La situación en Pakistán tomó ayer un giro aún más dramático en el tercer día de estado de emergencia, con la violenta represión de manifestaciones de abogados y las redadas contra la oposición. Unas dos mil personas, en su mayoría abogados, magistrados, dirigentes y militantes de los partidos políticos, fueron detenidas o puestas bajo arresto domiciliario desde el sábado. Ante las presiones ejercidas por los magistrados, los partidos de la oposición y la sociedad civil y las de Estados Unidos –su principal benefactor financiero–, el presidente Pervez Musharraf se ha comprometido a mantener las elecciones legislativas a mediados de enero, tal como estaba previsto, o alrededor de esa fecha.

La policía de Pakistán sofocó violentamente ayer con gases lacrimógenos y con bastones las manifestaciones de miles de abogados que salieron a las calles en distintas ciudades del país para denunciar el estado de excepción que rige desde el sábado. Según la oposición, la medida tomada por el gobierno es, en realidad, una ley marcial encubierta. Las principales movilizaciones tuvieron lugar en las ciudades de Karachi, Lahore y Rawalpindi, donde hubo decenas de heridos y detenidos. La población pudo ver las brutales escenas, pese a que se cortó la señal de los canales privados y extranjeros de noticias y que se impide a los periodistas por todos los medios informar de manera objetiva.

Durante la manifestación de Lahore, los abogados agredieron al líder regional del partido de la ex primera ministra Benazir Bhutto, el Partido Popular de Pakistán (PPP), y lo acusaron de haber alcanzado un acuerdo político con Musharraf en octubre, que ahora ha quedado en el limbo. Las protestas obligaron al Tribunal Supremo (TS), por primera vez en la historia de Pakistán, a suspender sus actividades al menos hasta el próximo jueves. El nuevo jefe del Supremo, Abdul Hameed Dogar –que juró su cargo precipitadamente el sábado tras la destitución fulminante del hasta entonces responsable del tribunal, Iftikhar Chaudhry–, dijo que había que “dejar morir” las emociones de los abogados antes de retomar la actividad.

Dogar fue uno de los cuatro magistrados del Supremo que renovó su juramento el pasado sábado, reconociendo así el nuevo orden impuesto por el general. El resto de los miembros del TS y la mayoría de los magistrados de las altas esferas judiciales rechazaron, en cambio, legitimar el estado de excepción y consideraron que el movimiento de Musharraf es una violación a la Constitución.

Chaudhry, que quedó incomunicado el sábado por orden de Musharraf, logró hablar ayer a través de un teléfono móvil con un periodista del diario The News, a quien le declaró que “todo lo que está ocurriendo es ilegal, inconstitucional y viola las ordenanzas del Tribunal Supremo”.

Otros dos ex magistrados del Supremo que están bajo arresto domiciliario lograron contactar con dos canales privados de televisión, ARY TV y Geo TV, y declararon que todavía consideran a Chaudhry el jefe del alto tribunal de Pakistán. Uno de ellos, Rana Bhagwandas, dijo a ARY TV que los magistrados que han aceptado renovar su juramento tras la suspensión de la Constitución deberían ser juzgados por “traición”.

El estado de excepción fue decretado por Musharraf, alegando el aumento de los atentados y las injerencias del Poder Judicial en las prerrogativas gubernamentales para luchar contra los terroristas islámicos. Sin embargo, tanto la oposición como la mayoría de los analistas y de los medios de comunicación paquistaníes están convencidos de que el general Musharraf, al frente de Pakistán desde que dio un golpe de Estado hace ocho años, intenta mantenerse en el poder a toda costa. En su camino le había surgido una amenaza: el Tribunal Supremo, que debía pronunciarse en estos días sobre la validez de su reelección triunfal el pasado 6 de octubre por sufragio indirecto. La promesa del presidente de abandonar la jefatura de las fuerzas armadas y convertirse en un jefe de Estado civil se la llevó el viento.

Musharraf recibió ayer a representantes del cuerpo diplomático extranjero en su residencia oficial para explicarles los motivos que lo llevaron a proclamar el nuevo orden que, a su juicio, ayudará al país a superar los retos que afrontaba “por ciertas decisiones de la judicatura superior”, y que los esfuerzos actuales consistían en buscar la manera de acercarse lo más posible al programa previsto para las elecciones. “Las próximas elecciones legislativas y provinciales tendrán lugar según el programa previsto”, declaró ayer el primer ministro, Shaukat Aziz. Y eso que el domingo todo presagiaba un retraso de al menos un año en el proceso electoral. El giro parece motivado por Washington, proveedor de una ayuda financiera considerable a Pakistán y cuyas autoridades han alzado el tono en consonancia con la comunidad internacional.

Ayer le han vuelto a llover las críticas de la comunidad internacional, en particular de Washington, su principal aliado en su lucha antiterrorista, y de Gran Bretaña, los cuales lo instaron a restablecer lo antes posible el proceso que debía conducir a la celebración de elecciones y a renunciar a su jefatura como comandante de las fuerzas armadas.

Desde la declaración del estado de excepción, la única emisora que emite con normalidad es la estatal, mientras que los canales privados han visto bloqueadas sus transmisiones, lo que ha convertido sus páginas web en la única fuente independiente de noticias. En la capital paquistaní, las fuerzas del ejército y paramilitares continúan desplegadas en varios puntos estratégicos, mientras hay barricadas y puestos de control en las principales calles. Las elecciones por sufragio universal directo para designar el Parlamento debían restablecer la democracia en esta potencia nuclear de 160 millones de habitantes, en su inmensa mayoría de confesión musulmana.