El juez de Garantías Guillermo Atencio les negó la eximición de prisión a los piqueteros de la toma del Ministerio de Desarrollo Social, pero las detenciones todavía están en suspenso. La decisión ahora deberá ser evaluada por la Cámara de Apelaciones de La Plata. Mientras no quede firme, la detención continúa técnicamente suspendida desde las 17.30 del miércoles. Eso no evitó, sin embargo, que durante el día de ayer se dijera que los piqueteros estaban prófugos y no a la espera de la resolución de la Justicia y que se hicieran operativos para encontrarlos. Las órdenes fueron dictadas para 49 personas y no para 47, como se dijo originalmente, porque al defensor –explicó– le habían pasado dos nombres menos.

Atencio ordenó las primeras detenciones por cinco delitos: intimidación pública agravada, coacción agravada por la participación de menores, lesiones graves, daño calificado y portación de arma de guerra. Horas antes, la misma fiscal que el lunes los había liberado pidió la detención pero con una carátula menor. Ana Medina atribuyó la responsabilidad a un dirigente y consideró al resto como partícipes. Esa situación hubiese permitido la excarcelación de la mayoría.

“Estamos analizando la calificación de las conductas”, dice en este caso Uriel Richardelli, defensor oficial de los piqueteros. “Porque no sería acorde con lo que sucedió; si hay lesiones graves a una persona no podemos decir que los autores sean los 49, por eso vamos a ver la causa, mal rotulada porque las conductas penales se analizan individualmente.”

La Cámara de Apelaciones, en tanto, debe revisar la eximición. Con esa medida, la defensa logró un efecto suspensivo de la prisión, pedida por el gobernador bonaerense Daniel Scioli. Ayer se oyó también al jefe de ministros de la provincia, Alberto Pérez, para quien “tiene que estar toda la fuerza de la ley para castigar a los que entraron a un edificio público con bombas molotov, con armas y violencia”.

El MP 29 de Mayo se reconoce kirchnerista. Dicen que hicieron la toma porque hace dos meses les cortaron los fondos para las cooperativas y los programas sociales que llevaban adelante, un reclamo que comparten las organizaciones que se reunieron el miércoles en el Bauen. Aun así, no queda claro por qué tomaron el ministerio a seis días de la asunción de Daniel Arroyo como jefe del área, que además fue el segundo de Alicia Kirchner y con el que habían empezado un diálogo. La situación quedó en un terreno confuso, por lo que ahora a los piqueteros les resulta difícil conseguir abogados de un lado o de otro.

Para la abogada Guadalupe Godoy, una de las pocas que aceptaron representarlos, “lo que sí queda claro es cómo se va a tratar el conflicto social y la forma en la que piensan condicionar a la Justicia en la provincia de Buenos Aires”.