizada del mundo y de sus opositores, el presidente y general golpista Pervez Musharraf decretó el estado de emergencia en todo el país, argumentando que la Justicia se había vuelto un obstáculo para avanzar en la lucha antiterrorista. El mandatario no dudó en agregarle un toque de dramatismo a la situación. “Traten de entender el dramatismo de la situación en Pakistán y alrededor de Pakistán. Pakistán está al borde de la desestabilización”, aseguró en un discurso dirigido más al exterior que a sus conciudadanos. Sin embargo, sus palabras no convencieron ni a los de afuera ni a los de adentro. Mientras la ex primera ministra Benazir Bhutto, la principal figura de la oposición, aseguró que el decreto deja al país al borde de una dictadura, Estados Unidos y Gran Bretaña condenaron la decisión de Musharraf, aunque advirtieron que no romperán su alianza militar.

Para Musharraf la sangrienta vuelta al país de Bhutto demostró que la situación de seguridad del país ha llegado a un nivel crítico. El mes pasado, la ex primera ministra retornó a su provincia natal después de un exilio autoimpuesto de ocho años. Cerca de dos millones de personas estaban en el aeropuerto para darle una bienvenida, que impresionó tanto a sus aliados como a sus detractores. Sin embargo, pocas horas después el festejo se convirtió en un masacre, cuando dos bombas estallaron en medio de la caravana en la que viajaba, dejando casi 140 muertos. Esta escena no era del todo ajena para los paquistaníes, que desde julio pasado, cuando el gobierno de Musharraf se enfrentó con los islamistas extremistas por el control de la Mezquita Roja, habían sufrido más de 20 atentados masivos que habían dejado cerca de 200 muertos.

A pesar de las críticas –internas y externas– que Musharraf recibió por la sucesión ininterrumpida de atentados, el general se benefició del clima de inseguridad en las últimas elecciones presidenciales de hace un mes, en las que arrasó. Por eso, para la oposición hay que buscar la verdadera explicación al estado de sitio en otro lado. Ayer más de un paquistaní recordó el enfrentamiento de principios de año entre Musharraf y el presidente de la Corte Suprema, cuando escucharon el discurso del mandatario. “Algunos miembros de la institución judicial trabajan contra los poderes ejecutivos y legislativos en la lucha contra el terrorismo y el extremismo”, explicaba en la televisión.

A principios de año, Musharraf se enredó en una disputa pública con la Corte y con el Colegio de Abogados Nacional. El mandatario, cansado de recibir reveses judiciales, había ordenado la remoción del presidente de la Corte, un magistrado muy respetado. El despido generó una serie de protestas masivas en las calles de Islamabad, en donde los manifestantes no eran islamistas extremistas, sino abogados de traje y corbata, que ganaron rápidamente la simpatía de los medios occidentales.

Casualmente, fue el mismo tribunal supremo el primero en rechazar el decreto, al que tildaba de inconstitucional. Los jueces también aprovecharon para destacar que el gobierno justo decidía suspender las instituciones –entre ellas, la Justicia– cuando la Corte debía dar su veredicto sobre el resultado de las elecciones presidenciales. A pesar de que Musharraf ganó con holgura en el Parlamento nacional y las asambleas locales –el sistema electoral no reconoce el voto directo–, el tribunal todavía tenía que decidir sobre varios recursos que impugnaban al mandatario porque todavía ejercía la comandancia del ejército, como cuando se alzó en armas en 1999.

Los aliados externos de Musharraf no quisieron entrar en detalles sobre las causas que impulsaron el decreto, pero sí dejaron en claro su rechazo. “No apoyamos las medidas extraconstitucionales y esperamos que, pase lo que pase, vuelvan rápidamente al camino constitucional”, aseguró la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice. A pesar del descontento que trasmitió la funcionaria, horas después el Pentágono aclaraba que aunque no estaban de acuerdo con la decisión del presidente paquistaní, eso no afectaría la alianza militar entre los dos países. “Seguimos apoyando los esfuerzos paquistaníes en la lucha antiterrorista”, afirmó el vocero de la cartera, Geoff Morrell.

Desde Londres, el canciller británico David Miliband difundió un comunicado en el que expresaba su inquietud e instaba a Musharraf a actuar dentro de los límites de la Constitución. Miliband reconoció que existen amenazas a la paz y a la seguridad en Pakistán, pero aseguró que la única forma de enfrentarlas es fortaleciendo la democracia, y no debilitándola.