La Justicia de Brasil decretó un alto el fuego en la feroz lucha por la destitución de Dilma Rousseff al suspender por una semana el inicio del proceso, pero la maniobra alarga el trámite y puede desgastar aún más a la mandataria. El poderoso partido PMDB, supuestamente aliado al gobierno, se había sumado a una lista opositora que conquistó por voto secreto 39 de los 65 cargos en una comisión de diputados que propondrá al plenario archivar o proseguir el juicio político de Dilma. Ante el traspié, los oficialistas recurrieron a la justicia alegando que la elección fue hecha ilegalmente en voto secreto. Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) admitió el recurso y suspendió hasta el día 16 la marcha del impeachment para estudiarlo y pronunciarse. La forma de la elección había impuesta por el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, también del PMDB y acérrimo enemigo de Rousseff. El oficialismo alega que el voto secreto va en contra de normas de la Cámara y de normas constitucionales. En el campo opositor, en tanto, se alega que el voto secreto es reglamentario y se aplica habitualmente en ese tipo de votación. De todas formas para que el juicio comience y Rousseff sea separada del cargo, la oposición necesita 342 votos en el plenario de la Cámara baja (dos tercios). Al oficialismo le alcanzan 172 para bloquearlo.