Con “el Diablo” como presidente del tribunal –así se conoce en el mundo de la Justicia catalana al juez Jesús Barrientos, por su dureza–, hoy termina el juicio a Juan Manuel Pintos Garrido, el español nacido en Buenos Aires acusado de instigar al apedreo de un guardia urbano barcelonés en medio de una reyerta entre esa fuerza municipal y un grupo de jóvenes. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Horacio Tamburini, de la CTA, dos de los argentinos que participan como observadores en el juicio, denunciaron que la fiscal “atosiga a los acusados (dos jóvenes chilenos y el argentino)”, el presidente del tribunal “no permite que la defensa pregunte a los testigos sobre hipótesis contrarias a la oficial (que dice que una piedra arrojada por uno de los chilenos dejó al urbano en coma)”, y que los forenses aportados por el juzgado “se limitan a leer los informes médicos entregados por la Guardia Urbana”. Por su parte, los vecinos de la calle San Pere més Baix 55, testigos de los incidentes, aseguraron que “lo único que se vio fue urbanos reprimiendo”.

“Como observadora, y con base en mi experiencia, no hay motivos para que Juan ni los chicos chilenos queden presos”, sentenció Cortiñas, en diálogo con Página/12 desde Barcelona. Sin embargo, le resulta “extraño” que la misma Justicia que juzgó a los genocidas de Latinoamérica “deje la puerta abierta para dudar de si serán dejados en libertad” tras dos años de prisión. Esa “duda” surge de una “discriminación presente en este proceso desde el comienzo, porque los otros seis acusados de participar en los incidentes, todos europeos, fueron liberados a los pocos días, mientras que nuestros chicos fueron golpeados y torturados durante su detención”, apuntó Cortiñas.

En el mismo sentido se expresó Tamburini, que además de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de CTA es médico: “Los peritos forenses que aportó el juzgado en este juicio demostraron una ignorancia increíble. Se limitaron a leer el informe médico de la policía, que contradice el cuerpo de conocimiento de la medicina forense y legal”, analizó para Página/12. En ese informe figura que el guardia urbano –de 39 años, casado y con cuatro hijos, que desde entonces permanece en coma vegetativo– recibió un golpe en la frente por una piedra de 5 por 8 centímetros, arrojada por el chileno Rodrigo Lanza, mientras que su compatriota Alex Cisternas tiraba otras y Juan Pintos los alentaba. “Se basaron en que el cerebro tenía una herida en su parte anterior, cuando en golpes de ese tipo lo importante es el contragolpe.” Para explicarlo, Tamburini ilustra: la lesión en el lóbulo frontal del cerebro se produce cuando el golpe proviene desde atrás. “Parece que estos peritos no aprobaron la asignatura”, ironizó.

La acusación fue rebatida punto por punto por los peritos aportados por la defensa de los acusados, titulares de cátedras en la carrera de Medicina Forense de la Universidad de Barcelona. Pero ese no fue sino otro de los puntos que, desde el lunes hasta ayer, discutieron la acusación. El miércoles, hubo fuertes contradicciones entre efectivos de la Guardia Urbana: “Algunos declararon que el guardia herido era uno de los que caminaba adelante de la columna policial y que ellos los acompañaban en la misma línea, mientras que otros dijeron que iban más atrás. De haber sido así, ¿cómo alcanzaron a ver la supuesta agresión?”, inquirió Tamburini. De hecho, ese mismo día se incluyó como prueba un video casero filmado por un vecino de la calle San Pere més Baix, que muestra desde las alturas el conflicto y en el que se escucha “No vayan hacia la casa okupa porque están tirando objetos”, en la voz de un guardia que aconseja a sus pares. Otro punto que discute la acusación contra los imputados, que estaban afuera.

Otros vecinos incorporados como testigos habían asegurado el martes que “lo único que se veía era cómo la Guardia Urbana reprimía y golpeaba y objetos que volaban desde dentro” del local. Ni Juan ni Alex ni Rodrigo alcanzaron nunca a ingresar a la fiesta. Simplemente porque no iban a ella. “Pasaron caminando y se convirtieron en la válvula de escape de un episodio en el que hay responsabilidades políticas y policiales muy fuertes”, consideró María Inés Garrido, madre de Juan, ante Página/12.

Garrido agregó que durante las declaraciones de los guardias testigos, aquellos que terminaban con su exposición frente al tribunal “se juntaban en un cuarto contiguo a la sala con los que debían declarar después”, lo que fue considerado por Tamburini como “un hecho que de por sí invalidaría el juicio”. Agregado esto a que “el presidente del tribunal no admitió ninguna pregunta que contrastara con la acusación formal”, según Tamburini, pareciera que, efectivamente, el Diablo metió la cola.

Informe: Luis Paz.