Desde Lima

Buscando un nuevo aire cuando las encuestas reflejan una caída en la aceptación de su gobierno, que según un último sondeo de diciembre del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica es de solamente el 29 por ciento, el presidente Alan García renovó parcialmente su gabinete, cambiando a cuatro ministros y rotando de cargos a otros dos. Los cambios ministeriales, sin embargo, consolidan el acercamiento de García a la derecha y ratifican la continuidad de la política económica neoliberal, causa en el último año de numerosas protestas sociales y huelgas. Sumado a esto, el nuevo gabinete –que continúa presidido por Jorge del Castillo, el dirigente del partido de gobierno que mejor relación tiene con los empresarios– incorpora en el Ministerio de Justicia a la abogada de un empresario vinculado con la corrupción del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, precisamente en momentos en que éste comienza a ser juzgado, y mantiene en su puesto al titular del Interior, Luis Alva, el más impopular de todos los ministros. Es altamente improbable que la reestructuración ministerial planteada en estos términos le otorgue a García el oxígeno que busca.

Las sorpresas fueron la ratificación del cuestionado ministro Luis Alva, un alto dirigente del oficialista partido aprista que ha sido acusado por irregularidades en las licitaciones para comprar patrulleros y armamento para la policía y que fue salvado por los votos fujimoristas de una censura en el Congreso, y la salida del ministro de Defensa, Allan Wagner, un diplomático de carrera muy ligado a García, de quien fue canciller durante su primer gobierno (1985-90), que asumirá la representación del Perú ante la Corte de La Haya en la demanda planteada por un diferendo limítrofe con Chile. Los otros ministros sustituidos fueron los de Salud, Carlos Vallejos, seriamente cuestionado por licitaciones irregulares y por el contagio de pacientes con sida en hospitales públicos por el descuido en transfusiones de sangre; de Justicia, María Zavala, y De la Mujer y Desarrollo Social, Virginia Borra. Han rotado de puestos la ex ministra de Trabajo Susana Pinilla, que pasa a la cartera de la Mujer, y Hernán Garrido Lecca, que se muda de Vivienda y Construcción a Salud.

La designación más cuestionada ha sido la de la nueva ministra de Justicia, Rosario Fernández, quien ha sido abogada del prófugo empresario de televisión Ernesto Schutz, procesado por recibir más de diez millones de dólares en sobornos para apoyar desde su canal de televisión el régimen autoritario de Fujimori. Schutz huyó del Perú en 2001 y se refugió en Buenos Aires, donde permaneció hasta que la Justicia argentina autorizó su extradición luego de un lento proceso que duró tres años. El empresario huyó a Suiza antes de ser extraditado y actualmente vive en ese país amparado en su nacionalidad suiza para evitar su extradición.

El nombramiento de la abogada del prófugo empresario fujimorista Ernesto Schutz en la cartera clave de Justicia coincide con el inicio del juicio a Fujimori, procesado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, y con recientes declaraciones de García a favor de otros personajes ligados al fujimorismo procesados por corrupción. El fujimorista Rafael Rey fue ratificado a la cabeza del Ministerio de la Producción. Rey, miembro del ultraderechista Opus Dei, fue uno de los promotores de la ley de amnistía fujimorista dada en 1995 para favorecer a los integrantes del escuadrón de la muerte Colina, por cuyos crímenes hoy está siendo juzgado Fujimori.

El Ministerio de Defensa ha quedado en manos del conservador Antero Flores Aráoz, ex presidente del derechista Partido Popular Cristiano, principal fuerza política de la alianza de derecha Unidad Nacional (UN) que en 2006 lanzó la candidatura presidencia de Lourdes Flores. Hasta ayer Flores Aráoz se desempeñaba como embajador del Perú ante la OEA, cargo desde el cual apoyó con entusiasmo la cuestionada propuesta de García para reimplantar la pena de muerte y atacó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un fallo en el que condenaba la ejecución de 42 prisioneros del grupo maoísta Sendero Luminoso en una cárcel de Lima en 1992 durante el gobierno de Fujimori. Con la designación del derechista Flores Aráoz salen ganando los sectores más regresivos de las fuerzas armadas, en momentos que varios de sus miembros están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos.

La derechización del gobierno se apuntala con la llegada al Ministerio de Trabajo de Mario Pasco, un abogado laboralista ligado a los sectores empresariales. Se quedan el ministro de Economía, Luis Carranza, un neoliberal de línea dura vinculado con la banca internacional y los tecnócratas de derecha que forman el gabinete. El partido de gobierno ha colocado en el nuevo gabinete como ministro de Vivienda y Construcción al economista Enrique Cornejo, quien fuera jefe del plan de gobierno del partido aprista. El gabinete de García está formado por dirigentes del oficialista partido aprista y políticos y tecnócratas de derecha, varios de ellos con pasado fujimorista, lo que refleja la alianza política que gobierna el país.