A un mes de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a más de 80 organizaciones de distintos países del mundo, señaló que acompaña el reclamo de los familiares de las víctimas y de los organismos de derechos humanos aztecas, exigiendo una búsqueda en vida de los jóvenes. “Exhortamos al Estado mexicano a investigar y sancionar estos crímenes, incluyendo la determinación de todas las responsabilidades políticas”, señaló el comunicado. Aseguró, además, que este terrible hecho deja en claro una vez más el costo social de la llamada “guerra contra las drogas” en México y de una política de seguridad fallida, que ha generado más violencia y corrupción estatal.