“La CGT va a actuar con responsabilidad, pero eso no significa que no vaya a reclamar que el salario continúe recuperando su poder adquisitivo”, advirtió ayer Hugo Moyano, de cara a la Concertación Social que convocará Cristina Fernández para fijar acuerdos básicos que permitan resolver problemas como el de la inflación y pasar de una etapa de crecimiento a otra de desarrollo económico. Sindicalistas y empresarios están en plan de fijar posición antes de sentarse a esa mesa de diálogo. Precios y salarios son las dos cuestiones más sensibles. “Debemos pensar en postergar beneficios presentes para garantizar beneficios futuros”, definió en diálogo con Página/12 el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, José De Mendiguren. Al próximo gobierno le queda la responsabilidad de administrar la negociación para definir qué cede y qué se lleva cada sector, y que todos lo acepten.

El secretario general de la CGT fue categórico respecto de la expectativa que tienen los sindicatos para participar de ese espacio. “Si hay un acuerdo social se deben tener en cuenta los salarios postergados”, remarcó, en declaraciones radiales. Es una definición que busca neutralizar la pretensión de algunos sectores empresarios de vincular de aquí en más los aumentos de sueldos a la productividad laboral para evitar que se desate una carrera entre precios y salarios. Esa concepción deja de lado la pérdida en la participación del salario en la renta nacional acumulada a lo largo de años.

Aquella máxima de Juan Perón del fifty-fifty, que aludía a una distribución por mitades de la renta entre el capital y el trabajo, todavía está lejos de cumplirse. El último dato oficial del Indec es que los trabajadores se llevan el 41,3 por ciento, contra el 45,1 que retienen las empresas y el 13,6 que logran las explotaciones familiares, en parte empresarios y en parte trabajadores. Son los resultados globales del año 2006. En el peor momento de la crisis de 2002, los asalariados sólo accedían al 34,6 por ciento, 6,7 puntos menos que en la actualidad. Esos números toman en cuenta el total de sectores de la economía, incluido el público. Cuando se excluye a este último sector de la medición, los resultados son mucho más favorables para los empresarios y menos atractivos para los trabajadores. La participación pasa a 51,0 por ciento para las empresas, 33,6 para los trabajadores y 16,3 para las explotaciones familiares.

Moyano se basa en estos datos para refutar lo que se ve venir en la Concertación Social: un pedido para moderar los reclamos de recomposición de haberes. “A muchos nos preocupa el tema de la inflación y eso es una realidad, porque nadie quiere una inflación desmedida, pero no nos olvidemos que cuando no había inflación había pérdida de puestos de trabajo, salarios congelados y endeudamiento del país”, afirmó. Fue en esa etapa durante la cual se profundizó la pérdida de participación de los asalariados, que ahora dice que se debe recuperar. Una pauta que se pondría sobre la mesa para empezar a negociar sería una mejora de sueldos de 2 puntos por arriba de la inflación (ver nota en esta página).

Moyano insistió: “Todavía falta mucho. Hay sectores de trabajadores que no han logrado mejorar sus salarios como corresponde y tenemos la perspectiva de poder lograrlo”. “Hay actividades que recuperaron bastante su poder adquisitivo –siguió–, pero hay algunas con salarios postergados. Si se da ese acuerdo social, habrá que ver todas las variables y ver lo que ocurre en el resto del país, en las provincias y en municipios bonaerenses, donde en muchísimos casos no se paga el mínimo vital y móvil. Y esto tiene que estar garantizado”, completó.

De Mendiguren, de buena relación con Moyano, concedió que los trabajadores deben mejorar su participación en la distribución de la renta, pero propuso establecer algún mecanismo que avance en ese objetivo gradualmente. “Cada sector podría fijar un índice en base al cual ajustar los salarios”, sugirió. “Puede ser el crecimiento en el nivel de actividad, el PIB, la productividad o cualquier otro”, agregó. El concepto es trazar un sendero que otorgue previsibilidad a las empresas y a los trabajadores, para que de esa situación ordenada pueda surgir un aumento significativo del nivel de inversiones. “La productividad les puede servir a algunos y a otros no, porque cómo se mide la productividad de un enfermero. Lo importante es entender que nadie se salva individualmente, que todos aportan para el bien común”, describió.

El dirigente industrial hizo hincapié en el éxito de la fórmula del consenso social en otros países. “Chile tuvo su acuerdo, Holanda el ‘Consenso de los Polders’, Italia el ‘Proyecto País’, España firmó los convenios intersectoriales que derivaron en el ‘Consejo Económico Social’. Hay sobradas experiencias de países que alcanzaron consensos de largo plazo que dieron paso al desarrollo de su economía”, explicó. De Mendiguren destacó que una ventaja de esta oportunidad es que la convocatoria al diálogo social se produce en un período de auge económico, en el cual el objetivo es afianzarlo y proyectarlo, mientras que otros intentos anteriores se hicieron en plena crisis. Los últimos dos ejemplos son los del final del gobierno de Fernando de la Rúa y en la etapa más convulsionada de la gestión de Eduardo Duhalde.

Para la mayoría de las cámaras empresarias, el llamado a la concertación es una oportunidad para recuperar espacios en la escena pública, después de haber perdido influencia a lo largo del gobierno de Néstor Kirchner. También lo visualizan como un lugar en el que podrán discutir algunos aspectos de la política económica. En ese sentido, Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural Argentina, dijo ayer que “el campo espera alguna señal, tiene enormes perspectivas, pero requiere de medidas de mediano y largo plazo que le den previsibilidad”.

El dirigente ruralista expresó su confianza en que habrá “una etapa de diálogo” con el gobierno de Cristina y valoró que en su primer discurso la presidenta electa haya mencionado que se propone “trabajar con todos los sectores”. “En nuestro sector hace falta un debate, una discusión de muchos de nuestros temas”, advirtió. También aprovechó para cargar contra el proyectado incremento de las retenciones a las exportaciones de soja, maíz y trigo. “El aporte del campo fue de 4500 millones de dólares en la última cosecha. Subir las retenciones no tiene sentido, porque lo sentirán las zonas productoras alejadas de la Pampa Húmeda”, reclamó. El espacio de la concertación social sería para el campo, entre otras entidades, un lugar para debatir la política económica.

Para el Gobierno, una cuestión clave es lograr el compromiso de los empresarios de actuar con prudencia hasta tanto empiece a funcionar la mesa de diálogo. Si quisieran aprovechar este momento para generar un colchón de precios, se podría agudizar la tensión inflacionaria y todo el plan podría verse comprometido. Moyano se refirió a la cuestión: “Si tenemos una inflación controlada, puede haber estabilidad” de largo plazo. “Lo que nos haría mucho daño sería una inflación descontrolada o deflación como en la década del ’90”. Para el sindicalista, si “la inflación está controlada, no es tan perjudicial”.