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En Colombia gana quien mejor vende una imagen de duro. Un duro como Juan Manuel Santos, que se hizo propaganda con el rescate a la rehén más famosa, Ingrid Betancourt, y con el ataque al campamento de las FARC en suelo ecuatoriano. En el afán de acabar con la guerrilla, el ex ministro de Defensa de Uribe no tuvo en cuenta a las víctimas del conflicto. Para Santos, va este breve recordatorio.

Las principales víctimas son los desplazados, los muertos por la violencia y los desaparecidos. En 2009 hubo más de 286.000 nuevos desplazados según la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Los campesinos y los pueblos indígenas fueron las comunidades más afectadas. Carlos Ríos, miembro de la Cruz Roja en Colombia, se refirió a este fenómeno. “El desplazamiento tomó una nueva proyección en los últimos años. Bajó el traslado masivo y aumentó el desplazamiento individual hacia centros urbanos debido a los enfrentamientos entre el ejército y la insurgencia. A nivel nacional nosotros registramos unas 50.000 víctimas.”

En base a informes, la Fiscalía General de la Nación sigue investigando alrededor de 20.000 desapariciones forzadas. Serían 40 mil las personas desaparecidas en los últimos 15 años, entre ellos sindicalistas, líderes políticos y trabajadores rurales. Tan sólo el número de ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del Ejército, “los falsos positivos”, asciende a 2000. Al mando del ministro Santos, los militares ejecutaron a decenas de civiles para hacerlos pasar como bajas guerrilleras.

A todo esto se suma un asunto inacabado: el paramilitarismo. El proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) está fracasando, según Human Rights Watch y los ex jefes paras extraditados a Estados Unidos. El paramilitarismo se rearmó en bandas emergentes.

El gobierno de Alvaro Uribe no se ocupó de la crisis humanitaria. Ejemplo de ello es que se negó a apoyar un proyecto de ley, conocido como Ley de Víctimas, encaminado a proporcionar reparación de manera no discriminatoria, es decir, con independencia de que el perpetrador fuera un agente del Estado o no. El Congreso rechazó el proyecto en junio.

A la luz de los resultados de ayer, una mayoría de los colombianos votó por la continuidad de la doctrina Uribe de la seguridad democrática. ¿Y los desplazados, los muertos y los desaparecidos? Pregúntele a Santos.

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