El nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, supo venderse en campaña como el heredero de la política de mano dura de Alvaro Uribe. Pero más allá de lo que ya anunció, esa lucha a muerte contra la guerrilla iniciada por el saliente presidente, una estratégica alianza con Estados Unidos y el gobierno de unidad nacional que está convocando, el país espera que en los próximos cuatro años algo cambie en la forma de hacer justicia. Cómo transforme el sistema judicial y a favor de quién, y qué papel jugará en el juzgamiento de sus congresistas y los militares investigados por crímenes cometidos cuando era ministro de Defensa, está por verse a partir del 7 de agosto cuando Santos tome las riendas del país.

Se dice que el sistema de Justicia es una de las piedras en el zapato en la lucha contra las mafias y la corrupción, y los expertos señalan que es necesario mejorarlo para que los delincuentes capturados sean finalmente condenados y cumplan sus penas en vez de salir impunes de los procesos, escaparse de las cárceles fácilmente o pagar las condenas en sus domicilios como se ve en la actualidad. En Colombia, donde se vive en conflicto armado hace más de 40 años, los niveles de criminalidad e impunidad son bastante altos. Por cada cien homicidios, apenas hay un juez para adelantar investigaciones, y la tasa de medidas de aseguramiento es una de las más bajas de la región. Ahora están en curso procesos que develarán las culpabilidades del saliente gobierno en escándalos que incluyen crímenes de lesa humanidad.

El que llega es un gobierno con responsabilidades políticas y morales aún por enfrentar en temas como asesinatos a campesinos por parte del ejército para mostrarlos como muertos en combate de la guerrilla, obtener beneficios e inflar las estadísticas de éxito en la guerra contra los rebeldes. Juan Manuel Santos fue el ministro de Defensa, es decir el encargado de la fuerza pública que incluye al ejército, durante los meses que se ejecutaron los crímenes. Durante sus días de aspirante a presidente, al respecto sólo dijo que todo pasó a sus espaldas, sin reconocer compromiso suyo.

En el caso de los congresistas del Partido de la U, que llevó a Santos a ser candidato y hoy presidente electo, el nuevo jefe de estado tendrá un papel fundamental. Unos sesenta senadores y representantes están presos y siendo investigados por vínculos con paramilitares y mafiosos, y durante la entrante presidencia estos implicados estarán cumpliendo penas o recibiendo condenas. Si salen bien librados o no, no será responsabilidad exclusiva de Santos, porque hoy por hoy la Justicia no depende del Poder Ejecutivo. El Legislativo y el Judicial son ramas que, según la Constitución Política, deben guardar su independencia. Pero si se realiza la promesa del nuevo presidente de que él mismo elija al fiscal de la nación, las cosas podrán ser diferentes. Su propuesta es considerada “una barbaridad” por las agremiaciones de jueces del país.

Desde hace seis meses, Colombia tiene un encargado en la Fiscalía, y la Corte Suprema de Justicia no consigue designar un fiscal en propiedad entre la terna que le entregó Bogotá. A propósito, Santos dijo que “el presidente como responsable de la política criminal” debe ser quien elija al fiscal, y además, que a los ministros no los investigará la Fiscalía sino la Corte. “Esto quiere decir, ni más mi menos, que el fiscal taparía, taparía y taparía los hechos que generaron impunidad durante este gobierno”, afirmó el ex candidato presidencial Rafael Pardo frente a la entonces propuesta de campaña de Santos que gracias a las votaciones de ayer está cerca de ser una realidad.

Además, la relación del Palacio de Nariño con las cortes que rigen la Justicia son tensas y conflictivas. Los magistrados se quejan de la interferencia de Uribe en sus tareas, y organismos internacionales le solicitan pública y reiteradamente que permita obrar a la Justicia. Durante este gobierno el organismo de inteligencia persiguió de manera ilegal mediante espionaje y escuchas telefónicas a los magistrados de las cortes que llevan los casos contra los aliados de Uribe, como la parapolítica y el proceso que confirmó que el saliente mandatario compró votos en el Congreso para reelegirse en 2006. En temporada electoral, Santos envió el mensaje de que hay mitigar las tensiones con las cortes durante su gobierno. Pero, dado que la policía al mando de Santos también los espió recientemente, la desconfianza es alta para el próximo gobierno.

En cuanto a la justicia para los militares, la postura del presidente de la U es que los oficiales y suboficiales investigados deben tener más garantías. “El fuero militar ha venido siendo vulnerado”, afirmó a pocos días de las votaciones. Hace dos semanas, el general Alfonso Plazas Vega fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición forzada de civiles en la toma armada de la desaparecida guerrilla M19 al Palacio de Justicia. Uribe opinó que la condena “da tristeza”, provocando el rechazo de los gremios judiciales y los defensores de derechos humanos. Indirectamente, Santos se sumó al comentario de Uribe prometiendo que en su gobierno los militares volverán a ser juzgados por ellos mismos y no por autoridades civiles como la Procuraduría o la Fiscalía.

Qué pasará con los jefes paramilitares que Estados Unidos pide en extradición y la Corte se niega a enviar, así como con los desmovilizados de las Autodefensas que pagan sólo ocho años de cárcel por delitos como secuestro, desaparición y terrorismo, es otro de los episodios de la Justicia que quedan en manos de Santos tras las votaciones de ayer.